La CNMC avala un nuevo marco para las renovables que se articula sobre conceptos abstractos que condenan a los pequeños productores.

15-1-14
Carlos Mateu
4519 Lectores
Los conceptos de 'Ingresos estándar', 'precio medio estimado' y 'empresa bien gestionada' en la fotovoltaica benefician a los especuladores y expulsarán a los particulares del sistema.
La CNMC avala un nuevo marco para las renovables que se articula sobre conceptos abstractos que condenan a los pequeños productores.

La CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha valorado favorablemente que los incentivos económicos a la producción a partir de fuentes de energía renovables se adecuen a parámetros de "eficacia y eficiencia" y no pone objeción alguna a que dichos parámetros se articulen sobre conceptos tan abstractos como: "Ingresos estándar", "precio medio estimado" y "empresa bien gestionada"

El macroregulador afirma que "es necesario compatibilizar el mantenimiento de los incentivos que reconocen los méritos medioambientales y socio-económicos de estas formas de producción de energía eléctrica con el sostenimiento económico del sistema" y de esta manera valida un Real Decreto idéntico al que la desaparecida Comisión Nacional de la Energía desaconsejó poco antes de su extinción, puesto que consideraba legitimados los apoyos que recibían las tecnologías renovables y, además, advirtió de que los productores se enfrentarían a balances negativos en su actividad.

Anpier considera sorprendente que al nuevo regulador le parezca tan adecuado lo que hace unos días resultaba tan inoportuno para la Comisión Nacional de la Energía y alerta sobre las consecuencias que tendrá para las 55.000 familias productoras de energía solar fotovoltaica que, bajo la promesa del Estado de unos retornos ciertos, invirtieron todos sus ahorros con sus hogares como garantía para desarrollar y producir energías limpias y, ahora, se les quiere expulsar del Sistema eléctrico con un nuevo marco legal retroactivo, que se articula sobre conceptos abstractos que vulneran claramente el principio de seguridad jurídica, tanto desde el prisma de nuestra Jurisprudencia  Constitucional como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ningún ente jurídico ajeno al Gobierno puedo poner en cuestión la clara agresión a la confianza legítima y a la irretroactividad que establece artículo 9.3 de la Constitución Española.
 
El principal cambio que introduce la norma es que las retribuciones se definirán teniendo en cuenta unos "estándares" de los costes de inversión de acuerdo con la potencia instalada, en lugar de ser proporcional a la energía producida, como ocurría hasta la fecha. Anpier alerta de que los grandes especuladores ajenos al sector serán los beneficiados por este nuevo marco normativo; mientras que los pequeños productores, las 55.000 familias que han pagado a toda la escala de valor -banca, fabricantes e instaladores, fundamentalmente-, serán expulsados del sistema, puesto que sus rentabilidades serán, como es evidente, ínfimas o negativas y, por lo tanto, se les podría considerar "empresas mal gestionadas", lo que supone en la práctica premiar a los que especulan con la generación fotovoltaica y arruinar a la que destinaron sus ahorros familiares a una inversión ética a cambio de unas rentas limitadas.

Según las últimas previsiones de la CNMC, se estima que las primas del régimen especial representan alrededor del 45% de los costes de acceso previsto para el ejercicio, pero no pone en valor ni da igual publicidad a que el Sector de las Energías Renovables produjo, en 2012, unos beneficios en la economía españolas (ahorro en importaciones, ahorro por reducción de emisiones CO2 y ahorros por reducción del precio del pool) superiores a los 6.500 millones de euros, 600 millones más que las primas recibidas durante el mismo año. Lo que demuestra que las energías renovables no sólo no son las causantes del déficit de tarifa sino que éste hubiera sido mayor en el caso de no contar con los ahorros que las energías renovables producen en el sistema eléctrico.

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