La Comisión de minería del Senado ha iniciado una revisión del proyecto de Ley para regular los costes de las tarifas a clientes menores a 10kw.
Esta nueva revisión regula el coste de las tarifas cuando los clientes menores viertan energía al sistema de distribución, gracias a fuentes de generación propia de autoconsumo.
Actualmente se está extendiendo el uso de autoconsumo por personas particulares, así como por edificios o comunidades de vecinos, o empresas y comercios que han decidido instalar paneles solares fotovoltaicos, minieólica o minihidráulica para obtener energía.
El 22 de marzo de 2012, el Ministerio de Energía publica la Ley 20.571 que regula el pago de una tarifa eléctrica a los productores de energía en el sistema de net metering ó autoconsumo.
El reglamento determina los requisitos que deberán cumplirse para conectar el medio de generación a las redes de distribución e inyectar los excedentes de energía a éstas. Asimismo, el reglamento contemplará las medidas que deberán adoptarse para los efectos de proteger la seguridad de las personas y de los bienes y la seguridad y continuidad del suministro; las especificaciones técnicas y de seguridad que deberá cumplir el equipamiento requerido para efectuar las inyecciones; el mecanismo para determinar los costos de las adecuaciones que deban realizarse a la red; y la capacidad instalada permitida por cada usuario final y por el conjunto de dichos usuarios en una misma red de distribución o en cierto sector de ésta.
La capacidad instalada a que se refiere el inciso anterior se determinará tomando en cuenta la seguridad operacional y la configuración de la red de distribución o de ciertos sectores de ésta, entre otros criterios que determine el reglamento. La capacidad instalada por cliente o usuario final no podrá superar los 100 kilowatts.
La nueva iniciativa que se está tramitando en el senado, expone que los clientes menores a 10 kw deben recibir el pago del distribuidor equivalente al mismo precio que cobran por el consumo de electricidad.
Nos preocupa la actual agenda de transición energética que, lejos de responder a las actuales urgencias, profundiza en los mismos mecanismos que nos han llevado a esta crisis ecológica y social. El manifiesto está disponible en la web para firmar.
La nueva directiva, aprobada el 12 de marzo afecta a todos los Estados Miembros de la UE, que están obligados a incorporar sus disposiciones en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo máximo de 24 meses.