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ANPIER reclama al gobierno un referéndum consultivo sobre el modelo energético que quieren los españoles.

27-1-14
Carlos Mateu
4340 Lectores
ANPIER reclama al gobierno un referéndum consultivo sobre el modelo energético que quieren los españoles.
El país con más potencial renovable de Europa no debe mantener su apuesta por tecnologías contaminantes o peligrosas. Las empresas nucleares deberían internalizar todos los costes y asumir un seguro de responsabilidad mucho más elevado.

Anpier, la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, exige al Gobierno que celebre un referéndum consultivo sobre el modelo energético que desean los españoles y abandone el neodespotismo ilustrado energético que le ha llevado a imponer unilateralmente una política energética sin consenso social, político ni territorial.

Anpier considera que la Energía, como recurso esencia para el desarrollo y el bienestar de la sociedad, ha de regularse bajo dos premisas esenciales: responsabilidad y diálogo. Sin embargo, a pesar de que España es el país de la Unión Europea con mayor potencial renovable y con infraestructuras nucleares obsoletas, el Gobierno se plantea prolongar la vida útil de estas instalaciones, de las que se lucran tres empresas privadas, sin considerar la voluntad popular, expresada, por ejemplo, en los datos del Eurobarómetro, que constata que el 81% de los españoles reclama un nuevo modelo energético basado en el uso de energías renovables.     

Los megavatios que produce anualmente la central de Garoña podrían generarse con una superficie equivalente al Aeropuerto de Barajas en paneles fotovoltaicos, que aportaría una energía sostenible, limpia y segura, que supondría, además, la creación de 2.146 puestos de trabajo. La fotovoltaica es capaz de generar a 50 €/Mw, mientras que la nuclear superaría los 100 €/Mw si sus empresas productoras internalizarán totalmente todos los costes: en especial los derivados del mantenimiento durante siglos de los residuos radioactivos, incluidas las construcciones de infraestructuras civiles necesarias, como las cuantías en concepto de responsabilidad civil capaces de afrontar las consecuencias materiales reales de una verdadera catástrofe nuclear, como la vivida en Fukushima, que motivo el proceso de desmantelamiento de la producción nuclear en Alemania, que ha decidido blindar la salud, la seguridad y la soberanía energética de los alemanas a través de fuentes renovables.

Anpier, estima que las nucleares españolas ya existentes deberían cerrar al concluir el periodo actual asignado y someterse, igual que se pretende con las renovables, a criterios de rentabilidad razonable, es decir a la percepción de un 7,5% de rentabilidad sobre la inversión realizada y para toda la vida útil del proyecto; puesto que carece de lógica alguna que empresas privadas se lucren de estas obsoletas instalaciones, que suponen un elevado riesgo potencial para la población española, y que la ciudadanía expuesta a los peligros no se beneficie si quiera de las sobre retribución que éstas plantas perciben y que engrosan de manera notable el déficit de tarifa, tal y como ha destacado la propia Comisión Europea.

Por otra parte, las grandes compañías eléctricas españolas han recibido más de 4.000 millones de Euros por la denominada “moratoria nuclear” lo que supone, aproximadamente, un 17 % del déficit de tarifa acumulado que adeudan los españoles, y todavía se entrega anualmente decenas de millones de Euros (50 millones en 2012 y 317 más que se abonarán en los próximos 6 años) para que no desarrollaran nuevas instalaciones nucleares, cuestión que resulta contradictoria si, como está ocurriendo, se prolonga la vida útil de las ya existentes; puesto que mejor hubiera sido contar con plantas más modernas para poder clausurar las que ahora operan a pesar de sobrepasar la vida útil para las que fueron diseñadas.

Este extremo confirma la declaración de Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Industria y Energía desde 1993 hasta 1996, que afirmó: "Es conocido que en pleno proceso de transición a la democracia el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constadas de la demanda eléctrica en España" (publicado en Cuadernos de Energía, en su nº 21 [19/06/2008] editado por el Club Español de la Energía).

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