CSEP es financiado por el Fondo para la Unión Europea de la Energía y ejecutado por la Organización de los Estados Americanos, con el objetivo de facilitar la adopción de políticas y uso de energías renovables en las islas.
Las islas del Caribe tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles. Los gobiernos están concienciados de que es necesario un cambio a un modelo energético más sostenible, pues la dependencia y la variabilidad del precio de la energía empobrece a la población y crea graves problemas medioambientales de contaminación y deforestación, dado que muchas islas utilizan la madera como combustible, sin establecer un uso sostenible de este recurso.
Las nuevas tecnologías renovables como la solar fotovoltaica o la eólica es la gran esperanza para el futuro sostenible. Las islas caribeñas están dando grandes pasos hacia este nuevo cambio de modelo energético. Los países de la región están buscando modernizar sus políticas y establecer regulaciones y metas que permitan el cambio al nuevo modelo energético.
Esta es la base de actuación del Programa de Energía Sostenible en el Caribe, que comenzó su andadura en el 2008, cuando recibió fondos de la Iniciativa de Energía de la Unión Europea. CSEP es implementado conjuntamente por el (CARICOM) Secretaría de la Comunidad del Caribe, el Caribe Energy Utility Services Corporation (CARILEC) y la Energía Renovable y Eficiencia Energética (REEEP), en estrecha colaboración con varias agencias del Caribe, tales como la Organización de Estados del Caribe Oriental Unidos (OECS) de la Secretaría y el Programa de Energía Renovable del Caribe para el Desarrollo (CREDP), que recibe el apoyo financiero del Gobierno de Alemania.
El Programa se está implementando principalmente en los llamados Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), entre los que se encuentran Antigua y Barbuda, Dominica, Bahamas, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas. Las islas del Caribe y principalmente estos pequeños estados son muy vulnerables a los impactos económicos y medioambientales derivados de la dependencia energética y uso de combustibles fósiles.
La prioridad es del programa es superar las barreras del mercado a las energías renovables (ER) y eficiencia energética (EE), así como atraer inversiones y financiación para proyectos de energía limpia. Para ello, uno de los primeros pasos es crear un marco jurídico más estable y adoptar políticas, planes y normas que promueve la energía sostenible y la capacidad de los gobiernos para implementarlos. Por otro lado hay que facilitar el acceso de los inversores a la financiación de proyectos de energía renovable, así como cambiar la percepción y la cultura energética de la población, impulsar la capacitación de los funcionarios nacionales, la educación y las iniciativas de sensibilización.
Las instituciones son las que deben dar los primeros pasos, y adoptar medidas de eficiencia energética, por ello los primeros proyectos piloto son adoptados por la administración pública, como en el caso de San Vicente y Granadinas. El objetivo de este proyecto piloto fue mostrar la aplicabilidad de la generación de electricidad fotovoltaica con conexión a red mediante el establecimiento de un sistema de generación fotovoltaica piloto en la principal edificio administrativo del gobierno, lo que demuestra-la medición neta y la contribución de los productores de energía renovable a pequeña escala a la red principal. Estos ejemplos son reproducidos en varias islas caribeñas a fin dar comienzo a un modelo energético sostenible.
El caso de arbitraje entre RWE y España, que se inició en diciembre de 2014, ha sido objeto de atención internacional. La sentencia original, publicada en 2019, impuso a España el pago de 28 millones de euros en compensación por cambios legislativos
Los proyectos de capacitación podrán estar dirigidos a personas desempleadas, trabajadoras y emprendedoras.
