El adjunto al Defensor del Pueblo recibe mañana a los fotovoltaicos españoles.

Los productores fotovoltaicos españoles serán recibidos mañana, día 22 de enero, por D. Francisco Fernández Marugán, Adjunto primero del Defensor del Pueblo.

Anpier solicitará el amparo de esta institución, puesto que el sector fotovoltaico está sufriendo un evidente hostigamiento por parte de los últimos Gobiernos del Estado español, así como la vulneración de principios esenciales del nuestro orden constitucional, como son la  tutela judicial efectiva, la irretroactividad de las normas desfavorables, la seguridad jurídica y la confianza legítima.

En España, más de 55.000 familias que viven de sus instalaciones de energía solar fotovoltaica se encuentran gravemente afectadas por dos normas retroactivas -RD 1565/2010 y del RDL 14/2010- que suponen una perdida media de hasta un 30% de sus ingresos y a lo que, desde el pasado 28 de diciembre, hay que sumar una nueva carga impositiva del 7%. Un 80% de ellas, más de 44.000 familias, sufren tensiones de tesorería que pone en riesgo de quiebra inminente su actividad y con ella su propio patrimonio, pues son instalaciones de pequeñas dimensión, que se pusieron en funcionamiento a través de financiación por parte de la Banca que, como es habitual, reclama los pagos bajo amenaza de embargar tanto las instalaciones como los bienes de los propietarios de estas plantas.

Anpier considera que esta situación constituye una Estafa de Estado maquinada con la intención de aproximarse a los objetivos energéticos Europeos de 2020 y a cumplir con los compromisos de Kioto a costa de la inversión privada de decenas de miles de familias españolas, que ahora no obtienen el retorno prometido a través del propio Boletín Oficial del Estado, una maniobra más escandalosa que la estafa de las preferentes, puesto que en el caso de las inversiones en fotovoltaica no existía letra pequeña, sino que se han cambiado las condiciones del contrato una vez realizadas la inversiones, y con la agravante de ser el propio Estado el que las garantizaba.  

Desde Anpier, ha declarado su Presidente, Miguel Martínez-Aroca “se solicitará a la Defensora del Pueblo que realice las gestiones pertinentes para ayudar a la ciudadanía española a comprender el sistema energético que padece: ineficiente, tóxico, peligroso y caro. Paso previo para modificar un sistema que sólo beneficia a tres grandes empresas y lastra nuestra salud, nuestras economías familiares, nuestra competitividad y nuestro medioambiente”.

Anpier ha recordado reiteradamente al Gobierno la urgencia de diseñar un nuevo modelo energético rentable y responsable, alineado con las preferencias de la ciudadanía. En este sentido, el pasado 8 de enero de 2013 el Eurobarómetro (Flash Eurobarometer 360) publicó los resultados de una consulta realizada a 25.525 ciudadanos de la Unión, en ella se constata que el 70% de los europeos quieren se prioricen las energías renovables en sus respectivos países, un dato que en el caso de España, supera ampliamente la media europea: el 81% de los españoles reclama un nuevo modelo energético basado en el uso de energías renovables.