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La seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria es una prioridad en el mercado eléctrico.

8-7-13
César Dopazo
2271 Lectores
La seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria es una prioridad en el mercado eléctrico.
Un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sistema energético español parece un arranque oportuno, aunque cualitativo, para un debate energético ordenado.

El pasado día 26 de junio la Fundación Ciudadanía y Valores, Funciva, presentó su Informe relativo a las seis prioridades para el mercado español de la energía.

En este Informe la Fundación Funciva señala que la única forma de mantener la estabilidad regulatoria y respetar la seguridad jurídica es definir, con carácter previo, qué objetivos pretenden alcanzarse con un determinado juego, para definir después con claridad las reglas del mismo que permitan su correcto desarrollo. Si no existe una definición suficientemente clara de los objetivos y de los medios de la política energética, resulta imposible que la regulación sea coherente y aparecen improvisaciones y ventajismos de efectos letales.

Pero, una vez definidos los criterios de la política energética, lo que se requiere es estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, tanto en su origen como en la adaptación a las circunstancias cambiantes cuando objetivamente se produzcan.

Aparte de los sectores o actividades que por su característica se configuran como monopolios naturales, en los sectores liberalizados o que funcionan con criterios de libre competencia, es deseable minimizar la intervención regulatoria a lo necesario para asegurar su correcto funcionamiento (para solucionar los “fallos de mercado” que puedan existir). De esta forma se garantizarían sectores eficientes y competitivos. Sin embargo, el sector eléctrico español se ha caracterizado por intervenciones innecesarias e ineficientes, que han dificultado el desarrollo de la liberalización o han causado unas rentas regulatorias excesivas cuyo coste recae en el consumidor final. Un ejemplo de intervención innecesaria pueden ser los precios finales del suministro regulado (TUR) que interfiere con el normal funcionamiento del mercado minorista.

Los artículos 88 y 105 de la Constitución, 22 y 24 de la Ley del Gobierno, y el Real Decreto 1083/2009, por el que se regula la Memoria del análisis del impacto normativo, obligan al Consejo de Ministros y a los Ministros a acompañar los proyectos de ley y de reglamento de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos; es decir, de la información y motivos que permitan evaluar la necesidad de la norma proyectada, valorar las diferentes alternativas existentes para la consecución de los fines que se persiguen y analizar detalladamente las consecuencias jurídicas y económicas, especialmente sobre seguridad jurídica y la competencia, que se derivarán para los agentes afectados.

Es imprescindible que los procedimientos de elaboración de las normas legales y reglamentarias sean transparentes, para que puedan conocerse los planteamientos y las propuestas de los grupos de interés. Respecto de las leyes, resulta imprescindible que la Memoria que acompañe a cada proyecto de ley se publique en internet y que, una vez aprobada la norma, se publiquen también en internet de manera unificada todos los debates parlamentarios relativos a su tramitación. En el sector energético hay “fallos del mercado”, que hacen necesarias tanto la regulación como la defensa de la competencia; pero han sido muchísimo más perjudiciales los “fallos del gobierno”. Las incongruencias, contradicciones y los cambios de criterio, que se han producido en los últimos veinte años, han generado crisis de inversión (por exceso o defecto), dificultades en el desarrollo del sector, pérdidas de puestos de trabajo y competitividad, parón en la innovación, conflictos jurídicos, etc.

Todo esto en un campo de actividad en el que el sector ha sido víctima y ha padecido la acción de gobierno; aunque, también, sus propios desacuerdos y división sectorial han dado lugar a innumerables presiones que a veces han torcido la mano del gobierno.

Objetivos

1. Estabilidad regulatoria y competencia técnica. Conseguir un órgano regulador independiente, profesionalizado, dotado de competencias normativa y sancionadora, con capacidad y atribuciones para mantener estable y eficaz el sector. La nueva estructura macrorregulatoria ha de disipar las dudas de la Comisión Europea sobre la “captura del regulador” por la influencia de los distintos intereses, sobre su independencia y funciones, sobre la designación de sus miembros, sobre el riesgo de politización de algunas decisiones, etc. Las mismas consideraciones son aplicables a todas las entidades públicas.

2. Motivación, participación y transparencia de cada ley y reglamento. Incluir en toda ley el impacto normativo que tendrá la norma que se presenta. Publicar en internet la memoria de toda la tramitación parlamentaria de la Ley o Reglamento.

3. La participación de la demanda como elemento esencial de un mercado competitivo. Los consumidores han de conocer los precios reales para adoptar decisiones racionales de consumo y de contratación (sofisticado mecanismo, de invención nada reciente, que permite gestionar riesgos y costes). Esto es fundamental para una asignación eficiente de recursos. De ahí se derivarán para las empresas auténticas oportunidades de innovación y reducción de costes. Ningún sector económico resulta eficiente sin respetar las reglas del mercado, siendo la primera que “la demanda ‘disciplina’ la oferta”. Con las tecnologías disponibles no es necesario “gestionar totalmente la demanda”; es cada vez más viable que cada consumidor gestione su demanda recibiendo para ello las señales eficientes.

Materialización

• Desarrollar el nuevo modelo de regulador aprobado en la Ley 3/2013, asegurando que, al menos en asuntos energéticos se le dota de atribuciones y capacidades (profesional, normativa y sancionadora), independencia y medios, y también con una designación independiente de sus componentes.

• Desarrollo de la Ley de Transparencia y de Accesibilidad del ciudadano.

• Establecimiento de precios reales para la energía. Eliminar toda elaboración artificial de la tarifa con costes no naturales, incluyendo los impuestos que se incluyen como costes.

• Sintetizar toda la legislación y la regulación energéticas existentes, dispersas en múltiples documentos, en un texto actualizado y rigurosamente meditado y estructurado.

VER Video presentación relativo a las seis prioridades para el mercado español de la energía.


Descargar por cortesía de FUNCIVA Informe relativo a las seis prioridades para el mercado español de la energía.

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