Cada familia española “regaló” 300 euros a las eléctricas por un “despiste” de la administración.

En 1997 el Estado reconoció, para cada una de las diferentes tecnologías de producción de las grandes eléctricas, unos gastos de inversión que debían recuperarse a largo plazo a través de la tarifa regulada; una situación que ahora se les niega a las energías renovables.

A juicio de las eléctricas, los costes de inversión no se habían sido recuperados en su totalidad, por lo que se establecieron los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC), que les garantizaba la recuperación de las inversiones, de tal forma que recibían una subvención, en concepto  de CTC, que se calculó en 3,606 cent€/kWh, como la diferencia entre el precio de mercado y el precio de referencia establecido; de tal manera que, si el precio de mercado era inferior al de referencia, las empresas eléctricas recibirían una compensación, y si ocurría lo contrario, y el precio de mercado era superior al de referencia, se les descontaría la diferencia.

Sin embargo, al obtener precios de mercado muy superiores al de referencia, a finales de 2005 los CTC pendientes de cobro resultaban negativos, es decir, las empresas habían recibido más dinero por los precios fijados en el mercado que el que se habían estimado para garantizar las rentabilidades, por lo que, mediante el RD 7/2006, se suprimieron los CTC; pero sin que se les reclamará a las eléctricas el montante percibido de manera indebida: 3.400.000.000 Euros, que vienen a ser más de 300 Euros por familia española.
El informe que elaboró en su día la Abogacía del Estado, enviado por Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en junio de 2008, calculaba que las empresas habrían cobrado ese dinero de más sin que ningún Gobierno lo hubiera reclamado. Y en algún momento entre 2010 y 2011, el asunto, y por tanto la posibilidad de reclamar el exceso pagado, habría prescrito.

En ese mismo momento que prescribía la acción de reclamación de los 3.400 millones, se aprobaban los RDL 14/2010 y el R.D. 1565/2010 que recortaban más de 2.500 millones a 55.000 familias fotovoltaicos, que destinaron sus ahorros a una inversión responsable y ética al amparo de un Boletín Oficial del Estado y se les cercenaba hasta en un 40% los retornos garantizados por el Estado y con ello cualquier posibilidad de mantener los pagos de sus préstamos, avalados en la mayoría de los casos con sus propias viviendas.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha lamentado que “la Administración sea tan exhaustiva con el ciudadano en sus obligaciones con el Estado, pero tan laxa en ocasiones con grandes empresas que remuneran a ex Presidentes, ex ministros y ex altos cargos de las Administraciones” y exige que se tomen las medidas necesarias para depurar responsabilidades por respeto a la democracia y a la ciudadanía.