El Gobierno español no respeta la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad del sector fotovoltaico.

ANPIER reclama el respeto de la “seguridad jurídica” para todas las inversiones realizadas en territorio español y, en especial, para todas aquellas que fueron realizadas al amparo de las disposiciones emanadas del Boletín Oficial del Estado, tal y como garantiza el artículo 9.3 de la Constitución Española. Además, esta asociación exige el cumplimiento de la “interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”, conforme a lo expresado en este mismo artículo de la Carta Magna.

La seguridad jurídica es un principio del Derecho universalmente reconocido, que se entiende y se basa en la certeza del derecho y  en la irretroactividad de la ley. La falta de seguridad Jurídica que padecen las 55.000 familias y los fondos internacionales que realizaron inversiones responsables y éticas en la generación de energía solar fotovoltaica, al amparo del Boletín Oficial del Estado, ha generado la desconfianza de los inversores nacionales e internacionales sobre la certidumbre y rentabilidad de las operaciones realizadas en nuestro país, lo que está lastrando gravemente nuestra recuperación económica y el bienestar.

Por este motivo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) se encuentra expuesto a decenas de miles de pleitos, recursos y reclamaciones judiciales -por parte de ciudadanos, autónomos, empresas, fondos de inversión internacionales y Administraciones autonómicas- en casi todas las instancias nacionales posibles, tanto a nivel nacional como internacional, por los daños derivados de las sucesivas normas retroactivas, que han reducido la rentabilidad de las plantas fotovoltaicas en un 40%, proyectos que fueron desarrollados bajo la legalidad y tutela del Estado.

El MINETUR ha afirmado que “el régimen modificado no es inmutable, como pretenden los declarantes que lo consideran un derecho adquirido que se ha visto alterado por las normas citadas sino que está sometido al riesgo regulatorio”, este reconocimiento expreso de la existencia en nuestro país de un “riesgo regulatorio” es el reconocimiento palmario de la existencia de “inseguridad jurídica” en nuestro ordenamiento y del quebrantamiento de la propia Constitución Española, situación absolutamente incompatible con la inversión y la creación de empresas, puesto que si existe riesgo regulatorio no es posible calcular una rentabilidad y, por lo tanto, es poco recomendable realizar inversión alguna.

Por otra parte, ANPIER denuncia la flagrante “interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”, puesto que el Ministro Miguel Arias Cañete en defensa de la nueva Ley de Costas garantiza la seguridad jurídica para los inversores que, a su juicio "de buena fe" habían adquirido propiedades  antes de 1988 y que  en 2018 iban a enfrentarse a un panorama de demolición masiva de industrias, viviendas, o establecimientos hoteleros.