Seísmos.

A finales de septiembre, el Grupo Intergubernamental del Cambio Climático (IPPC), auspiciado por la ONU, presentó las primeras conclusiones de su último informe sobre el calentamiento global y sus consecuencias para el planeta. 831 científicos, pertenecientes a 85 países distintos, han vuelto a lanzar una señal de alarma contundente: los efectos del cambio climático se acercan al punto de no retorno si no se toman medidas para reducir las emisiones de los gases que producen el calentamiento. El estudio predice un incremento de las olas de calor, que serán más frecuentes y duraderas, sequías e inundaciones, calentamiento de los océanos, deshielos de los glaciares, aumento del nivel del mar y acidificación de los mares, que han absorbido el 30% de dióxido de carbono. La temperatura media ha subido en España 1,5 grados en los últimos 30 años, casi el doble que la media mundial, han disminuido las precipitaciones, ha aumentado el índice medio de peligro de incendios, comienzan a aparecer enfermedades tropicales como el dengue o la fiebre amarilla, dado que el mosquito tigre empieza a aclimatarse, ha crecido la mortandad por las olas de calor y se  producen cada año pérdidas importantes en la agricultura y la pesca, entre otras consecuencias.

Los investigadores de la ONU consideran  que el hombre es el principal causante y que para evitar los efectos devastadores que se nos vienen encima es necesario avanzar “lo más rápido posible” en el desarrollo y potenciación de las energías renovables… Pero el Gobierno de Rajoy está haciendo exactamente todo lo contrario: está atacando con fuerza a las energías limpias para reforzar el papel de los grandes lobbies eléctricos y petroleros. Alentado por FAES y el negacionista José María Aznar –el secretario de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha declarado que el conocimiento científico sobre el cambio climático “es incierto”- el Gobierno español camina por una senda absurdamente contraria y ha diseñado en los últimos años una estrategia energética suicida para el país y su futuro. Lo estimula cierto pasotismo ciudadano, que no se acuerda de Santa Bárbara sino cuando truena y que no hace demasiado caso a los pronósticos de largo alcance. Lo incita la voracidad e insaciabilidad de un sistema económico y político neoliberal que auspicia el negacionismo para mantener el poder sobre la energía y, por tanto, sobre los gobiernos y la política.  

La historia nace en el año 1996 cuando Aznar, Rato y Folgado (todos cobran hoy de eléctricas o de empresas accionistas de eléctricas) malvendieron las empresas de electricidad públicas españolas para ponerlas en manos de personas afines (hoy Endesa es además del Estado italiano). Pero no se contentaron con eso, idearon también el mecanismo de un déficit que genera siempre resultados favorables para las empresas, a costa del bolsillo de los consumidores, y renunciaron al control de la calidad de las prestaciones y al mantenimiento de los servicios, a la seguridad y a la innovación tecnológica que requiere inversiones (estaría bueno). Y no se achantan. Nada más recuperar el PP el poder en 2011 plantea un duro ataque a las renovables para hacerlas desaparecer y mantener el estatus de un oligopolio eléctrico que se sustenta en un modelo finito, contaminante y peligroso para el medio ambiente y las personas.

No existen más objetivos que potenciar el gas y el petróleo y no dudan en poner en jaque la seguridad ciudadana y el desarrollo económico, auspiciando cementerios de gas, el fracking, las extracciones de crudo en lugares sensibles o las construcciones de ciclos combinados abocados a la ruina. Y dicen que nunca va a pasar nada. Que está todo controlado. Que no hay riesgos. Que si los estudios de impacto medioambientales rigurosos, que si las medidas de seguridad, que si el desarrollo económico, que si la creación de empleo, que si patatín, que si patatán… Pamplinas irresponsables. La realidad, desgraciadamente, es otra. Y lo que está sucediendo con el cementerio de gas Castor de Castellón, instalado a treinta kilómetros de la costa y diseñado para aprovechar un antiguo pozo petrolífero situado a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, para convertirlo en almacén de gas, es un ejemplo palmario.

Las señales de alarma se inician a mediados de septiembre. Se empiezan a suceder sismos de distinta intensidad, cada vez con más frecuencia, en las zonas aledañas a Castellón y a las Tierras del Ebro. Se confirma que desde el 13 de septiembre los trabajos de inyección de gas en la bolsa subterránea han producido hasta ese momento más de 300 seísmos (ya superan los 500); uno de ellos llega a alcanzar 3,9 grados. El 26 de ese mismo mes, el ministro Soria ordena el cese de la actividad y una investigación. En la madrugada del 1 de octubre se produce un temblor de 4,2 grados (a partir de 5,5 puede derribar edificios). José Manuel Soria afirma que “tiene constancia” de que el almacén cuenta con todos los estudios necesarios, pero pronto los datos lo desmienten: se desoyó a la Generalitat y a 141 personas y organizaciones que pidieron un informe sísmico y el ministro de Medio Ambiente admite que el informe de impacto no contempló el estudio sismológico. El día 2 se vuelven a producir diez nuevos sismos. Al día siguiente, de nuevo Soria sale a la palestra para decirnos que “parece que hay relación entre la inyección de gas y los seísmos”. Un día más tarde (el 4) se clausura definitivamente el almacén y se pone en marcha un plan de emergencias. Interviene un día después la fiscalía. Se conoce que el Observatorio del Ebro ya advirtió hace dos años del riesgo de terremotos. Sale a la luz que el depósito está sobre una falla y en Tarragona se pide el cierre de la central nuclear de Ascó, situada a 60 kilómetros de Castor, porque  temen que la falla, activa y de 51 kilómetros de longitud, afecte a la central…

Y empiezan también las otras batallas. El PP de Castellón anuncia que va a denunciar a cuatro ministros del PSOE (Narbona, Espinosa, Clos y Sebastián) por negligencia; ACS considera que el coste (más de 1.700 millones, ya van mil de sobrecostes) lo tiene que asumir el Estado “funcione o no” el proyecto (Soria acaba de hacer público que existe una cláusula en el contrato en ese sentido)… El presidente de Escal (filial de la empresa de Florentino Pérez) saca pecho y dice que “no se puede tirar a la basura el almacén de gas. Los seísmos son naturales. Nosotros quizás solo los hemos adelantado”. Por supuesto, según él había estudios sismológicos y todo estaba perfecto. Otras voces dicen lo contrario y aparecen expertos afirmando que detrás de todo puede haber negligencias de la empresa. Y que más da. Pudo haber una tragedia y todo estaría sucediendo exactamente igual. Se echarían la culpa unos a otros, todo estaba en orden y bla, bla, bla…

Frente a esto muchas voces científicas nos advierten que los daños que se están produciendo,  comparados con los que produciría el fracking, parecerán un juego de niños. Porque esta manera de extraer gas o petróleo del interior de la tierra o las profundidades marinas atrae réplicas de terremotos lejanos; aumenta la sismicidad en la zona; tiene muchos riesgos de explosión, escapes de gas, de ácido sulfhídrico y metales pesados; inyecta toneladas de productos químicos contaminantes en los acuíferos; lanza al aire metano, 23 veces mas favorecedor del efecto invernadero que el CO2”…Pero hay que hacerlo. Soria dice que es imprescindible y que se pondrá en marcha, “sí o si”, en muchas comunidades. Y ataca a las renovables…

Y hay que seguir apostando por las extracciones de crudo como las previstas para Canarias,- con un estudio de impacto copiado de otras extracciones- a pesar del riesgo para la población y para la industria turística, porque son mejores y más rentables que las renovables limpias e inagotables. Dice el subsecretario de Industria, Hernández Bento, que es un “disparate” comparar el cementerio de gas con los sondeos, pero la realidad es que la sismicidad inducida aumenta continuamente en el planeta a medida que se sigue perforando para extraer petróleo y gas. El incremento de terremotos en la tierra  en los últimos 50 años está directamente relacionado con la extracción de los combustibles fósiles, que antes se hacían a menos de dos kilómetros de profundidad y hoy a más de nueve kilómetros, lo que se traduce en mayores riesgos y afecciones. Y se suceden en los últimos tiempos estudios que nos hablan de ello. La Universidad de Texas acaba de vincular  los sismos registrados en esa zona con la extracción del petróleo y el agua salobre que fluye junto con los hidrocarburos; el Servicio Geológico norteamericano afirma que el número de sismos se ha incrementado seis veces en EEUU por las extracciones de crudo y gas; el Consejo Nacional de Investigación de EEUU ha informado recientemente que “la actividad humana, incluyendo la inyección y extracción de fluidos de la tierra, puede inducir a eventos sísmicos”; es lo mismo que dice  el Instituto de Dinámica de Geosferas de la Academia Rusa de las Ciencias que ha apuntado el alto riesgo de sismicidad en el campo petrolero, más allá  de los daños de los derrames y las afecciones a la biodiversidad.

Y para rematar la jugada, también hay que implantar  una regasificadora en el sureste grancanario, un lugar pleno de sol y de viento (que dispone de un pequeño parque record del mundo en generación eólica) y que lleva 15 años sin poder instalar un aerogenerador en su espacio geográfico… En fin, da lo mismo la autosuficiencia energética, la apuesta contra el cambio climático… Está claro que los intereses son otros.

Antonio Morales Méndez
Alcalde de Agüimes