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ANPIER exige la DIMISIÓN ó el cese inmediato del Ministro Soria.

12-12-12
Carlos Mateu
3336 Lectores
ANPIER exige la DIMISIÓN ó el cese inmediato del Ministro Soria.
Los productores fotovoltaicos tienen muchos motivos para solicitar la dimisión del Ministro Soria. Cuando se encontraba en la Oposición compró el voto de los fotovoltaicos al alegar estar en contra del cambio de reglas de juego en la fotovoltaica.

Anpier, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables, exige la dimisión o el cese inmediato del Ministro de Industria, Turismo y Comercio por agravar, después de un año en el cargo, la situación del sector energético español, cuyo correcto funcionamiento es esencial para la competitividad, el bienestar social y la sostenibilidad.

Anpier considera que existen cinco grandes motivos para que el 2013 comience con relevo en la cartera ministerial:

    Por incumplir el programa electoral y no diseñar un modelo de Estado.

El Programa electoral del PP para las Elecciones Generales decía que “Una economía competitiva requiere de fuentes de energía baratas, seguras y limpias. No podemos escatimar en fórmulas sostenibles de eficiencia y ahorro energético que además nos permitirán cumplir nuestros compromisos internacionales en materia de emisiones” y se añadía que “La recuperación de la confianza en la seguridad del marco jurídico, institucional y supervisor español será esencial para este proceso”

Transcurrido más de un año, el Ministro Soria no ha avanzado hacia el fomento de energías seguras y limpias, ni ha restablecido la seguridad jurídica, ni ha atajado el déficit de tarifa, ni ha sentado las bases de un nuevo modelo energético en España que sea rentable y responsable.

    Por incumplir con la Unión Europea.

El Comisario Europeo de Energía, Günter Oettinger, ha reiterado al Ministro Soria, tanto públicamente como en privado, su desacuerdo con las medidas retroactivas y considera que la reforma del sector energético español es un asunto "urgente" que está siendo seguido desde Bruselas.

La Comisión Europea sentenció en el mes de junio: "Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares" y añadió que "La suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector". El Ministro Soria, se ha manifestado reiteradamente en tesis opuestas a las diagnosticadas desde la Unión Europea.

    Por no atajar el déficit de tarifa, que en buena parte es ficticio.

España sea el país de la UE donde sus ciudadanos pagan la factura de la luz más cara y, sin embargo, han acumulado una “supuesta deuda” con las eléctricas que supera los 24.000 millones de Euros, que deberán abonar nuestros hijos y nietos.

Anpier estima que un 32,36% (52,3 M€ moratoria nuclear, 962,66 M€ sistema pool nuclear y 602,4 M€ sistema pool Hidroeléctrico. Cálculos realizados sobre un aumento del déficit anual de 5.000 M€) del déficit de tarifa es virtual, puesto que se ha generado a través de dos mecanismos imperfectos: el “sistema de pool” y  la “moratoria nuclear”, que sólo han favorecido los intereses de las grandes compañías eléctricas.

El sistema de pool, retribuye todos los megavatios consumidos al mismo precio, con independencia de su origen y, por lo tanto, de sus costes reales de producción. En el año 2012 se pagó el megavatio/hora a 57,564 /MWh, cuando la producción de un megavatio/hora de origen nuclear cuesta 44,37 €/MWh y uno de energía hidroeléctrica 39,00 €/MWh; teniendo en cuenta que el 30% de la energía consumida en nuestro país es nuclear o hidroeléctrica, resulta evidente que se está generando una enorme deuda virtual.

El Ministro Soria, sin embargo, no ha iniciado una auditoria de los costes reales de las energías, que permita aclarar las causas y el montante real del denominado déficit de tarifa, un clamor popular que parece no llegar a sus oídos.

    Por mantener la inseguridad jurídica.

Quebrantada por los cambios retroactivos que introdujeron tanto el Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre de 2010, como el Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre de 2010, y que en su día fueron duramente criticados por el propio Partido Popular, entonces en la oposición, en sede parlamentaria.

Los más importantes fondos de inversión internacionales han llevado a España a los Tribunales internacionales de arbitraje por esta cuestión, cuyas sentencias se conocerán a mediados de 2013 y podrían suponer que los fondos fuesen indemnizados por el daño causado por el Gobierno español al cambiar las reglas del juego.

Los fondos internacionales invirtieron en renovables en España sobre la base de una retribución fijada en el B.O.E. y en un marco regulatorio que se suponía que no iba a cambiar, una confianza basada en el hecho de que España es un país de la Unión Europea. Ahora, estos fondos han descartado seguir invirtiendo en negocios “regulados” en España: como renovables, canalización de gas o servicios de abastecimiento de agua, debido a la desconfianza y la falta de seguridad observada.

    Por no articular un diálogo sectorial y social.

El Ministro Soria no ha mantenido encuentros sectoriales que permitieran un dialogo favorable para el diseño de una nueva política energética de Estado con los actores implicados (regulador, ciudadanos y productores). Los encuentros ministeriales siempre fueron indirectos, a través de técnicos del Ministerio, y fragmentados, con los diferentes interlocutores.

Las evoluciones en la futura regulación se han ido conociendo a través de una política informativa de “recados mediáticos”, que ha generado confusión en la opinión pública nacional e internacional, una batalla entres las diferentes tecnologías de producción y una relación antagónica entre la ciudadanía y las grandes compañías eléctricas.

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