SueloSolar
18-12-2013
Carlos Mateu
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¿Qué pretende lograr la proposición no de Ley relativa a la lucha contra la pobreza energética?

El Diputado Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, aboga en el Congreso de los Diputados por ayudar a los ciudadanos más desfavorecidos a cubrir sus demandas y necesidades energéticas mínimas e indispensables.


En primer lugar, y a modo de introducción hemos de denunciar que la Pobreza Energética, nace, crece y se desarrolla en un País, por la errática Política energética consagrada y defendida por sus mandatarios.

Los poderes público-fácticos, por su nula formación o preparación, son incapaces de que los ciudadanos disfruten de una digna calidad de vida. En el caso español, prefieren aprovechar el tiempo que dura su cargo en hacer favores al Oligopolio Eléctrico para luego asegurarse un cargo en sus Consejos de administración.

En uno de los apartados del Informe de la CNE de 131 páginas titulado de las Medidas para garantizar la sostenibilidad económico-financiera del sistema eléctrico, titulado "de las Causas del déficit del sistema eléctrico: déficit ex post y déficit ex ante", nos ha sorprendido y alegrado comprobar que no menciona a las renovables como las culpables del déficit de tarifa.

Recordemos que los Gobiernos socialista y popular se han esforzado por culpablizar a las renovables de un supuesto e imprevisto déficit tarifario con normas retroactivas que han suprimido las horas de funcionamiento de las plantas fotovoltaicas, sus años de producción, y hasta incluso han paralizado la promoción de nuevas plantas fotovoltaicas.

La CNE ha reconocido en múlltiples ocasiones que el déficit de tarifa es imputable a las inflaccionistas subastas de la CESUR, las ayudas del carbón, la moratoria nuclear, etc... pero en ningún modo por culpa de las renovables. Las renovables SÍ son capaces de solucionar el grave problema de la pobreza energética del País pero a los enriquecidos UNESA y Gobierno no le interesa...

Centrandonos en el tema que nos ocupa hemos de señalar que el Grupo Parlamentario Socialista, presentó en el Congreso de los Diputados a mediados del mes de julio de 2013 una Proposición no de Ley relativa a la lucha contra la pobreza energética, para su debate en Pleno.

Según la exposición de motivos de este Borrador normativo, en España una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de la pobreza, de los cuales dos millones son menores de edad. Una realidad insoportable, que puede ser calificada sin dudar de emergencia nacional y que exige la implicación de todas las fuerzas políticas, instituciones y agentes sociales.

El Partido Socialista ha propuesto un gran compromiso contra la pobreza y la exclusión en España cuyo objetivo es poner fin a esta dramática realidad, y a la que aspira a convocar al conjunto de poderes públicos (estatal, regionales y locales) y las organizaciones sociales agrupadas en torno al llamado Tercer Sector.

La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de sus viviendas. Aunque pueda parecer un término ajeno a sociedades desarrolladas, por desgracia la pobreza energética es un problema cada vez más presente en sociedades como la nuestra. En 2010, España contaba con un 10 % de la población que sufría pobreza energética; cifra que, con toda probabilidad, habrá aumentado desde entonces dado el agravamiento de la crisis económica, tal y como han denunciado organizaciones como Cruz Roja y Caritas, alertando sobre el alarmante ascenso de la pobreza energética en el país. El fenómeno de la pobreza energética se sufre tanto en las ciudades como en el mundo rural.

Diversos estudios señalan como fuentes de la pobreza energética:
- los ingresos familiares,
- los costes de las energías fósiles cada vez más elevados y
- la eficiencia o ineficiencia energética de la vivienda.

Sin duda, la crisis económica ha reducido la renta familiar para hacer frente a los gastos más elementales como la luz y la calefacción del hogar. Junto a la crisis, el deficiente sistema energético español provoca que los españoles paguen por el consumo doméstico de electricidad un 28 % más de coste del kilovatio hora que la media europea. Con todo, existen problemas estructurales que afectan decisivamente al alza de los precios energéticos, el principal, el cambio climático y la dependencia energética de España (el 78 % de nuestras fuentes energéticas, en su mayoría combustibles fósiles, provienen de países extranjeros).

Finalmente, el hecho de que un porcentaje importante del parque español de viviendas sea ineficiente desde el punto de vista energético, agudiza el riesgo de pobreza energética, más aún, insistimos, en un contexto como el actual de crisis económica y alto desempleo.

Por último, España ha transpuesto, mediante el Real Decreto-ley 12/2012, de 20 de marzo, las Directivas europeas 2009/72/CE y 2009/73/CE, del mercado interior de electricidad y gas, en las que Unión Europea plantea, precisamente, desarrollar una política energética, bajo, entre otras cosas, el enfoque de la pobreza energética. No obstante, esta transposición no puede decirse que se haya realizado de forma completa.

Por todo ello, es necesario que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a:

1. La transposición, íntegra y adecuada de las Directivas 2009/73/CE y 2009/72/CE, del mercado interior de electricidad y gas, incorporando el combate contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española.

2. Contemplar una partida presupuestaria específica, suficientemente dotada, para combatir la pobreza energética en España.

3. Aprobar, en el plazo de tres meses, una Estrategia para la erradicación de la pobreza energética, en la que involucre a las empresas energéticas, con medidas a desarrollar tanto en la ciudad como en el mundo rural, y, entre otras, las siguientes:

- Revisar la actual y nociva política energética del Ejecutivo impulsando el sector de las energías renovables;

- Priorizar la rehabilitación y eficiencia energética de los hogares;

- Incorporar criterios de pobreza energética en la revisión del sistema de déficit de la tarifa eléctrica, que se viene traduciendo en aumentos de la factura eléctrica de los hogares;

- Mantener el bono social en el medio plazo, y extenderlo a otro tipo de energía doméstica como el gas natural y el gas embotellado (butano);

- Y, finalmente, articular medidas tendentes a mejorar la capacidad de pago de los hogares afectados por la pobreza energética en las épocas de frío y calor intenso, cuando más lo necesitan. En esta Estrategia el Gobierno deberá involucrarse a las empresas energéticas."

Posteriormente, en el mes de septiembre el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUA, CHA: La Izquierda Plural presentó otra Proposición no de Ley sobre pobreza energética, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Este Grupo Parlamentario denuncia que España vive hoy una situación de emergencia social, por el aumento del paro, que se sitúa en el 26 %, de las desigualdades y de la pobreza. El 26,8 % de los españoles viven con rentas inferiores al lindar de la pobreza (AROPE) y en el 2012 hubo 600.000 familias sin ningún ingreso.

En estos momentos cualquiera puede caer en el pozo de la pobreza. Hay nuevos perfiles de pobreza, personas que nunca habían imaginado ser pobres y que de repente se quedan sin trabajo, después pierden la prestación, no pueden pagar la hipoteca y pierden o han perdido su casa. Con el tiempo, lo que era un problema de origen laboral acaba siendo un problema de paro de larga duración que se cronifica y acaba siendo un problema social.

Esta crisis económica unida al encarecimiento de los precios en los suministros, de hasta un 70 % desde el 2006 en el caso de la luz, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las clases sociales más vulnerables.

Primero se paga el piso. Después la alimentación. Más adelante, si es posible, se cubren los recibos de la luz, el agua y el gas. La correlación de pagos es casi siempre idéntica entre las personas que llegan justas a final de mes. Pero muchos de ellos cada vez tienen más dificultades para cubrir el último tramo y crece con fuerza la pobreza energética: las dificultades para cubrir necesidades básicas de energía. Los cortes de suministro y la vuelta a la bombona de butano son otra dramática consecuencia de la crisis.

Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes que no pagan y por tanto se ven afectados por cortes de suministro.

Lo cierto, no obstante, es que a los servicios sociales llegan cada vez más casos de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las ayudas destinadas a urgencia social y concretamente las referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan obteniendo beneficios millonarios, que llegan a ser del 6,78 % frente al 2,62 % de las europeas, y ordenando el corte de suministros por deudas irrisorias.

En España, uno de cada diez hogares no tiene el dinero suficiente para mantener su casa en invierno por encima de los 18 grados centígrados. Cruz Roja ha denunciado que este problema sigue creciendo en nuestro país como consecuencia del paro y el encarecimiento de los precios de la energía. Según cálculos de la Cruz Roja, en los últimos dos años el gas ha subido un 22 %, la bombona de butano un 23 %, la luz un 34 % y el agua el 8,5 %.

La Cruz Roja ha advertido que 4,5 millones de españoles son ya "pobres desde el punto de vista energético" y esto tiene graves consecuencias para su salud, como advierte también el último informe del Observatorio Español de la Sostenibilidad (OSE). Según este estudio, basado en datos de la Comisión Europea, en nuestro país la pobreza energética provoca ya entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno. Según el OSE, la pobreza energética en España provoca ya más muertes prematuras que los accidentes de tráfico y afecta, sobre todo, a las personas de mayor edad.

En el caso de las familias atendidas en España por Cruz Roja, el 43 % no puede ya mantener su casa en condiciones de temperatura adecuadas para poder pasar el invierno.

A pesar de la reforma del sector eléctrico que está llevando a cabo el Gobierno, no se ha incluido ningún tipo de legislación sobre pobreza energética, que incluya derecho a la energía y a los consumidores vulnerables. La reforma, que cambia los criterios para acceder al bono social, no solo no garantiza que no se corte la luz a los consumidores en situación de vulnerabilidad, sino que propone la posibilidad de que las empresas suministradoras de electricidad corten la luz a aquellos servicios esenciales que no puedan pagar su factura.

Estos servicios esenciales incluyen hospitales, transporte público, domicilios con enfermos que precisen equipos médicos conectados a la red, cuarteles militares y policiales, centros penitenciarios, alumbrado público o el suministro de agua para consumo humano. La propuesta establece que tras seis meses de impago, los servicios esenciales perderán su condición de esenciales, de manera que las compañías podrán cortar el suministro.

Urge pues una modificación en la regulación del sistema de suministros básicos del hogar para incluir un mecanismo en que se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.

Por todo ello el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUA, CHA: La Izquierda Plural insta  al Gobierno a:

1. Regular un sistema público de precio social en los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano de todos los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular para las familias en riesgo de exclusión social, además de establecer unos criterios claros, transparentes y homogéneos para su concesión basados en la renta familiar. Se fijarán unos consumos mínimos vitales en cómputo mensual, en función del número de miembros del hogar y de las estaciones del año, de forma que se fijen consumos mínimos diferentes, en funciones de la climatología, correspondiente -como mínimo a dos periodos anuales: de abril a septiembre y de octubre a marzo.

2. Impedir que las empresas suministradoras no puedan interrumpir el servicio ni excluir a nadie por razón de retraso o impago del recibo siempre y cuando reúnan las condiciones de renta familiar que se determinen.

3. Garantizar el suministro en todos aquellos servicios esenciales, y a que estos mantengan la condición de esenciales independientemente de si abonan las facturas de los suministros o no.

4. Este precio social no implicará un gasto presupuestario extraordinario para las administraciones públicas competentes y tampoco se podrá repercutir sobre el resto de usuarios, correrá a cargo de las compañías suministradoras de energía."

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