Si no sale en la Tele... la corrupción del sistema eléctrico no existiría.

Y parece tener razón la  sentencia. Si no, no tendría sentido el revuelo alcanzado por el programa “Salvados” de Jordi Évole dedicado a las eléctricas y a su oligopolio recalcitrante, con recogida de firmas masiva incluida para que se mantuviera el programa frente a la supuesta petición de cese del periodista. Hasta que no apareció en La Sexta El Follonero, mostrándonos el poder de los cárteles energéticos, parece ser que los hombres y mujeres de este país no eran conscientes de ello, a tenor de la polémica suscitada posteriormente y a pesar de los ríos de tinta que se han vertido para denunciar este asunto en tantísimas ocasiones (en estas mismas páginas sin ir más lejos).

No es, desde luego, motivo para lanzar las campanas al vuelo el que tantos artículos publicados, tantos libros editados y tantas denuncias presentadas en los juzgados tengan muchísimo menos eco que un programa de televisión, pero tranquiliza saber que muchos millones de personas son ahora conscientes, gracias a ese programa, de la existencia de un lobby que mueve la energía y gran parte de la política en España.

Es importante que los ciudadanos sepan que ocupamos el dudoso honor de ser el tercer estado europeo con la electricidad más cara, solo por detrás de Chipre y Malta. Que desde 2008 hasta ahora el recibo de la luz ha subido para los consumidores en un 75% (frente a un 13,1 en la zona euro). Que las eléctricas ganaron el año pasado más de seis mil millones de euros, y que a pesar de eso  se mantiene un déficit tarifario -que se inventó Rodrigo Rato, con la aquiescencia de Aznar-  que no responde a la realidad y que nos carga en el recibo las tarifas de las grandes empresas industriales, el transporte y la distribución al precio que ellas quieren, la producción nuclear y las hidroeléctricas, ya amortizadas, al mismo precio que las fósiles y un largo etcétera más de despropósitos. Que dicen que les debemos 24.000 millones, pero la realidad es que  no es a ellos sino a unos bancos o fondos financieros a los que ya han vendido la deuda.  Que quitan y ponen ministros a su antojo y que, una vez los han exprimido en sus cargos públicos, se hacen con los servicios –lo pagan así- de expresidentes, exministros, ex secretarios de Estado, etc. Que la Ley del sector está hecha, a partir de una complejidad enorme para que la entienda poca gente, a la medida de cinco eléctricas que no tienen escrúpulos a la hora de formar cárteles y pactar precios fraudulentamente, porque saben que si alguna vez los cogen, como así ha sido, las multas son irrisorias al lado de las ganancias conseguidas con las trampas. Que el sector está pésimamente regulado y que, aunque en 1997 se argumentaba que era el mercado el que fijaría los precios, lo cierto es que no es así rotundamente. Que en las subastas, que se hacen diariamente y trimestralmente para fijar los precios de la electricidad, el lobby hace de subastador y subastero y consigue con eso especular con el precio de la electricidad, expulsar a la competencia, impedir las auditorias públicas y fijar costes muy alejados de la realidad. Ah, pero si se equivocan en la subasta tienen  una prima de riesgo a su disposición de 500 millones de euros.

Recompensa  que la ciudadanía sea más consciente de que este oligopolio tiene una capacidad enorme para controlar a los medios de comunicación y a la opinión pública, empleando mucho dinero en el intento de acallar las voces críticas.  Que condiciona periódicos y periodistas, financia libelos y censura a los que dicen lo contrario. Que compra informes de prestigiosos profesionales defendiendo sus intereses. Que está lastrando la economía del país a su antojo con los altos costes –irreales y fraudulentos- de la electricidad. Que han conseguido frenar las renovables para seguir alimentando su nicho de negocio basado en el petróleo y en una burbuja gasística que nos han ido imponiendo poco a poco (por cierto vamos a ver si este Gobierno hace caso a la demanda de estos días de la UE de acabar con las primas que reciben las centrales de gas).  Que los múltiples informes de la CNE en contra de todo esto  no han servido para nada, porque siempre terminan saliéndose con la suya.

Satisface que sepamos más también de las petroleras que actúan igualmente como un oligopolio de tres o cuatro empresas que obtienen pingües beneficios, que marcan los precios de los combustibles a su antojo desestabilizando la economía del país  y a las que, igualmente, les importan un comino las sanciones de los organismos de control, porque para ellas son mera calderilla.

Pero no se hagan ilusiones. Es decir, no sean ilusos. El programa de Jordi Évole, que tantos ríos de tinta ha hecho correr y tanta información produjo en la red, no ha hecho variar un ápice sus políticas al Gobierno y a los trust  energéticos. Por lo pronto, la CNE ha denunciado que las petroleras solo bajan los precios los lunes, día que informan a Europa y pasan el análisis del control de tarifas, y lo vuelven a subir el martes una vez pasado el examen. También el pasado día cinco Ignacio S. Galán (Iberdrola) escribía un artículo en el  ABC exigiendo al Gobierno que las medidas que pretenden actuar sobre el sector eléctrico y que se tramitan  como proyecto de ley en el Congreso no sean soportadas “de nuevo” por las empresas eléctricas: “hay que dar un paso hacia el futuro, con criterios claros y eliminando las incertidumbres –como se ha hecho con las reformas laboral y financiera-, y acometer una reforma energética que servirá para la recuperación del conjunto del sistema económico español. Es tiempo de decisiones valientes”.

Y vaya que si es tiempo de decisiones valientes. De entrada José Manuel Soria ha anunciado que se carga la independencia del regulador al integrar la CNE, la CNC y otros reguladores (hasta ahora con presupuesto propio a partir de tasas) en un ente único financiado por los presupuestos del Estado. Fíjense que es tal la barbaridad que la Comisión Europea ha amenazado con bloquear esta fusión dado que “no garantiza la independencia del organismo resultante”. Me imagino que no habrá influido en esta decisión el que Competencia haya llevado ante el Tribunal Supremo, por primera vez en la historia, una medida adoptada por el anterior Gobierno que favorece a las grandes distribuidoras. Pero no es la única decisión bizarra. Hay algunas más: el ministro ha anunciado además que se elevará la compensación de la bonificación que se les  paga en concepto de interrumpibilidad, que irá directamente a aumentar el déficit, claro; ha mostrado la voluntad de subir la tasa eléctrica al 7% para compensar a las grandes industrias y ha avisado que dejará sin precio regulado a siete millones de consumidores, además de anunciar una subida de casi un 700% para un sector importante de la población. Todas estas medidas harán que la luz nos suba de nuevo en enero próximo, como mínimo e inicialmente, en más de un 5% y perjudicará, una vez más, a las familias con menos recursos. Mientras, seguimos sin saber en Canarias de la central hidroeléctrica de Chira-Soria y del desbloqueo de AENA y Aviación Civil a los parques eólicos del sureste grancanario y seguimos sin saber, en el conjunto del Estado, de la tan esperada normativa que permita el autoconsumo, de las acciones para frenar a las fósiles y detener el calentamiento global y de la potenciación de las renovables como nicho de empleos y de vanguardia industrial y tecnológica. Efectivamente, hay quienes creen que es de valientes atentar contra el interés general.

Antonio Morales Méndez
 Alcalde de Agüimes