SueloSolar
20-9-2013
Carlos Mateu
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Aprobado en el Consejo de Ministros el absurdo Peaje de respaldo en el anteproyecto de la nueva Ley del Sector Eléctrico.

El borrador del texto legal que reformará la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, ha sido aprobada con el informe contrario y desfavorable de la CNE, CNC, Bruselas, etc...


Hoy día 20 de septiembre el Consejo de Ministros ha acordado aprobar el Anteproyecto de la Nueva Ley del Sector Eléctrico. Tras los informes de la CNE y de la CNE criticadores del peaje de respaldo en el autoconsumo fotovoltaico, el Ministro de Industria ha preferido no escuchar a estos organismos públicos frenando el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico en España, en beneficio de las Grandes Eléctricas de Unesa.

El Ministro Soria ha explicado de forma muy breve la aprobación del Anteproyecto de la Ley del Sector Eléctrico, señalando que " La Ley de reforma del Sector Eléctrico ha contado con las novedades de la  CNE, y con el visto bueno del Consejo de Estado en el preceptivo trámite. Se trata de una reforma integral del sistema eléctrico que estima el Gobierno necesaria ya que aunque los precios de electricidad son muy superiores con respecto al resto de Europa, los ingresos no son suficientes para cubrir los costes del déficit de tarifa que alcanza los 26.000 millones de euros." Asimismo el Ministro Soria ha añadido que "El objeto es reducir el deficit estructural sin incrementar el 42% del coste de la factura de la Luz, garantizando la estabilidad financiera y reduciendo los costes."

Es sorprendente que la CNE como organismo experto en energía solicite al Ministerio de Industria que eliminar el peaje al autoconsumo fotovoltaico por ser discriminatorio y por hacer inviables los proyectos...y que hoy se apruebe en el Conseho de Ministros. Es injusto que el peaje de respaldo que propone el Ministerio de Industria se aplique a la energía autoconsumida instantáneamente, sin utilizar la infraestructura eléctrica.

Hemos de recordar a nuestros lectores, que tras conocer los absurdos textos de la reforma energética del Ministro Soria,…

-    las Presidencias de Gobierno de Comunidades Autónomas como Murcia y Extremadura han tachado ésta de inconstitucional,

-    Bruselas ha mostrado su preocupación, tanto en materia de retroactividad en la venta a red fotovoltaica como en las trabas impuestas al desarrollo del autoconsumo fotovoltaico en España, como por los incumplimientos reiterados de las Directivas europeas.

-    la Comisión Nacional de la Competencia ha denunciado las trabas innecesarias y desproporcionadas al desarrollo del autoconsumo fotovoltaico en España,  y ha manifestado abiertamente que no le gusta  el cálculo de la rentabilidad "razonable" de la fotovoltaica.

-    la Comisión Nacional de Energía ha instado al Ministro Soria que suprima el absurdo Peaje de respaldo en el autoconsumo fotovoltaico, y sobre la propuesta de Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos ha denunciado que el término de retribución a la inversión puede alcanzar valores negativos. Ello sería incompatible con el diseño de un régimen retributivo específico que persigue fomentar este tipo de producción.

En el sector de las energías renovables, es por todos conocido que el Ministro Soria está actuando como “chico de los recados” del Oligopolio Eléctrico, sin importarle el contenido de los Reales decretos que nos presenta, ni lo que opina sobre ellos Bruselas, Presidencias de Gobierno de Comunidades Autónomas de su Partido Político, la CNE, la CNC, Asociaciones de Consumidores, Grupos ecologistas, etc, etc,…

Según la Exposición de Motivos del citado Anteproyecto de Ley, éste tiene como finalidad básica el establecimiento de la regulación de sector eléctrico manteniendo los objetivos de la ley anterior: garantizar el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al menor coste posible, todo ello bajo el principio fundamental de la garantía de la sostenibilidad económica y financiera del sistema.

Así la ley somete las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación al principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. Cualquier medida normativa en relación con el sector que suponga un incremento de coste para el sistema eléctrico o una reducción de ingresos deberá incorporar una reducción equivalente de otras partidas de costes o un incremento equivalente de ingresos que asegure el equilibrio del sistema. De esta manera se descarta definitivamente la posibilidad de aparición de nuevos déficits.

Este principio se refuerza con el establecimiento de restricciones tasadas a la aparición de desajustes temporales anuales ocasionados por situaciones coyunturales, estableciendo como mecanismo correctivo la obligación de revisión automática de los peajes y cargos que correspondan si se superan determinados umbrales.

Se mantiene la financiación de los costes del sistema por parte de los consumidores mediante el pago de los peajes de acceso a las redes y el resto de cargos, así como mediante las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado, y de otros mecanismos financieros. Esta doble contribución corresponsabiliza en la financiación del sistema a los consumidores eléctricos y al presupuesto público, dado el carácter de servicio esencial del suministro eléctrico y la afección territorial, medioambiental y estratégica del sistema eléctrico.

Tal y como se ha expuesto, la experiencia adquirida con la aplicación de la ley anterior ha permitido identificar aquellas barreras cuya resolución resulta precisa para continuar avanzando en el proceso de liberalización del suministro, de mejora de los procesos de participación en el mercado y de garantía de la adecuada protección a los consumidores con el objetivo último de asegurar el suministro de energía eléctrica en condiciones competitivas y con la calidad adecuada. Al mismo tiempo integra en un sólo texto todas las disposiciones con rango legal dispersas en las distintas normas aprobadas desde su entrada en vigor.

Asimismo, según la Exposición de Motivos del citado Anteproyecto de Ley, la nueva ley procede a la clarificación de las competencias de la Administración General del Estado, manteniendo, en esencia, las competencias atribuidas por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, e incorporando las sentencias dictadas durante los últimos años en relación con los conflictos surgidos entre administraciones. Así, se establece la competencia para la regulación básica del sector, para el establecimiento de los regímenes económicos de aplicación a las distintas actividades y para garantizar la seguridad de suministro de energía eléctrica a los consumidores.

En relación con la planificación eléctrica se mantiene el carácter vinculante de la planificación de la red de transporte, incorporando herramientas para vincular el nivel de inversiones a la situación del ciclo económico y a los principios de sostenibilidad económica.

Para las actividades con retribución regulada, la ley refuerza y clarifica los criterios para el establecimiento de los regímenes retributivos, para los que se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa eficiente y bien gestionada, mediante la aplicación de criterios homogéneos en todo el territorio español. Estos regímenes económicos permitirán la obtención de rentabilidades adecuadas en relación al riesgo de la actividad.

Adicionalmente se introducen herramientas de flexibilidad con la finalidad de adaptar las retribuciones a la situación cíclica de la economía y a las necesidades del sistema, fijando los plazos de revisión, de manera que se conjuguen la necesidad de estabilidad y previsibilidad para los agentes con la exigencia de revisión continua de los regímenes retributivos.

Para los sistemas eléctricos no peninsulares, se establece la posibilidad de establecimiento de un régimen singular para el que se tendrá en consideración exclusivamente los extracostes de estos sistemas eléctricos asociados a su no peninsularidad y a su carácter aislado.

Del mismo modo, se prevé la posibilidad, con carácter excepcional, de establecimiento de regímenes retributivos específicos para fomentar la producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos, cuando exista una obligación de cumplimiento de objetivos energéticos derivados de Directivas europeas o cuando su introducción suponga una reducción del coste energético y de la dependencia energética exterior. En este caso, el régimen retributivo se basará en la participación en el mercado de las instalaciones, complementado por una retribución para alcanzar el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que les permitan competir en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado y que posibiliten obtener una rentabilidad adecuada con referencia a la instalación tipo en cada caso aplicable.

La gestión técnica y económica del sistema mantienen en esencia el resto de criterios retributivos, incorporando en la retribución del operador del sistema incentivos a la reducción de costes del sistema derivados de la operación.

El cambio del mix de producción propiciado en España por el desarrollo experimentado por las instalaciones hasta 50 MW de las tecnologías de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos incluidas en el denominado régimen especial de producción de energía eléctrica, ha ocasionado la pérdida del objeto de su regulación singular ligada a la potencia y a su tecnología. Resulta preciso que la regulación contemple a estas instalaciones de manera análoga a la del resto de tecnologías que se integran en el mercado, y en todo caso, que sean consideradas por razón de su tecnología e implicaciones en el sistema, en lugar de por su potencia, por lo que se abandonan los conceptos diferenciados de régimen ordinario y especial. Se procede entonces a una regulación unificada, sin perjuicio de las consideraciones singulares que sea preciso establecer.

El acceso de los sujetos a las redes constituye uno de los pilares sobre los que se sustenta el funcionamiento del sistema eléctrico. La presente ley procede a una mayor concreción de los conceptos de conexión y acceso a las redes, reforzando los principios de objetividad, transparencia y no discriminación en su otorgamiento, y fijando el régimen de otorgamiento y denegación bajo criterios exclusivamente técnicos.

En lo relativo a los consumidores, la presente ley establece la regulación sobre la que se van a basar las relaciones entre los consumidores y las empresas comercializadoras y distribuidoras en relación con el suministro de energía eléctrica, mediante el establecimiento de sus derechos y obligaciones en el marco general de contratación.

Se establece el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor, precio máximo de referencia al que podrán contratar los consumidores.

Se define asimismo la figura del consumidor vulnerable, vinculado a determinadas características sociales, de consumo y poder adquisitivo, y se establece la adopción de las medidas oportunas para garantizar una protección adecuada a estos consumidores. Estos consumidores tendrán derecho a una tarifa de último recurso, reducida respecto del precio voluntario para el pequeño consumidor.

Finalmente se procede a una reformulación del régimen sancionador para adaptarlo a la evolución que ha experimentado el sector desde el inicio del procedimiento de liberalización.

NOTA DE PRENSA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO QUE DEFIENDE Y PROTEGE LOS INTERESES ECONÓMICOS DEL OLIGOPOLIO ELÉCTRICO EN DETRIMENTO DEL INTERÉS GENERAL DE LOS CIUDADANOS:

El Gobierno aprueba la Ley que da estabilidad al sistema eléctrico y evita la generación de déficit de tarifa
 
-    El Consejo de Ministros envía a las Cortes el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, que establece la regulación básica del sector, con la finalidad de garantizar el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al menor coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico.

-   El Proyecto de Ley establece el marco necesario para resolver el problema del déficit de tarifa y evitar que en el futuro puedan producirse desequilibrios financieros como el ocurrido durante la última década.  

-   La norma aumenta la protección del consumidor e instaura un régimen de retribución de las actividades con criterios objetivos y homogéneos, que aseguran a los agentes una rentabilidad razonable a sus inversiones.

El Consejo de Ministros ha aprobado para su remisión a las Cortes el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, que traslada a la normativa básica del Estado las bases de la reforma emprendida por el Ejecutivo con el fin de equilibrar el sistema eléctrico, poner fin al déficit de tarifa, dar estabilidad y credibilidad al sistema y lograr unos precios eléctricos lo más bajos y competitivos posibles.
El Proyecto de Ley aprobado hoy tiene como objetivo proveer al sector de un marco regulatorio homogéneo, transparente y estable, que introduce la certidumbre y confianza necesaria que el sistema eléctrico había perdido, durante la última década, por la acumulación de desequilibrios financieros y la continua sucesión de cambios normativos.

Para ello, el Gobierno acomete una reforma global del sector eléctrico, basada en un nuevo régimen de ingresos y gastos del sistema eléctrico que garantiza la corrección de los desequilibrios, y una regla de estabilidad financiera que evita la aparición de nuevos desajustes.

Además, se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin el necesario acompañamiento de un aumento equivalente de los ingresos y se establece que aquellos sobrecostes generados por las normativas autonómicas o locales deberán ser asumidos por éstas.

El Proyecto de Ley también establece los parámetros que aseguran una rentabilidad razonable para los proyectos empresariales regulados, cumpliéndose el doble objetivo de reducir los costes del coste del sistema y asegurar una rentabilidad para los mismos en función del riesgo de la actividad.

El Proyecto de Ley introduce herramientas de flexibilidad con la finalidad de adaptar las retribuciones a la situación cíclica de la economía y a las necesidades del sistema, tras un período regulatorio de seis años, conjugando la necesidad de estabilidad y previsibilidad para los agentes con la exigencia de adaptación de los regímenes retributivos.

Además, el Proyecto de Ley aumenta la protección del ciudadano y elevar la competencia, estableciendo medidas para fomentar la capacidad de elección del consumidor, agilizar el proceso de cambio de compañía y se simplifica y clarifica la factura eléctrica.

La norma establece la creación del bono social para los consumidores vulnerables de acuerdo a determinadas características sociales, consumo y poder adquisitivo. También se crea el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que será el precio máximo de referencia al que podrán contratar la mayor parte de los consumidores domésticos, si bien las empresas podrán aplicar descuentos sobre él, y se habilitan nuevas comercializadoras para el suministro de estos clientes.

El Proyecto de Ley se suma a las medidas ya emprendidas para equilibrar el sistema. La normativa fue presentada al Consejo de Ministros en primera lectura a finales del mes de julio junto con un paquete de medidas  para corregir el desequilibrio de 4.500 millones de euros existente entre ingresos y costes del sistema eléctrico, un esfuerzo compartido por las empresas, el Estado y los consumidores.

El Proyecto de Ley aprobado hoy se complementa con un paquete de siete Reales Decretos y cinco órdenes ministeriales que se encuentran actualmente en tramitación.
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Yo36988

Defensor del pueblo

septiembre '13
Yo36988
Si alguien se anima a preparar una reclamación para presentar ante el defensor del pueblo... No servirá para nada pero se puede empezar a hacer ruido.

No nos engañemos, al 99% de la población se la pela y si no se hace ruido ni se enterarán. Y mucho menos después de haber rebozado la aprobación de la ley con la prohibición de uso de tarjetas de crédito por los ministros y demás chorradas anti-corrupción (chorradas porque no servirán de nada).
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