SueloSolar
27-11-2013
Carlos Mateu
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ANPIER reclama al Ministro, y al Secretario de Estado de Energía, diálogo constructivo con el sector fotovoltaico.

55.000 familias españolas ven su futuro amenazado por la caprichosa valoración de las plantas que plantea la reforma del sector renovable.


El Ministerio destina fondos a consultoras, pudiendo contar con la asistencia del equipo técnico ministerial, del IDAE, la CNMC y del propio sector.

Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energías Renovables, reclama al Gobierno, al Ministro Soria y al Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, diálogo constructivo con el sector fotovoltaico para evitar la ruina de 55.000 familias españolas a las que se les ha cambiado de manera drástica y retroactiva las condiciones que acordaron con el Estado español para la producción de energía solar fotovoltaica.

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha asegurado que la fijación de los nuevos estándares de retribución a las energías renovables va a salir adelante a pesar de la suspensión de la contratación con las consultoras y no descarta que en algún momento del proceso el Gobierno recurra a otras firmas privadas. Desde Anpier no se entiende que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en un escenario presupuestario tan restrictivo, destine fondos a consultoras externas, pudiendo contar con la asistencia del propio equipo técnico ministerial, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y de las asociaciones profesionales y empresariales del sector renovable. Sobre todo si, como ha reconocido el propio Secretario de Estado, este tipo de asesoramiento "no es imprescindible", sino un "apoyo".

Anpier considera que estimar lo perfectamente medible y verificable es una medida absolutamente arbitraria e injusta, en especial cuando se trata de calcular las inversiones, impulsadas por el propio Estado, que hace unos pocos años realizaron 55.000 familias españolas, que todavía conservan sus facturas. En esta línea, Anpier ha entregado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las facturas originales de 2.000 instalaciones fotovoltaicas, más del 5% del parque nacional, para que la Administración pueda conocer, con absoluta fidelidad, el coste real que supusieron dichas inversiones en las diversas modalidades tecnológicas y temporales, así como los costes anuales de mantenimiento. De estos datos se han derivado datos absolutamente preocupantes, como los elevados tipos de interés que soportan la mayoría de las instalaciones, superiores al 5%, puesto que tuvieron que refinanciarse para soportar los recortes anteriores, unos costes financieros que el Ministerio se niega a contemplar y que hacen inviables las instalaciones.

Anpier recuerda, por otra parte, que en enero de 2012, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, criticó el recorte retroactivo de las primas a los productores fotovoltaicos impulsado vía Decretos Leyes por su predecesor socialista en el cargo, Miguel Sebastián y, preguntado por los recortes durante el acto de traspaso de cartera ministerial, declaro que «nunca es recomendable cambiar a mitad del partido las reglas del juego»; en este mismo sentido, el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el pasado mes de julio, se lamentaba de que hasta ahora bastara un Decreto o una Orden Ministerial para regular el sector eléctrico porque “una orden ministerial o un real decreto sobre materia energética mueve miles de millones de Euros y los mueve con un nivel de control inferior a cualquier otra partida”. Sin embargo, tanto el Ministro como su Secretario de Estado han impulsado un cambio retroactivo radical del marco regulatorio del sector renovable español a golpe de Real Decreto Ley y Orden Ministerial.

Todas las fuerzas parlamentarias de la oposición han salido en defensa del colectivo de familias productoras de energía solar fotovoltaica, y se han posicionado en contra de la reforma, como la propia Comisión Nacional de Energía, la Unión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo de Estado y las diversas comunidades autónomas que han interpuesto recursos de inconstitucionalidad, entre las que figuran varias comunidades con gobiernos conservadores, como son los casos de Murcia, Extremadura, Galicia y Navarra.

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