SueloSolar
4-2-2014
Carlos Mateu
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Los 579 estándares previstos por el Ministerio suponen mermas de hasta el 40 % de los ingresos de la fotovoltaica.

El colectivo de los productores fotovoltaicos soporta refinanciaciones insostenibles para las unidades familiares, con tipos de interés que llegan a superar el 7 %.


ANPIER, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ha convocado esta mañana a sus socios en Asamblea General, tras conocer el texto de la nueva Orden Ministerial que regulará los ingresos futuros del sector fotovoltaico español y que supone nuevos recortes de hasta el 40 % de los ingresos.

La Asamblea General de Anpier, que se celebrará en Madrid el próximo día 22 de febrero, se ha convocado de urgencia para que la masa social de Anpier, 4.700 socios, pueda analizar las consecuencias del impacto de este último recorte y decidir las acciones a emprender.

Las 55.000 familias productoras españolas han sido obligadas a asumir sucesivos recortes anuales millonarios desde que, en el año 2007, el Estado publicará un BOE en el que se impulsaba este tipo de inversiones para el desarrollo y producción de energía solar fotovoltaica. Este colectivo ha invertido en su conjunto 20.000 millones de Euros, de los que todavía adeuda a la banca 18.000 millones, avalados en la mayoría de los casos por los hogares familiares de los afectados.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha manifestado que la Orden Ministerial "nos avoca a realizar esfuerzos extraordinarios que en muchos casos no van a poder ser asumidos por los pequeños productores que, para evitar la pérdida de plantas y hogares, se sometieron a refinanciaciones que llegan a superar el 7 % de interés. El colectivo es consciente de la necesidad de ajustes y sacrificios, pero la última línea de soporte se superó con el impuesto del 7% a la producción que, unido a las sucesivas mermas en las retribuciones y a las crecientes cargas financieras, volatilizaron las promesas de rentabilidad ofrecidas por el Estado".

La situación es más grave si tenemos en cuenta que el 90% de la potencia de energía fotovoltaica española está ubicada en entornos rurales, lo que estaba contribuyendo a generar empleo y riqueza en zonas desfavorecidas y con escasas opciones laborales; puesto que este tipo de generación, además de ser limpia, renovable y sostenible, fija población en estos entornos, en línea con el primer objetivo de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, que pretende mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la preservación de actividades competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con la incorporación de nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible.

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