Publicamos transcripción completa del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados sobre el proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.
PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA. (Número de expediente 121/000025).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo, relativo al debate de totalidad del proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor presidente, señorías, comparezco en nombre del Gobierno para la defensa y presentación del anteproyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad del sistema eléctrico.
En primer lugar, me gustaría empezar con una consideración de carácter general. ¿Qué sistema energético quiere el Gobierno para España? Quiere, en primer lugar, un sistema energético que sea seguro, desde el punto de vista del abastecimiento; quiere un sistema energético que sea equilibrado desde el punto de vista de las distintas fuentes y quiere también el Gobierno que dispongamos de un sistema energético que sea sostenible, entendiendo la sostenibilidad tanto desde el punto de vista ambiental como también desde el punto de vista económico y financiero.
Señorías, ¿cuáles son hoy los problemas más importantes del sector eléctrico en España? Son muchos, en opinión del Gobierno, pero fundamentalmente cinco. En primer lugar, en el sistema eléctrico hay un déficit, podríamos decir un agujero acumulado, dado por la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad que consumimos en España y lo que se obtiene por la venta de esa electricidad.
Ese déficit, a diciembre del año 2011, estaba cifrado en torno a 24.000 millones de euros.
Segundo problema, ese déficit está creciendo año a año a un ritmo creciente, que se sitúa en el entorno de los 6.000 millones de euros.
Tercer problema, el déficit acumulado está en los balances de las distintas empresas eléctricas, lo que implica un deterioro de su posición financiera.
Cuarto problema, del déficit de 24.000 millones de euros el Estado ha titulizado —es decir, ya tiene el aval del Estado— un importe de 14.000 millones de euros.
Y quinto problema, el déficit o agujero acumulado en el sistema eléctrico genera cada año un coste adicional para el sistema y, por tanto, un incremento en el recibo global de la luz que pagamos todos los españoles por un importe de 2.200 millones de euros, que viene dado de la cuantía referida a amortización de principal más intereses del déficit que está acumulado.
Señorías, ¿qué ocurriría si no tomáramos ninguna medida en relación con la situación así descrita?
Ocurriría que el déficit acumulado seguiría aumentando año a año; ocurriría que en el año 2015 —de aquí a tres años— el déficit acumulado muy probablemente sería el doble que el actual; ocurriría que la capacidad del Estado para seguir titulizando —es decir, avalando ese déficit— sería cada vez menor; ocurriría que la carga de ese déficit sobre el balance de las empresas eléctricas sería cada vez mayor; y ocurriría que el extracoste para el sistema eléctrico, es decir, para el precio de la luz por la amortización del principal más intereses, sería cada vez más elevado.
Por todo ello, supongo, señorías, que estaremos de acuerdo en que hay que dar solución a los problemas mencionados. Ahora bien, ¿cuál debe ser esa solución?
Es evidente que, si hay un desfase entre lo que cuesta producir y lo que se ingresa por producir, la solución no puede ser otra que ajustar los ingresos y ajustar los costes.
Podremos discrepar respecto a la forma, los procedimientos, las aproximaciones, para disminuir y atajar el déficit de tarifas. Todo es discutible. Ahora bien, lo que parece claro es que cualquier solución que se dé al ajuste y a la solución de este problema ha de pasar, inexorablemente, por un aumento de los ingresos y una disminución de los costes.
¿Cuáles son las opciones que, al menos desde el punto de vista teórico, tenemos para el ajuste?
En primer lugar, podría haber quien piense que todo el ajuste del déficit de tarifa vaya con cargo a los consumidores y vaya repercutido en la tarifa eléctrica. El Gobierno descarta esa opción.
Segunda posible opción, que todo el ajuste para solucionar el déficit eléctrico vaya con cargo a las empresas eléctricas que generan electricidad. El Gobierno también descarta esta opción.
Podría haber una tercera opción, que sería que todo el ajuste vaya con cargo al Estado; ponemos todo el déficit de tarifa eléctrica a los Presupuestos Generales del Estado, con lo cual incrementamos el déficit. Esta opción también la descarta el Gobierno.
Y la que el Gobierno plantea en el proyecto de ley de medidas fiscales que traemos hoy aquí a esta Cámara es una combinación de todas ellas. Eso es lo que ha hecho el Gobierno. Ni el ajuste va al cien por cien con cargo a los consumidores, ni va al cien por cien con cargo a las empresas, ni va al cien por cien con cargo a la Administración del Estado, sino que va de la manera más equitativa posible con cargo a todos los agentes que operan en el sistema.
¿Qué ha hecho el Gobierno desde el pasado mes de enero hasta la actualidad para corregir, en primer lugar, el déficit de tarifa eléctrico que se esperaba para este año 2012? ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno? ¿Qué efectos han tenido? ¿Se cumple realmente, con las medidas que hemos adoptado ya, la previsión del real decreto del año 2009 para que el déficit de tarifa no supere en el año 2012 los 1.500 millones de euros?
Y, además, ¿qué propone el Gobierno para que a partir del 1 de enero del año 2013 se cumpla la prescripción de ese real decreto de 2009, para que en 2013 y en años sucesivos ya el déficit de tarifa no sea ni siquiera 1.500 millones, sino cero euros?
Eso es lo que voy a tratar de exponer en esta intervención. ¿Qué medidas se han tomado hasta la actualidad? Fundamentalmente, se han tomado cuatro:
- el real decreto de 27 de enero de 2012;
- el real decreto de 30 de marzo de este año;
- una orden ministerial que regula los peajes del sistema eléctrico, adoptada el 1 de abril, y
- el real decreto de 13 de julio.
Vamos a ver en qué ha consistido cada una de estas medidas y cuáles han sido los efectos que han tenido en términos cuantitativos.
Real Decreto-ley 1/2012, por el cual se suspendían temporalmente las preasignaciones de primas a nuevos proyectos de energías renovables. En España el problema del déficit eléctrico está producido por distintos factores.
Uno de ellos, no el único, ha sido que a lo largo de los últimos años las primas —para entendernos los subsidios— que se han dado a distintos proyectos de energía dentro del régimen especial han aumentado mucho más allá de lo que estaba previsto y no tenían un límite. Por tanto, todo proyecto de régimen especial fuera eólico, fotovoltaico, termosolar, de cogeneración, de biomasa o de biogas, de lo que fuera, que llegaba al registro del Ministro de Industria se inscribía y a partir de ahí se tenía derecho a la prima. Eso fue aumentando, aumentando y aumentando, hasta que ha llegado un momento en que, si se ejecutaran todos los proyectos de régimen especial que hoy tienen derecho a prima porque se habían inscrito en aquel registro, estaríamos hablando de aquí hasta el año 2020 de un importe total de primas de 70.000 millones de euros, que es inasumible para el sistema eléctrico.
Por tanto, la primera señal que dimos en aquel real decreto fue que a partir de ese momento no puede haber más preasignaciones.
Alguien podría plantear: ¿eso quiere decir que van a frenar la expansión de energías renovables? En modo alguno. Se puede producir, se puede montar un huerto fotovoltaico, se puede montar una planta termosolar y se pueden montar los molinos de viento que se deseen para producir energía eólica; ahora bien, se va a vender la energía eléctrica que se derive a precio de mercado. Venderla a precio de mercado significa hacerlo al precio medio que vale un megavatio en el mercado y ese precio medio del megavatio en el mercado es de 50 euros por megavatio. Pero es que hay tecnologías que no reciben 50 euros por megavatio, sino que reciben 200, y otras 300, y otras 400, y otras 450. ¿Y quién paga esa diferencia desde 50 euros, que es el precio de mercado, hasta 450 euros? Pues lo paga el sistema ¿Y quién es el sistema? Todos nosotros; todos nosotros cuando encendemos la luz. Por tanto, estamos ante un problema no menor. Primera medida, a partir de ahora no puede haber más registros de primas adicionales.
Además, hay otra cuestión. En España hay una potencia total instalada, de todas las tecnologías, si todas produjeran al cien por cien, para obtener 106.000 megavatios al año. Sin embargo, la demanda punta está en 40.000 megavatios. Es decir, tenemos toda esta capacidad y esta demanda. ¿Qué estamos haciendo para aumentar esa capacidad potencial y encima aumentarla a través de sistemas con primas? No podemos permitírnoslo, en otro tiempo probablemente sí, en épocas de bonanza, de abundancia de liquidez, en épocas en las no había restricción dada por el déficit público, pero ahora ya no podemos hacerlo y, por tanto, hemos de dar una solución.
La dimos con aquel real decreto que vino a suponer un freno a la preinscripción de nuevos proyectos que tuviesen derecho a primas y, por tanto, a partir de ese momento ya no se han inscrito más proyectos para —insisto— producir energía eléctrica sin prima. Cuestión distinta es que alguien quiera montar su huerto fotovoltaico y pueda hacerlo con libertad, cumpliendo los requisitos administrativos y vendiendo a precios de mercado. Por cierto, en España hay quien vende energía fotovoltaica hoy ya a precio de mercado y hay quien vende energía termosolar también a precio de mercado, sin prima. Por tanto, no estamos hablando de una quimera o de una utopía; no, es que eso ya está ocurriendo. Decreto uno.
Segunda medida que hemos tomado, el Real Decreto-ley 13/2012, que incorporó determinadas medidas para bajar los costes en la distribución y el transporte de energía eléctrica. Se bajaron los costes de los llamados pagos por capacidad, precios al carbón, lo que percibía el operador del sistema, Red Eléctrica, y las empresas interrumpibles.
Tercera medida dentro de este Real Decreto-ley 13/2012, se incrementaron los ingresos obteniendo los remanentes existentes en determinados organismos públicos, en la Comisión Nacional de Energía y también en el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía. En total, este decreto comportó de cara a la contención del déficit del año 2012 un importe de 1.764 millones de euros.
Después, la Orden ministerial 843/2012, de 1 de abril, sirvió para incrementar los ingresos y contribuir otra vez a que se contuviese el déficit dentro de los límites establecidos en el real decreto del año 2009 y se procedió a un incremento en la tarifa eléctrica para todos los consumidores tanto domésticos como industriales en un promedio del 5,1 %, a razón de: los consumidores domésticos —esos que están incluidos en la tarifa de último recurso— un 7 %; los consumidores del gran residencial y pequeñas y medianas empresas un 4,1 %; el industrial medio un 2,8 % y el gran industrial un 0,9 %. Por tanto, como consecuencia de esta orden ministerial se obtenían ingresos por valor de 1.380 millones de euros.
Hubo otro real decreto, el de 13 de julio, para seguir disminuyendo los costes e incrementar los ingresos. Se redujeron nuevamente los costes de retribución a la red de transporte, se redujeron los costes derivados de los sistemas extrapeninsulares, por tanto, de todo lo vinculado a la generación de electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, todo lo cual comportó 630 millones de euros. En definitiva, con el conjunto de medidas que desde el mes de enero hasta el mes de julio se adoptaron por parte del Gobierno para cumplir el objetivo de déficit de tarifa en el año 2012 se recaudaron 3.586 millones de euros. En realidad no se recaudaron, sino que son mecanismos para disminuir los costes y aumentar los ingresos y que así se limite el déficit de tarifa.
Alcanzado el objetivo del año 2012, que se alcanza como consecuencia de estas medidas —de no haberse tomado, no se habría alcanzado—, ¿cómo tenemos que abordar ahora el objetivo del año 2013, que es que el déficit sea de cero euros? ¿Cuál sería el déficit previsto si no tomamos ninguna medida para el año 2013? Sería un déficit de 5.250 millones de euros. Estas cifras son siempre aproximadas, porque en función de cómo evolucione la actividad económica, la demanda eléctrica, las inversiones podrá ser más o menos, pero las estimaciones del Ministerio de Industria, de acuerdo a su vez con las cifras que nos da la Comisión Nacional de la Energía, están en 5.250 millones de euros. Para ello traemos el proyecto de ley de medidas fiscales de sostenibilidad energética que se incluyen hoy aquí.
Los objetivos de este proyecto de ley son los siguientes:
- en primer lugar, armonizar nuestro sistema fiscal con una utilización más eficiente de los recursos energéticos;
- en segundo lugar, alcanzar la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico;
- en tercer lugar, establecer un marco normativo y regulatorio que garantice para todos los productores un adecuado funcionamiento del sistema eléctrico;
- en cuarto lugar, servir de estímulo para mejorar nuestros niveles de eficiencia energética;
- en quinto lugar, asegurar una gestión más eficiente de los recursos naturales; y
- en sexto lugar, apostar por la sostenibilidad energética, la medioambiental y también la económica y financiera.
¿A qué se van a destinar los recursos obtenidos a través de estas medidas fiscales? Estos ingresos se van a destinar a cubrir determinadas partidas de los costes del sistema eléctrico, que son costes establecidos por la Ley del Sistema Eléctrico del año 1997. ¿Qué medidas incluye el presente proyecto de ley?
Incluye, en primer lugar, impuestos nucleares.
En segundo lugar, un canon a la generación hidroeléctrica.
En tercer lugar, céntimo verde al gas natural.
En cuarto lugar, céntimo verde al carbón.
En quinto lugar, céntimo verde al fueloil y al gasóleo para la generación de energía eléctrica.
Y en sexto lugar, un impuesto uniforme del 6 % sobre los ingresos procedentes de la actividad de la generación eléctrica.
Los impuestos nucleares son fundamentalmente dos: uno, un impuesto que va a gravar la producción de residuos nucleares generados por los reactores nucleares que hay en activo en España. Y el otro impuesto nuclear es el impuesto sobre el almacenamiento de residuos radiactivos.
Voy brevemente con cada uno de ellos.
Impuestos sobre la producción de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear. El hecho imponible de este impuesto es la producción del combustible nuclear gastado más los residuos radiactivos resultantes de la generación de la energía nuclear. El tipo impositivo de este impuesto va a ser un tipo impositivo específico y será de 2.190 euros por cada kilo de metal pesado generado. La previsión de ingresos con este impuesto para el año 2013 es de 269,6 millones de euros.
El segundo impuesto nuclear es el impuesto sobre el almacenamiento de residuos radiactivos. Este es un impuesto que en realidad viene a sustituir a los actuales impuestos que gravan en esta materia las comunidades autónomas para darle una coherencia y una uniformidad a los mismos. Este impuesto lo que pretende, por tanto, es unificar los hechos imponibles hoy dispersos que están gravados por parte de distintas comunidades autónomas.
Da coherencia, no es que aporte recaudación adicional al Estado, porque eso va a seguir siendo recaudación que obtengan las comunidades autónomas y no va a existir merma alguna en ellas como consecuencia de este impuesto. El tercer tributo como medida fiscal dentro de esta ley es el canon a la generación hidroeléctrica. Este es un canon que se va establecer por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica. Es un canon que van a recaudar los organismos de cuenca, destinados a la protección y mejora del dominio público hidráulico. Su hecho imponible es el valor económico de la energía hidroeléctrica producida. El tipo será ad valorem, del 22 % sobre el valor económico de la energía hidroeléctrica producida, y la previsión de ingresos para el año próximo, 2013, será de 304,2 millones de euros. ¿Cuál sería, por tanto, el impacto de estos impuestos nucleares y del canon para las centrales nucleares e hidráulicas? Sería un impacto total de 574 millones en euros, que viene de la suma de lo que se estima recaudar en los términos que con anterioridad les he expuesto.
Tercer tributo, céntimo verde al gas natural. Es un tributo que va a recaer sobre todos los consumidores y que se establece en términos de 2,79 céntimos por metro cúbico de gas, con un efecto para el año 2013 de 804 millones de euros.
Cuarto tributo, céntimo verde al carbón. Se establece un tipo específico de 14,97 euros por tonelada, con un efecto para 2013 de 268 millones de euros.
Quinto tributo, céntimo verde al fueloil y al gasóleo, 12 euros por tonelada de fuelóleo y 29,15 euros por cada 1.000 litros de gasóleo, con un efecto para el año 2013 de 38 millones euros.
Sexto tributo que establece esta ley de medidas fiscales, impuesto sobre la venta de energía eléctrica. Este es un tributo estatal de carácter directo y naturaleza real que grava la realización de actividades de producción de la energía eléctrica. Su hecho imponible está constituido por la venta de la producción de energía eléctrica, la base imponible está constituida por los ingresos totales que se perciban como consecuencia de la venta de esta energía eléctrica y los ingresos vienen dados por el precio de mercado más la prima, en su caso si la tienen, y todo ello multiplicado por la cantidad de energía vendida por parte del sujeto pasivo de cada una de las instalaciones. El tipo es ad valorem único del 6 % y se aplica a los ingresos obtenidos por cada una de las instalaciones de producción de energía eléctrica. La cuantía total estimada de recaudación por este tributo es de 571,7 millones de euros. En ningún caso la energía imputable a la utilización de un combustible fósil en una instalación renovable no consumible podrá ser objeto de régimen económico primado. Esto significa que en el proyecto de ley que presentamos la parte de energía termosolar que se produce no con sol, sino con gas —combustible fósil—, que puede llegar a un 15 %, y que hasta este proyecto de ley está primado como si fuera un régimen especial, deja de estar primado en la parte que se produce con gas. ¿Por qué? Porque en coherencia con este proyecto de ley, que significa medidas fiscales para la sostenibilidad del sistema energético, no parece que hablando de sostenibilidad tenga sentido primar la producción de energía eléctrica, aunque esta sea termosolar, cuando en la parte termosolar se esté produciendo con gas. Esa es la razón por la cual queda excluida de este proyecto de ley.
Finalmente, ¿cómo se distribuye entre todos los que intervienen en el sistema la carga de esta recaudación tanto referida al año 2012 como al año 2013? Para el año 2012 el conjunto de empresas soporta el 44 % del ajuste y los consumidores más la Administración pública un 56 %, todo ello referido a las medidas, reales decretos y orden ministerial, a las que hice referencia al principio de la exposición.
En el año 2013, en cambio, las empresas soportan un 55 % y consumidores y Administración un 45 %. Si consideramos globalmente la distribución de estos ajustes, teniendo en cuenta el de 2012 y el de 2013, resulta que las empresas soportan un 50 % y consumidores y Estado un 50 %.
Termino. Como ven, este es un proyecto de medidas fiscales que tiene como objetivo obtener ingresos necesarios para que a partir del principio de la sostenibilidad medioambiental y financiera del sistema una parte —no todo— del déficit de tarifa previsto para 2013 pueda ser financiado con cargo a estos ingresos.
¿Es posible eliminar o impedir que se genere ese déficit con otro tipo de medidas fiscales? Probablemente. Si las hay, desde luego al Gobierno le gustaría escucharlas. Pero querría decirles que al final estos son vasos comunicantes.
Si lo que tenemos que obtener es una cifra global, en la que con la consecución de la misma se tapone el déficit para el año 2013, si una medida se flexibiliza, tiene que ser porque otra aumenta por otro lado.
Por tanto, el Gobierno está dispuesto a escuchar, a analizar, a estudiar propuestas que vayan en el sentido de hacer modificaciones; pero, eso sí, cuando se plantee bajar por un lado que al mismo tiempo se diga la alternativa de por donde subir. Porque ciertamente quiero decirle, señoría, que no ha sido fácil resolver esta ecuación, ya que al final esto es un juego de suma cero: lo que baje por un lado ha de subir por otro; lo que suba por un lado ha de bajar por otro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado cinco enmiendas a la totalidad de devolución y una enmienda de La Izquierda Plural con texto alternativo. Comenzamos por el Grupo Mixto, pero en este trámite después de la enmienda a la totalidad intervendrán los miembros del Grupo Mixto para fijar su posición.
Para la defensa de esta enmienda a la totalidad de devolución por parte del BNG tiene la palabra la señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, entre la exposición de motivos de este proyecto de ley y su contenido así como el contenido de la propia exposición de motivos hay grandes contradicciones. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Por un lado, la exposición de motivos afirma que el objetivo de este proyecto de ley es armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Sin embargo, tanto en el contenido como en su argumentación, crea una serie de tributos que no son bajo nuestro punto de vista los instrumentos adecuados para avanzar en una fiscalidad que desincentive comportamientos contaminantes e internalice los costes medioambientales derivados de la producción de la energía eléctrica, sino que pensamos que su principal finalidad es la recaudatoria.
El ejemplo más evidente lo encontramos en la introducción del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica que grava la producción de energía eléctrica con independencia de si se trata de una fuente limpia o no. Por lo tanto no diferencia entre energías fósiles y energías renovables, y en consecuencia no se produce una discriminación en función del origen de la energía, obviando el principio de quien contamina paga.
La creación de impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos resultantes de la generación de energía no ocultan la ausencia de una estrategia para avanzar en una fiscalidad verde digna de tal nombre; ni tampoco ayudan a reorientar el modelo productivo hacia una economía más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Para el BNG, como ya mencionamos, el principal objetivo de estas medidas es el recaudatorio y mucho nos tememos, señor ministro, que la carga fiscal que supone la introducción de estos tributos acabará trasladándose en buena parte al consumidor, al sistema, como usted lo ha denominado en su intervención. Esta es nuestra principal preocupación.
Por otra parte, este proyecto de ley se suma a otra normativa en la misma línea aprobada ya por el Gobierno en materia energética, y que usted también ha mencionado. Una normativa que frena el desarrollo de las energías renovables cuyo ejemplo más claro es el Real Decreto-ley 1/2012, que contempló la supresión de las primas en las energías renovables, y que supuso el toque de gracia al sector eólico en Galicia y a los puestos de trabajo que estaba destinado a crear, en un país además con un enorme potencial para el desarrollo de dicho sector.
En la aprobación del presente proyecto de ley en el Consejo de Ministros se anunció en aquel momento por parte de la señora vicepresidenta que la reforma era necesaria para cumplir con los objetivos de déficit en general y también de déficit o agujero —como usted lo ha llamado— tarifario. El BNG considera que no se cumple ninguno de los objetivos citados. Para avanzar en el cumplimiento del déficit el BNG ha expuesto en numerosas ocasiones la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal integral que impulse los principios de equidad, justicia y progresividad del conjunto del sistema fiscal, de manera que pague más quien más tiene. Esta reforma permitiría conseguir recursos para reducir el déficit público. Sin embargo el Gobierno se niega sistemáticamente a abordarla, haciendo recaer en las mayorías sociales los costes del ajuste presupuestario en forma de drásticos recortes sociales.
Tampoco creemos, señor ministro, que el proyecto presentado contenga medidas que permitan avanzar en la reducción del enorme déficit tarifario existente, puesto que obvia la principal causa que genera dicho déficit. Para el BNG la causa estructural del déficit tarifario, con independencia de la incidencia de diversos factores coyunturales, reside en un sistema de generación de precios totalmente opaco e injusto, establecido en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en la que el precio final de la electricidad en el mercado mayorista viene determinado por el precio de la última oferta aceptada. Puesto que existen tecnologías que producen a unos costes muy inferiores, este mecanismo genera a los propietarios de estas instalaciones de producción unos beneficios extraordinarios, los conocidos en el sector como beneficios llovidos del cielo, especialmente en el caso de tecnologías casi o totalmente amortizadas, como sucede con las hidroeléctricas y la energía nuclear. Así, se nos dice que existe déficit tarifario porque el precio de la electricidad no cubre los costes de producción, sin embargo el problema reside realmente en la metodología empleada para el cálculo del coste de producción, a través de las subastas en el mercado mayorista. Esto es justamente lo que resuelve la paradoja de que los beneficios de las grandes empresas eléctricas sean hoy mucho mayores que los beneficios que obtenían antes de la liberalización del negocio de la producción, cuando se ligaba el precio de la energía al coste real de producción de cada una de las tecnologías. Así, los efectos de este sistema para el consumidor no pueden ser más perniciosos.
El incremento anual del precio de la electricidad es mayor que el IPC desde el año 2006. De hecho la subida del recibo eléctrico como mínimo ha duplicado al IPC en todos estos años, exceptuando el año 2007. Querer acabar con el déficit tarifario aplicando nuevos impuestos que repercutirán también en las industrias, como principales consumidoras de energía, solo traería problemas mayores. En Galicia alrededor de 120 industrias, algunas de ellas estratégicas para nuestra economía como las del sector maderero o el de la alimentación, utilizan la cogeneración para funcionar y con esta ley reducirían su competitividad, aumentarían los costes de producción, y se verían obligadas a despedir a miles de trabajadores. Por lo tanto, señor ministro, es necesario realizar las modificaciones necesarias para corregir este gran problema estructural en el mercado mayorista de la electricidad, causante de gran parte del déficit tarifario ya existente. Ante la intensidad de la actual crisis y las dificultades de las familias y las empresas es más necesario que nunca modificar la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.
Para terminar quiero decir que este proyecto de ley no avanza en una verdadera tributación ambiental y como consecuencia, primero, no garantiza mayor sostenibilidad, segundo, no ofrece incentivos que fomenten un cambio de modelo productivo, y desde luego, señor ministro, no resuelve el problema del déficit tarifario que acaban pagando los ciudadanos cada vez a un precio mayor.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, tiene que terminar.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Por lo que el BNG solicita la devolución al Gobierno de este proyecto de ley de medidas fiscales, sí, pero de inexistente sostenibilidad energética desde el punto de vista medioambiental.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.
Por el mismo grupo, señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Por los dos minutos de que dispongo intervendré desde el escaño y muy esquemáticamente. El señor ministro decía que efectivamente nuestro parque de generación eléctrica tiene 106.000 megavatios instalados y la demanda de consumo diario solo llega a 40.000. Este es el problema y la dura realidad. En España tenemos un puzzle energético que es un tetris imposible de encajar sin dolor, porque sobran piezas. Es verdad que podemos buscar responsables de esta situación, y yo creo que los hay más en la bancada de la izquierda que en la de la derecha, pero es verdad que nadie —me temo— estaría libre de culpa. Aquí trabajamos la pasada legislatura por buscar un gran acuerdo sobre energía, que no se consiguió, pero sería una buena noticia recuperarlo, y desde luego es verdad que no hacer nada hoy no es una solución. Como el tema es muy complejo, debemos ser extremadamente rigurosos para aplicar la medicina exacta que necesita el paciente, ni mucha ni poca, y en todo caso repartida proporcional y equitativamente.
Es verdad que la reforma tiene una virtud y un defecto, porque ciertamente no ha gustado a nadie, y también es cierto que los afectados, parece ser —los subsectores—, no se habrían sentido escuchados, y a nuestro juicio la propuesta del Gobierno es mejorable. En todo caso quiero decir que todavía obviamente queda pendiente una verdadera reforma de la energía en nuestro país. En todo caso no me da tiempo a comentar las dieciocho enmiendas que nosotros hemos presentado. No hemos presentado enmienda a la totalidad ni la vamos a aceptar, pero sí es verdad que creemos que algunos temas se pueden solucionar y algunos otros se deben plantear mejor. Nosotros, como le digo, hemos presentado dieciocho enmiendas que afectan a muchos subsectores, y en todo caso también hemos añadido una última enmienda en la que pedimos al Gobierno un informe para que detalle el estado de maduración y la realidad de las curvas de aprendizaje de las distintas tecnologías, así como los niveles de amortización de las distintas inversiones de generación eléctrica para poder ajustar con proporcionalidad y justicia las rentabilidades razonables a cada uno de los generadores.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.
Por el mismo grupo, señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.
Intervendré igualmente desde aquí por el tiempo limitadísimo con el que contamos. Realmente creo que lo primero que tenemos que plantear desde Coalición Canaria-Nueva Canarias es que hay una especie de distorsión entre el título de este proyecto de ley y su desarrollo, de forma que en la exposición de motivos su propio título habla de sostenibilidad energética, y sin embargo la concreción en el articulado realmente a lo que se refiere es al conjunto de un incremento de impuestos que podía haberse planteado de forma menos indiscriminada. No son los mismos los distintos modos de producción ni sus repercusiones sobre la economía y sobre el medio ambiente. Por tanto creemos que hay una pérdida de oportunidad que reclamamos que después de este debate se recupere. Estamos hablando de un sector especialmente opaco, de una complejidad difícil de entender. El señor ministro ha explicado antes muy bien que la capacidad total instalada está por encima del doble de lo que requeriría el Estado español en el caso de precisarse un pico energético. Esta es la primera cuestión que creemos que habría que aprovechar.
Una segunda consideración está relacionada con los distintos modos de producción energética. Desde luego, y aterrizando rápidamente, respecto a las necesidades de un sistema extrapeninsular, insular aislado como es el sistema canario, es evidente que no es lo mismo hablar de una forma de producción energética que de otra. Nosotros continuamos esperando que se contemple la necesidad de que los sistemas insulares avancen básicamente a partir de las energías renovables, por ser más baratas y sostenibles, por disminuir la tradicional dependencia energética, y por incrementar la autosuficiencia energética a partir de fuentes limpias de producción de energía. Por ese motivo no hemos formulado una enmienda a la totalidad, pero vamos a apoyar las distintas enmiendas planteadas, en el bien entendido de que lo que estamos diciendo es que se aproveche esta oportunidad para regular de verdad el sector y para hablar de la sostenibilidad energética en el futuro en el conjunto del Estado.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.
Por el mismo grupo, señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señores del Gobierno, ¿cuál es su verdadero modelo energético? Este proyecto de ley incurre en un vicio profundamente arraigado en este Gobierno del Partido Popular. En la parte expositiva argumenta contenidos que podemos aceptar todos, pero en su articulado muestra su verdadero rostro y su verdadero modelo energético, y es que del dicho al hecho hay un trecho. Summa cum laude, señor Soria. Una vez más los hechos delatan sus palabras, cuando el propio ministro Arias Cañete se desautoriza y dice que los compromisos medioambientales no son prioritarios. ¿Es que acaso un ministro no debe cuando menos defender sus propias competencias? Ya vendrán —por supuesto que vendrán— los recortes de la mano del ministro Montoro Manostijeras, ¡claro que vendrán! También lo delatan los reales decretos 1 y 17, pero sobre todo este proyecto de ley de moratoria de las primas a las renovables, donde el déficit tarifario parecer ser la excusa para hincar las tijeras hasta el fondo y el impuesto del 6 % la fórmula mágica. Pero este impuesto atenta gravemente al principio de igualdad cuando grava de manera exactamente igual a todos los productores, sean multinacionales o autónomos, contaminen o no. Esto es una simple y sangrante recaudación que encarecerá el precio al consumidor, que cerrará empresas de generación de energías renovables, y que se aleja gravemente de la sociedad limpia de carbono. ¿Acaso con esta recaudación va a revitalizar la comarca de Garoña? Ustedes dirán que tienen decenas de programas, planes y compromisos con el Fondo de carbono, con el Cielo Único Europeo, con el libro blanco o con el céntimo verde. Son coloridas palabras vacías. Yo observo los hechos —los presupuestos, la Ley de Costas, los trasvases de agua, el tren de alta velocidad— y veo el futuro negro, sucio y contaminado como este cielo con millones de toneladas de carbono. Además hoy día hay un excedente de energía del 35 % y seguimos importando el 80 %, porque el modelo actual está agotado y es mortal de necesidad.
Voy acabando, señorías. Den un giro de 180 grados en la estrategia hacia la soberanía energética, dejen de gastar millones de euros para reducir virtualmente los números de emisión de carbono e inviertan en el sector de las renovables desde el Estado. Con ello, además de generar un servicio energético eficaz, generarán cientos de miles de puestos de trabajo y limpiarán la atmósfera para garantizar la salud de las personas y de la tierra madre. Este es, señor ministro, el modelo energético que defendemos. Y para ello nos reafirmamos una vez más en la necesidad de la soberanía de Euskal Herria.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Errekondo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señorías, creo que todos coincidimos en que la energía es un pilar esencial para el correcto funcionamiento de nuestra economía. De la energía depende la competitividad de nuestro tejido industrial, la sostenibilidad del medio ambiente, el bienestar de los ciudadanos, y en definitiva el desarrollo económico y social. Los retos a los que se enfrenta el sector energético son muchos y muy importantes. Por señalar solo algunos citaré, siendo consciente de que hay otros muchos, la dependencia energética, los elevados precios de la energía y el cambio climático, todos ellos de alcance global, sin olvidarme de la problemática específica del déficit tarifario, al que luego me referiré. Dichos retos a los que hay que enfrentarse necesitan propuestas de solución para dar confianza, seguridad y estabilidad no solo a los consumidores, sino al total del sector de la energía, que es estratégico en el sistema productivo.
Es necesario reforzar la política climática y energética disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero y confiando cada vez más en fuentes de energía renovables en lugar de en combustibles fósiles que resultan altamente emisores de CO2. Al mismo tiempo se debe trabajar en asegurar un mercado integrado europeo de la energía en beneficio de los consumidores y de las empresas que integre definitivamente al Estado español en Europa. Todo ello necesita por lo tanto de la definición de una política energética, que se defina un modelo energético claro para afrontar todos estos retos en el medio y largo plazo, de forma que los diferentes actores puedan visionar el camino por donde avanzar y tomar sus pertinentes decisiones estratégicas, en un marco de absoluta seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, de la cual actualmente carece la regulación energética española.
Debemos ser conscientes de que ello ha conllevado, entre otras cuestiones, la falta de estabilidad y seguridad jurídica, a una clara huida de las inversiones e inversores del sector energético en un momento tan importante para la economía del Estado que a su vez influye en la perspectiva de otros inversores en sectores diferentes al energético. Si a ello le unimos el desequilibrio existente entre ingresos y costes en el sector eléctrico, es decir, el famoso déficit tarifario, que comenzó hace una década sin que se abordara con seriedad su solución, nos encontramos con un escollo importante para un buen desarrollo de la política energética del futuro; sin solventar el mismo no hay política estable posible.
Como bien conocen el sector eléctrico ha registrado un fuerte crecimiento de sus costes en la última década al asumir costes no relacionados directamente con el suministro eléctrico: la financiación de los apoyos de las energías renovables, las subvenciones al carbón, las subvenciones a los sistemas eléctricos extrapeninsulares, anualidades del déficit tarifario, financiación de los planes de eficiencia energética, etcétera, y al asumir en exclusiva el esfuerzo del desarrollo renovable. Los sucesivos Gobiernos no han trasladado a las tarifas de acceso gran parte de este incremento de costes para no asumir los costes políticos derivados de ello, generándose un déficit de tarifa con carácter estructural de unos 5.000 millones de euros anuales y 28.000 millones de euros acumulados. Como resultado de lo anterior, a pesar de contar con un mercado energético teóricamente competitivo, el precio final que asumen nuestros consumidores y empresas se sitúa entre los más elevados de Europa, lo que tiene un impacto muy negativo sobre nuestra competitividad, y por tanto sobre el crecimiento económico y el empleo.
El proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de 28 de septiembre de 2012, tiene como motivos y por lo tanto como objetivos, según reza literalmente su enunciado, los siguientes: armonizar el sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad. La sostenibilidad ambiental requiere de un marco normativo y regulatorio que garantice a todos los agentes el adecuado funcionamiento del modelo energético, que además contribuya a preservar nuestro rico patrimonio ambiental. Uno de los ejes de esta reforma tributaria será la internalización de los costes medioambientales derivados de la producción de energía eléctrica, como estímulo para mejorar la eficiencia energética y que contribuya a la integración de las políticas medioambientales. Pues bien, ninguno de esos objetivos está en el fondo de esta ley, que no pretende sino la imposición de puras y duras medidas fiscales mediante nuevos impuestos con el objetivo de intentar tapar el déficit de tarifa que se genera cada año. Entendemos claramente que hay que darle una solución urgente, pero siempre, señor ministro, desde la coherencia.
El Gobierno ha optado por sacarse de la manga una nueva batería de impuestos discriminatorios, sin ninguna justificación ambiental ni económica, que acabarán siendo pagados por los consumidores y los generadores más eficientes. Además no solo no ha sido consensuada con los sectores afectados ni con los consumidores, ni siquiera ha sido comentada con los mismos, por no hablar de la falta de interlocución, al menos con nuestro grupo parlamentario, que siempre ha tendido la mano para un diálogo eficaz que permitiera dar solución a los problemas que se plantean en el sector energético.
Para hacer frente a esta situación el Gobierno a nuestro entender en estos diez meses debería haber planteado, en primer lugar, una verdadera reforma del sector energético, es decir, qué modelo energético ambientalmente sostenible queremos y qué costes estamos dispuestos o podemos asumir para su desarrollo, de forma que garantice la certidumbre regulatoria a largo plazo, la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria, que también garantice la sostenibilidad económica del sector, la seguridad de suministro y descarbonice la generación eléctrica. Y una vez planteado el modelo energético que se quiere para el futuro y en coherencia con el mismo, plantear la solución en paralelo al importantísimo problema del déficit tarifario. La reforma que vemos está muy alejada de dar señales medioambientales coherentes y tiene un evidente objetivo recaudatorio, con elevadas dosis de improvisación y sin los rigurosos estudios que deberían soportar no solo las parametrizaciones de los impuestos concretos, sino la cuantificación de los efectos colaterales negativos que la nueva norma generará.
Por señalar algunos ejemplos diré que en el Estado español hay centenares de empresas industriales y manufactureras donde los procesos productivos requieren energía eléctrica y térmica, vapor o calor, véase la industria química, automovilística, ganadera, papelera, alimentaria, farmacéutica, petroquímica, etcétera, que han invertido en cogeneración para tratar de reducir uno de los costes más importantes, la energía, y tratar de ser competitivos. Esta industria es la generadora del 40 % del PIB industrial y del 62 % de los puestos de trabajo en la industria. Las medidas fiscales propuestas, de cargarlas con un 6 % de impuestos sobre las ventas de energía y del céntimo verde del gas, golpean su cuenta de resultados con el efecto devastador que ello puede tener. Hay también casi un millar de minicentrales hidroeléctricas, poseídas de varios centenares de empresas, calificadas como pymes, y que crean mucho empleo repartido por la geografía del Estado, que se van a ver claramente perjudicadas por las medidas fiscales propuestas de cargarlas con un 8,2 del impuesto, y con cánones sobre las ventas de energía que el proyecto de ley desea implementar, y a otras fuentes renovables como termosolares o tratamientos de residuos. Muchas de estas empresas, como usted bien sabe, señor ministro, están en Euskadi y es nuestra obligación defenderlas. Por todo ello creemos que es un error tratar de establecer las medidas para la solución del déficit tarifario sin haber defendido el modelo energético de futuro que queremos y necesitamos, pues hacerlo al revés dará como resultado medidas que podrían ser contrarias al futuro modelo energético.
Los pilares básicos que el Grupo Vasco preconiza como modelo energético para el futuro deben contemplar, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento del famoso Plan 20 20 20: una reducción del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, un aumento del 20 % de la cuota de energías renovables, y una reducción del 20 % del consumo de energía mediante la eficiencia energética para el año 2020. Y no ha empujado pertinazmente los trabajos desarrollados tanto desde dentro como fuera del Parlamento, de forma que en la citada política energética del próximo futuro se reflejen los objetivos básicos de competitividad, sostenibilidad y seguridad de suministro, de forma que se materialice bajo los siguientes aspectos. El aspecto de la competitividad supone que un mercado en competencia reducirá los costes para los ciudadanos y empresas y estimulará la eficiencia energética en la inversión, lo cual redundará en la mejora del sistema productivo y en las propias economías familiares. El aspecto de la sostenibilidad conlleva la promoción de las políticas ambientalmente sostenibles para combatir el cambio climático. Finalmente, está el aspecto de la seguridad del suministro. Las medidas para un funcionamiento eficaz y competitivo del mercado interior de la energía pueden ofrecer importantes ventajas en términos de seguridad de la oferta y los altos estándares del servicio público, como la capacidad de interconexión o el propio desarrollo de la producción de electricidad mediante energía renovable, o la capacidad de respaldo de la producción con gas y sus adecuados incentivos. En definitiva, la propuesta que nos traen, a nuestro modo de entender, es un parche que no soluciona ni el problema del déficit ni lanza señales medioambientales al no abordarse con rigor ambos elementos. Por todo ello, proponemos una enmienda a la totalidad constructiva. Proponemos la retirada del proyecto de ley pensando que permitirá —en un marco de mayor diálogo que el existente y en el que nos ofrecemos a una colaboración leal y constructiva— plantear modelos energéticos sostenibles de verdad y que no tengan efectos colaterales en los múltiples elementos que acompañan al suministro eléctrico. En opinión del Grupo Vasco, ni cumple con los objetivos que anuncia ni aborda las medidas que han de ser implementadas para la corrección de las ineficiencias del sistema. No compartimos en modo alguno que la solución al sistema eléctrico pueda pasar por el incremento de impuestos a las industrias y cánones a las hidráulicas. Por el contrario, entendemos que perjudica a la competitividad de las empresas y la industria —eso al Grupo Vasco nos preocupa enormemente—, por lo tanto perjudica al empleo en un momento tan sensible y tan delicado como el que estamos viviendo. Por ello, esperando que el Gobierno tenga la voluntad de acordar y pactar sobre la base de las enmiendas que hemos presentado al proyecto, votaremos la enmienda a la totalidad por la que se solicita la devolución del mismo para que sea modificado en el sentido propuesto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el grupo Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, me parece que no voy a ser muy original en las cosas que le voy a decir, porque son tan evidentes que todos los grupos precedentes las han ido repitiendo y me temo que los sucesivos también. Como ustedes han presentado como un éxito de su proyecto de ley el que casi todos los sectores afectados se han quejado, igual también consideran un éxito de la ley el que todos los demás grupos nos quejemos de los mismos puntos débiles de su ley. Francamente, creo que no es así. Usted nos ha hecho un repaso, con un cierto tono triunfal, por las diferentes medidas que su Gobierno ha ido tomando en materia de política energética, pero la verdad es que creo que no hay ninguna razón para enorgullecerse de una coherencia o de una planificación que sigue brillando por su ausencia. Le voy a poner un ejemplo a vuelapluma, y se lo pongo yo que no soy un experto, por lo tanto es un ejemplo al alcance de cualquier persona que haya observado la política energética de su Gobierno o quizá la improvisación en materia de política energética. Cuando ustedes suprimieron las primas a las renovables, uno de los sectores que quedó al margen de esta supresión, o que quedó menos tocado, fue el de la termosolar. Pues ahora, a la energía termosolar que había quedado con unas reglas de juego equis se le vuelven a modificar las condiciones de juego, porque con la subida fiscal del uso del gas también pasa a perder competitividad, rentabilidad, etcétera. Es decir, estamos asistiendo a un constante cambio de las reglas del juego y a una constante inseguridad jurídica también en el campo de la inversión. Lo de siempre. Lamento tener que decirlo. Seguimos sin tener, o a que su Gobierno nos traiga aquí, un proyecto de política energética digno del tal nombre. No lo decimos ni siquiera los grupos de la oposición de la Cámara, no se trata de fastidiar y no ser constructivos, es que lo dice también un informe muy reciente de la Comisión Europea titulado Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España, que hace bastante referencia a los fallos de política energética y a su repercusión en la crisis económica y, sobre todo, en su empeoramiento. Le voy a leer un párrafo muy breve porque luego me referiré algo más a una de estas cuestiones. Dice el informe de la Comisión Europea: Aunque una reducción de los costes de la electricidad debería contribuir a disminuir el déficit tarifario —a lo que usted ha hecho referencia fundamental en su intervención. Sigo la cita— la subida de las tarifas aplicadas a los consumidores puede frenar el consumo interno y reducir la competitividad exterior de las empresas. Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario, a favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas ya amortizadas, o a mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de carbón. Estas medidas no se han traducido en menores precios por lo que obstaculizan el crecimiento económico. Fin de la cita.
Como supongo que todos estamos de acuerdo en que uno de los objetivos básicos de una política energética en la actualidad debería de ser revitalizar la actividad económica, creo que eso es lo primero que debería tenerse en cuenta a la hora de evaluar su proyecto de ley. En ese sentido, no puede ser una evaluación más negativa porque, como ya le han dicho y seguro que se lo van a volver a decir, esta es una ley básicamente recaudatoria. Es verdad que invoca nobles conceptos como el de sostenibilidad, el del respeto medioambiental y el de un mix energético más activo en este sentido, pero a la hora de la verdad utiliza esto como pretexto para lo que no es otra cosa que una serie de medidas fiscales recaudatorias, que además al final van a repercutir siempre en los consumidores. Además, usted ha dicho antes haciendo un ejercicio de justicia distributiva que el coste de estas medidas fiscales se va a repartir a partes casi equitativas entre empresas, administraciones y consumidores. Hemos de decir que en gran parte esta fiscalidad nueva acabará repercutiendo en las tarifas eléctricas casi con total seguridad. Espero que no hayan incurrido ustedes otra vez en la misma ingenuidad con la que nos vinieron aquí con el asunto de los desahucios, diciendo que con un código de buena conducta los bancos se iban a comportar estupendamente en esta materia, y que ahora piensen que ocurrirá igual y que las grandes empresas eléctricas también serán piadosas, se compadecerán del pobre consumidor y no repercutirán en la factura lo que sencillamente su proyecto de ley les permita hacer, que es repercutirles el aumento de fiscalidad. Además, la parte que corresponde a las administraciones también va a ser sufragada por los mismos consumidores, vía evidentemente impuestos del Estado, de manera que al final al menos más de la mitad de esta fiscalidad del proyecto de ley va a repercutir de una manera o de otra en los consumidores particulares.
Respecto a los consumidores industriales, también se ha hablado de esto y seguro que se va a hablar más, el asunto es todavía —no sé cómo calificarlo para que no parezca algo demasiado derogatorio— más irracional. Si la economía actual pende de un hilo, y ese hilo es gran parte la economía exportadora basada en la industria y resulta que encarecemos la energía de la industria, de tal manera que se habla ya de un aumento de costes del 15 % y además se castiga a políticas energéticas que han sido eficientes como la de cogeneración de grandes industrias, al convertirla de repente de un día para otro en producción de electricidad también gravada por el Estado, ¿qué es lo que estamos haciendo? No solamente acabar con la competividad industrial sino profundizar en la fosa, en el agujero de la crisis económica en el que ya estamos. Como decía alguien antes, igual ya hemos llegado al fondo, pero siempre se pueden excavar túneles. De manera que este podría ser un túnel que acabara ya definitivamente de desanimar la actividad industrial en España y por lo tanto agravar la crisis. Así el objetivo fundamental de su ley, que es obviamente aumentar la recaudación para disminuir el déficit público, también fracasaría porque al final acabarán recaudando menos, entrando en la espiral perversa de rendimientos decrecientes en la que ya está por ejemplo nuestro país vecino Portugal y otros Estados de la Unión Europea.
Si vamos repasando luego los objetivos que se planteaba la ley en su exposición de motivos nos encontramos con una suma de contradicciones, de paradojas, por tanto con una solución chapucera a todas ellas. Si el gran problema del déficit tarifario en España —en esto existe consenso incluso en la Comisión Europea— viene como consecuencia de una mala regulación del mercado, aborden de una vez la regulación del mercado comenzando por un conocimiento público de la verdadera estructura de la formación de precios, que sigue siendo un campo misterioso prestado a todo tipo de especulaciones. Como digo, no soy un experto para nada en esta cuestión, pero como me he ocupado de ello por reparto del trabajo parlamentario en nuestro grupo estoy verdaderamente interesado y muy entretenido, porque no importa con quién se hable da una explicación completamente diferente de cómo es el mercado de la energía en España. Hay un problema de opacidad. Aborden el problema de la opacidad, consigamos un mercado mucho más transparente, sepamos realmente lo que cuesta la producción en las diferentes fuentes de energía de la electricidad y a continuación veamos qué medidas fiscales corresponden. Que haya una subida lineal para todo el mundo del 6 %, completamente al margen de su eficiencia, es evidente lo que está haciendo, está desincentivando la eficiencia y al final aumentando también linealmente el coste de la energía de la tarifa eléctrica. Lo mismo ocurre con la competencia. El mercado de la energía español, no es que lo digan solamente los antisistemas —entre comillas—, lo dice todo el mundo, es un mercado con rasgos oligopólicos, y hay que acabar con ellos. Como consecuencia de estos rasgos oligopólicos y de los bandazos lamentables en política energética de los últimos Gobiernos, tenemos un mix energético muy caro. Habrá que afrontarlo y no solamente decir que tenemos una potencia instalada enorme y que consumimos mucho menos, luego nos sobra parte del mix y allá cada cual, que cada palo sostenga su vela.
Fines medioambientales. Hay contradicciones tan patentes como invocar fines medioambientales y luego la fiscalidad castiga más a los que producen menos dióxido de carbono, pero los que producen más, como carbono y fuelóleos, tienen menos fiscalidad. ¿Cómo se explica esto? Habrá claves arcanas que quizás usted quiera explicarnos, pero desde el punto de vista simplemente de saber contar esto es completamente contradictorio. Si se trata de reducir las emisiones de CO2, habría por tanto que penalizar fiscalmente más a quien más produce, no a quien menos. Añadamos que en el caso del carbón no solamente hay un impuesto sobre la energía producida por carbón sino que además está subvencionado; en fin, cosas verdaderamente difíciles de justificar.
Como le digo, a nosotros lo que realmente nos preocupa es el daño que hace esta ley a la competitividad de las industrias españolas. He leído por ahí —no lo ha expresado usted con claridad— que al parecer al final esto se podrá tratar con las industrias afectadas en forma de posibles exenciones. Entonces estaríamos en lo de siempre, en ingeniería contable que no resuelve los problemas de fondo del déficit público y que lo que hace es trasladar deuda de un año para otro. Si luego se va a retribuir o a devolver a las empresas que tienen cogeneración lo que han tenido que pagar por el impuesto sobre producción de electricidad o sencillamente por la subida de la tarifa, lo que estaríamos haciendo es eso, según entiendo. Finalmente, ocurre lo mismo con el reparto fiscal. Es decir, es muy loable que por fin un gobierno haya descubierto que del coste del tratamiento de los residuos nucleares, de los que se hace cargo el Estado, deberían hacerse cargo las empresas que los producen. Si ustedes los ponen como parte del coste de producción de la energía esto se va a trasladar finalmente a la tarifa eléctrica. ¿Por qué no lo trasladan —es una sugerencia; considérenlo ustedes— al impuesto sobre sociedades para que lo paguen realmente las empresas y no solamente los consumidores? Lo mismo ocurre con el impuesto sobre el gas, que castiga la cogeneración, aparte de aquello a lo que ya me he referido del extraño cambio de reglas de nuevo respecto a la termosolar. En su momento hablamos en Comisión —quizá se acuerde usted— de que era también difícil de entender que se cortara la hierba debajo de los pies a la fotovoltaica, a la eólica y a otras fuentes renovables y quedara al margen la termosolar; ahora al parecer también le ha llegado el turno. Desde luego, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de dar la imagen de un país donde es posible invertir, esto no puede ser peor mensaje ni peor noticia para los mercados y para los inversores internacionales. Como les decía, nos parece muy mal que sigamos con la misma política, que la mala regulación del mercado energético recaiga finalmente sobre los consumidores y que después sean las industrias, el sector en este momento más dinámico y más importante para la recuperación económica, las principales perjudicadas en esta cuestión, así como que no se tenga en cuenta mantener lo conseguido estos años, pese a la mala política de primar a renovables, en el campo de los desarrollos tecnológicos y de los desarrollos industriales y que ahora de repente parezca que las renovables nos sobran. Si ya se han desarrollado, si es un sector importante de empleo, de investigación, de innovación y además permite aumentar el bajísimo margen de autonomía energética de España, ¿a qué viene esto de que de repente ya no tiene ninguna importancia cuál sea la fuente de energía desde el punto de vista del tratamiento fiscal?
Para finalizar, en nuestra opinión esta ley no mejora la competencia en el sector energético ni regula mejor el mercado sino que, al revés, lo deja como está. Por tanto, no va a conseguir su objetivo de mejorar la sostenibilidad sino que, al revés, lo que hace es congelar un mercado de la energía y un sector de difícil sostenibilidad. No tiene en cuenta la innovación tecnológica que se ha producido en el campo de las renovables ni adapta el mercado a estas, por tanto, también renuncia a objetivos de aumentar la autonomía energética del país y no avanza absolutamente nada —lo siento— sino que aumenta la opacidad del mercado energético, que es en gran parte, como todo el mundo ha estado de acuerdo, el origen del problema del déficit tarifario. Hasta que no haya un mercado regulado de una manera mucho más transparente el déficit tarifario seguirá siendo la espada de Damocles que pende sobre todo el sector energético español. Por eso pedimos al Gobierno que vuelva a presentar la ley en otros términos. Por supuesto existirá la oportunidad —si ustedes lo consideran— de discutir las enmiendas parciales, pero consideramos que en su conjunto la ley, como tal, no es sostenible.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de La Izquierda Plural, para su defensa de la enmienda de texto alternativo, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.
Señor ministro, señorías, dividiré mi intervención en dos partes, una explicando el porqué de la enmienda a la totalidad y otra explicando la propuesta de texto alternativo que desde nuestro grupo parlamentario hemos traído a esta Cámara. Es una propuesta de texto alternativo que propone una reforma fiscal verde trabajada conjuntamente con Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y WWF. Por tanto, es una propuesta trabajada que aborda realmente una reforma en profundidad de la fiscalidad verde.
Entraré, primero, en el porqué a la enmienda a la totalidad. Señorías, cuando vimos el proyecto de ley nos planteamos presentar una enmienda a la totalidad que fuera más allá del proyecto de ley. Es una enmienda a la totalidad de hecho a su política energética, a su política fiscal y a su política medioambiental, porque estas tres políticas se caracterizan por la temeridad y la irresponsabilidad, por no mirar el medio y largo plazo, por ser injustas —siempre en las tres políticas reciben los más vulnerables—, pero también por ser inútiles para los objetivos que plantean. De hecho, si el conjunto del Gobierno ya se caracteriza por el incumplimiento de sus compromisos electorales, la confusión permanente, la manipulación del lenguaje y la descoordinación entre ministerios, en política energética realmente se llevan ustedes el premio gordo, señor ministro.
Usted ha aprovechado su intervención para revisar qué es lo que ha hecho en política energética. Yo también quería empezar por ahí. Solo repasemos algunos ejemplos de esta descoordinación y los despropósitos en política energética. Su primera declaración pública fue que alargarían la vida útil de Garoña, y sin esperar ni las pruebas de seguridad ustedes aprobaron una orden sin saber ni siquiera si la compañía quería alargar la vida útil; un ridículo de primera, cegados por el dogma pronuclear. En segundo lugar está el primer decreto que aprobaron este año, el decreto del parón a las renovables, causando un impacto destructivo en el empleo en el sector pero sobre todo hipotecando nuestra autonomía, nuestra seguridad energética y nuestra balanza comercial. Es el único Gobierno de Europa que declara la guerra a la energía limpia y autóctona mientras usted se dedica a aplaudir el petróleo y las perforaciones de gas sky. Sinceramente, es incomprensible, el mundo al revés. Usted decía que ustedes no han parado las renovables, que las han dejado libremente. Lo que usted tiene que tener en cuenta es la aportación positiva que hacen precisamente las renovables, tanto rebajando el precio de la energía en el mercado como la necesidad de mantener esas primas para madurar la tecnología. Ustedes las han parado, no han revisado a la baja las primas, han decidido suprimirlas. Otra gran decisión que han tomado recientemente. Por si no fuera bastante, ustedes se han dedicado a bloquear en Europa la Directiva de eficiencia energética y finalmente no han votado a favor. Aquí en cambio también se ponen barreras a las políticas de ahorro y eficiencia o se ahoga al IDAE, por ejemplo ahora diciendo que los recursos del IDAE pueden ir también a paliar el déficit tarifario, por no hablar también de la transición en las cuencas mineras, a las que han dejado sin horizonte para un cambio de su economía.
Hoy también usted ha comentado aquí otro episodio lamentable. En el preámbulo del Real Decreto 13/2012 ustedes afirman que la sobrecapacidad del sistema hacía innecesarios los pagos por interrumpibilidad. Efectivamente, lo compartimos. Pero ahora tienen una orden, hecha exprés en campaña electoral, que dice que incrementarán el 70 % de los pagos por un servicio que no se va a usar. En pocos meses es un balance realmente negro, lleno de arbitrariedades, decisiones que van contra el sentido común y que precisamente explican que el Gobierno no está al servicio público en general sino al servicio de unos intereses que desde luego no son los de los ciudadanos. Por si no teníamos bastante con este balance en pocos meses, nos presentan este proyecto de ley, que recordemos vino precedido de un auténtico circo en el Gobierno. Usted, señor ministro, decía A pero luego venía el señor Montoro y decía B, creando realmente un estado de pánico en todo el sector energético, cada día con nuevas cifras y nuevos comentarios sobre lo que iba a ser ese proyecto de ley. Lo que han conseguido con todo eso es la unanimidad de todo el mundo en contra de lo que plantean. De hecho, esta ley es el resultado de lo que hoy ya sabemos: un Gobierno que ignora la crisis ecológica y que niega el cambio climático. El otro día tuvimos un ejemplo. El secretario de Estado de Medio Ambiente en la Comisión de Cambio Climático dijo que él ni afirma ni desmiente la existencia del cambio climático. En esa línea están. Si los responsables de medioambiente lo niegan no nos imaginamos el responsable de Industria y de Energía. Por tanto, es el resultado de esa miopía energética pero también de esta insensibilidad social en política fiscal. Este proyecto de ley bebe de esta cosmovisión del Gobierno. Entrando en los contenidos concretos, lo titulan como ley de sostenibilidad energética, pero su contenido —como han dicho ya otros representantes— es contradictorio con los objetivos que dice defender. En relación con la sostenibilidad energética, usted ha planteado cinco problemas y los cinco van de déficit tarifario. Señor ministro, la sostenibilidad energética significa también reducir nuestra dependencia energética del exterior y fomentar energías autóctonas como las renovables, en un país con un 85 % de dependencia exterior con un coste económico altísimo. Sostenibilidad energética es mitigar el cambio climático y cumplir con nuestras obligaciones de reducción de emisiones. Tenemos un mix muy basado precisamente en combustibles fósiles con unos precios al alza gracias a la crisis energética. Sostenibilidad es poder pagar nuestra energía y el déficit tarifario, claro que sí; eso lo compartimos, pero ustedes insisten en culpar solo al sector de las renovables del déficit tarifario, cuando el gran problema es la mala regulación, un mercado opaco y oligopolístico que permite la especulación en las subastas o la sobrerretribución de la nuclear y la hidroeléctrica. No es cuestión de que cada uno tenga su opinión sobre el mercado, es que a la propia Comisión Europea le alarma, ante el programa de reformas que presenta España, el déficit tarifario, que se debe precisamente a un sistema de tarificación de la electricidad ineficiente y que compensa excesivamente algunas tecnologías ya amortizadas. No lo decimos nosotros sino la Comisión Europea, que también les saca tarjeta roja por el parón a las renovables; pero ustedes como si nada.
Otra cuestión en cuanto a la sostenibilidad es aumentar el ahorro y la eficiencia energética como objetivo fundamental para transformar nuestra economía. Cada vez que le hablamos de ahorro usted se lleva las manos a la cabeza. En la primera comparecencia que tuvo en esta Cámara ya lo dijo: No, no, ahora no conviene ahorrar. Sí que conviene ahorrar, porque el gran problema de España es la dependencia y el consumo en su modelo. ¡Claro que con la crisis ha decaído el consumo! Es evidente, pero tenemos que hacer los deberes para que nuestra economía sea realmente sostenible, porque, si no, no sobrevivirá al siglo XXI. Ustedes lo que hacen precisamente es reducir el presupuesto a las medidas de eficiencia y poner un céntimo verde a la cogeneración. Además, la sostenibilidad energética, señor ministro, no es solo electricidad. Habría que hablar también de otras cuestiones: de movilidad, de residuos, de política industrial; pero nada de nada. En definitiva, de sostenibilidad energética esta ley no va.
En segundo lugar, ustedes también tienen la desfachatez de hablar de medio ambiente y de internalizar los costes medioambientales en el preámbulo, pero no es verdad. Eso ya es una provocación. Las medidas no persiguen un uso más eficiente de los recursos ni la internalización de los costes medioambientales. Al imponer una tasa a la producción de todas las energías del 6 %, olvida precisamente la aportación social, medioambiental y económica de las energías limpias y pone en peligro el objetivo del 20 % de generación proveniente de renovables, obligatorio en la Unión Europea. Además, esa tasa homogénea al régimen especial y al resto provoca que unos puedan repercutir en el precio y otros no. No es que no sea verde lo que propone, es que es fiscalidad marrón. Ustedes penalizan precisamente a las más eficientes y a las limpias con la estructura fiscal que han planteado. Sinceramente, decir que fiscalidad verde es lo que ustedes aplican es como decir que el IVA es un impuesto progresivo, no se aguanta por ninguna parte. Además en lo que plantean es un proyecto injusto; no solo es contradictorio y antiecológico, sino que es profundamente injusto porque la aplicación de estos impuestos sin cambiar en profundidad la regulación hace que los consumidores y las pequeñas empresas paguen más, mientras que las eléctricas mantienen su dominio y control del mercado y los grandes consumidores son premiados con sus pagos. Ustedes aumentan la inequidad en lugar de aplicar programas de eficiencia energética, de reducción de nuestro consumo, y lo encarecen dificultando el acceso de muchos consumidores a un bien básico. Es injusto porque penalizan de nuevo a los que ya han hecho medidas de eficiencia como la cogeneración y, en cambio, no aplican el céntimo verde a otros sectores, lo que estaría más justificado. Otro motivo es la inseguridad jurídica. Tanto que hablan de atraer inversiones, sin embargo este proyecto de ley vuelve a acentuar la inseguridad jurídica creada en el sector energético, provocando la deslocalización y la huida de gran parte de nuestra tecnología renovable. En quinto lugar, no solo le suman al sector inseguridad jurídica sino inseguridad presupuestaria, porque, en lugar de estar financiada la eficiencia energética y la aportación a renovables vía tarifa, ustedes la asignan a las arbitrariedades del Gobierno en estos presupuestos generales.
En sexto lugar, esta ley también puede penalizar el autoconsumo, que todavía esperamos que se regule, y la distribución más democrática de la energía, porque han cambiado en el último momento la redacción y hablan de penalizar la incorporación al sistema. No entendemos si aquí quieren incluir también el autoconsumo en ese sentido. Lo más insoportable es que, después de todo ese contenido, ustedes utilicen alta dosis de demagogia en su exposición de motivos. Hablan de sostenible y de verde en una ley que ni es sostenible, ni verde, ni es útil para los objetivos. Con esta ley lo que pasará, señor ministro, es que dentro de seis meses nuestro sistema eléctrico seguirá teniendo los mismos problemas y los mismos déficits. El fin del impulso de las renovables y el fomento de los combustibles fósiles y de la energía nuclear seguirá encareciendo la luz y el gas y acrecentando nuestra vulnerabilidad por el aumento de nuestra dependencia energética. Estaremos más cerca de una crisis energética simplemente por haber apoyado unas fuentes energéticas de las que no disponemos y haber abandonado aquellas de las que disponemos ilimitadamente. Ustedes pretenden con su ley un mero maquillaje para no entrar en profundidad en el fondo del sistema eléctrico; una ley —la de 1997— herencia del Partido Popular pero que en ocho años el Partido Socialista tampoco cambió y que nos tiene hipotecados y no permite tratar la energía como un servicio público estratégico.
Por eso, ante un proyecto de ley que dice que es de sostenibilidad energética pero realmente es de recaudación fiscal, les proponemos precisamente una reforma fiscal verde que genere ingresos al Estado pero que cambie nuestro modelo de desarrollo; una reforma fiscal que apueste por la suficiencia, la progresividad y la equidad; un instrumento para el cambio de modelo. España no puede permitir continuar con la senda de contaminar y depender del exterior energéticamente. El objetivo que buscamos es cambiar de patrones de comportamiento para que quien contamine pague en lugar de que todos paguemos con recursos públicos o con nuestra salud. Esta alternativa plantea también promover y abaratar usos eficientes sostenibles, como en movilidad, en transporte público, en agricultura ecológica, en rehabilitación de edificios y en bienes saludables; un instrumento efectivo para la sostenibilidad y para empezar la transición de nuestro modelo industrial bajo en emisiones, eficiente y más autónomo. O empezamos ya o nuestro 25 % de personas que están en búsqueda de empleo no podrán encontrar trabajo en una economía obsoleta basada en su modelo de sol y playa de los años setenta, porque realmente estamos volviendo a los años sesenta y setenta con los grandes éxodos de gente joven buscando trabajo en el exterior.
La enmienda a la totalidad con texto alternativo presenta medidas para avanzar precisamente en una fiscalidad verde auténtica mediante una reforma integral que persigue un cambio de modelo radical con una salida a la crisis económica y ambiental. Se proponen alternativas para avanzar en materia energética y se promueven los sectores económicos más sostenibles que son también intensivos en puestos de trabajo y ayudan a la creación de empleo. Se acometen cambios en el actual marco normativo fiscal introduciendo criterios ambientales en impuestos existentes, creación de nuevos impuestos y reforma con criterios ambientales de la fiscalidad de las haciendas locales. Pondré algunos ejemplos. Se prevé un nuevo impuesto sobre la energía nuclear, pero no con lo que ustedes plantean sino un impuesto que realmente soporte los costes de mantener almacenados esos residuos. Por otro lado, también hay nuevas figuras sobre el vertido y la incineración de residuos, o un nuevo impuesto sobre el cambio de uso del suelo para combatir la especulación y aportar fondos al mantenimiento de nuestra biodiversidad. Además, aplicamos nuevos impuestos a sustancias tóxicas o carcinógenas, que tienen un impacto negativo en nuestra sociedad. Estos impuestos se suman a modificaciones que se introducen en otros impuestos existentes sobre hidrocarburos, matriculación, impuesto sobre sociedades e IRPF para fomentar precisamente las inversiones medioambientales y otros hábitos saludables.
En definitiva, son unas medidas para que los sectores más sostenibles y eficientes crezcan y, en cambio, reduzcamos aquello que nos perjudica en nuestras finanzas públicas pero también a toda la sociedad. Les planteamos avanzar como lo han hecho el resto de países de Europa; les planteamos nuevos y mejores ingresos. Lo que presentamos como enmienda a la totalidad —continuaremos insistiendo en esta Cámara— es apostar por un desarrollo legislativo de la fiscalidad verde. Necesitamos otros ingresos y otros gastos. Su política de gastos nos lleva a un austericidio de desempleo, pobreza y sufrimiento, pero su injusta y obsoleta política de ingresos nos está llevando a un aumento exponencial de la desigualdad, a profundizar en las debilidades de nuestro modelo económico y —diría más— a poner en jaque nuestra democracia ante la percepción de injusticia. Señorías, hoy les pido que miremos al futuro cambiando el presente. Veamos el medio ambiente como una oportunidad también de salida de la crisis y creación de empleo. Abandonen la demagogia y el uso de palabras como sostenibilidad que ustedes vacían de contenido; abandonen la retórica y llenen de contenido sus políticas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Industria, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha planteado esta enmienda a la totalidad para demostrar y mostrar ante el Congreso de los Diputados nuestra gran preocupación por el resultado final que pueda tener esta tramitación de este proyecto de ley en esta Cámara. Sabemos, señor ministro, que usted es una persona seria, rigurosa, dialogante, lo ha demostrado con este grupo parlamentario en diferentes ocasiones. Por eso querríamos pedirle que utilice sus virtudes en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley sobre medidas fiscales de cuestiones energéticas para intentar cambiarlo radicalmente, ya que, desde nuestro punto de vista y desde nuestra posición política, si no se produce un cambio radical durante su tramitación, va a ser muy perjudicial para las familias y para los hogares españoles, va a ser letal para la industria española y la economía productiva. En definitiva, señor ministro, la aprobación de este proyecto de ley sin cambios sustantivos y relevantes va a presuponer una expulsión de facto de una política industrial moderna e innovadora tan necesaria para la reactivación económica de nuestro país. Si no se producen cambios radicales vamos a retroceder al siglo pasado, a la política industrial de los años cincuenta.
Señor ministro, de no haber cambios sustanciales, los más perjudicados por la aprobación de esta ley van a ser las familias y los hogares españoles, que van a ver incrementado el recibo de la luz inmediatamente después de su aprobación en un 6 %; los más perjudicados van a ser las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y los trabajadores autónomos, que van a ver incrementado su recibo de la luz en un 10 % y, finalmente, también las más perjudicadas van a ser todas las empresas importantes de nuestro país, que configuran más de un 75 % de nuestro tejido industrial ligado a la cogeneración, que van a ver incrementado el precio de la electricidad en un 15 %. Independientemente de estos incrementos que, necesariamente, se van a producir —y que ya se están produciendo porque algunas empresas ya están trasladando a los precios del pool estos incrementos que resultan en esta ley en estos momentos—, que van a ser reales rápidamente, si usted analiza cuál es la posición de los precios industriales de la economía doméstica en este país respecto de la media europea —usted sabe perfectamente que hoy los precios energéticos de la economía doméstica son un 30 % más caros que la media europea, señor ministro— y si analiza también que los precios energéticos industriales de nuestro país representan un 15 % más que la media de la Unión Europea, pronto llegará a la conclusión, señor ministro, de que si han de soportar encima estos incrementos antes mencionados esto va a traer, lógicamente, consecuencias muy nefastas para los consumidores, familias y hogares domésticos de nuestro país que, como usted sabe, tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes y no podrán absorber en sus rentas familiares unos incrementos de esta magnitud y también, lógicamente, va a salir perjudicada —tal y como explicaré posteriormente— una parte importante de nuestro tejido industrial en la economía española.
Tendría que evitar, señor Soria, que usted fuera el ministro de Industria español que hubiera promovido y apoyado una ley tan antiindustrial como de la que en estos momentos estamos hablando. Usted tendría que evitar que sea el primer ministro que en la historia de nuestra reciente democracia haya promovido e impulsado una ley de unas características tan antiindustriales como la que hoy estamos debatiendo en esta Cámara. También, señor Soria, usted tendría que evitar que desde importantes empresas y grupos empresariales alemanes, franceses e italianos le puedan hacer la ola y aplaudir por la aprobación de esta ley porque usted sabe, señor ministro, que si finalmente no se experimentan cambios radicales en la tramitación de esta ley, España va a dejar de ser un país competitivo con estos países que acabo de mencionar. El poco o mucho mercado que las empresas españolas puedan tener en mercados tan importantes como el europeo y los mercados internacionales nos lo van a comer estos grandes grupos industriales competidores nuestros como pueden ser los franceses, los alemanes y los italianos que están viendo ya, incluso con mucha sorpresa, si me lo permite, cómo es posible que se pueda atacar y se pueda ser tan letal con la política industrial española.
Señor ministro, por este motivo nosotros pretendemos —ahora voy a especificar cuáles son las cuestiones que preocupan desde la perspectiva de las enmiendas que vamos a presentar— que usted con su talante negociador escuche, dialogue y rectifique, si lo cree oportuno, las sensibilidades que hemos presentado los distintos grupos parlamentarios con diferentes ideologías y que, sin embargo, hemos coincidido en los aspectos troncales de esta ley que hoy estamos tramitando en esta Cámara.
Usted sabe también que una parte importante del tejido industrial español, básicamente un 70 % o un 80 % del mismo, está en pie de guerra contra esta ley por el impacto fiscal que tiene sobre actividades industriales que aprovecha la cogeneración como instrumento de mejora, eficiencia y ahorro energético para su actividad industrial, castigándoles, ya que no podrán soportar el impuesto sobre la cogeneración y al mismo tiempo tampoco podrán soportar el mal llamado céntimo verde para la utilización del gas. Por tanto, se va a implementar una doble tributación para sus actividades industriales a sectores que usted sabe perfectamente que van desde el químico hasta al papelero, al sector de la industria agroalimentaria, al sector farmacéutico, al sector de la cerámica, al sector del automóvil, al sector de la petroquímica y al sector textil. Absolutamente todos estos sectores, importantes desde la perspectiva de la política industrial de nuestro país, están totalmente en contra, en pie de guerra ante esta legislación. Por tanto, sinceramente, señor ministro, tendría que ser uno de los aspectos relevantes que a usted le hiciera cambiar de criterio después de escuchar todas las propuestas que hemos presentado diferentes grupos parlamentarios.
Sorprende que el Gobierno del Partido Popular, un partido que siempre se había destacado ante los ciudadanos por predicar la reducción de los impuestos, sea hoy un converso obsesionado por el alza de los impuestos, con el objetivo fundamental de recaudar, recaudar y recaudar a costa del crecimiento, a costa de la confianza y a costa de la actividad económica. Sorprende también, señor ministro, si me lo permite, la frivolidad con la que se aplica el alza de impuestos en la política energética, una política que debería ser, desde nuestro punto de vista, trascendental para impulsar la competitividad de una economía. En cambio, el aumento de la fiscalidad energética se hace a lo grande sin reflexionar sobre su impacto respecto a la actividad económica e industrial.
Lamentablemente también, señor ministro, este proyecto de ley nos demuestra que estamos una vez más ante una oportunidad perdida por parte del Partido Popular de hacer frente a una verdadera reforma estructural del sistema energético y de legislar a favor de los objetivos europeos planteados en la estrategia del 2020 que tanto conviene que interiorice España para promover el ahorro, la eficiencia y la sostenibilidad de un sector tan transversal como es el energético, que afecta no solo a las familias sino también a la competitividad de la propia industria.
Consideramos que afrontar estos retos supone llevar a cabo reformas estructurales, es decir, sentar las bases de un sistema energético que avance hacia la sostenibilidad a largo plazo, algo que el Gobierno popular posterga claramente y que esconde en forma de este proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Señorías, este es un proyecto que, lejos de plantear una fiscalidad destinada a reorientar la política energética a favor del ahorro y la sostenibilidad en coherencia con los objetivos europeos del 2020, se basa en una fiscalidad recaudatoria con el único fin de reducir el déficit de la tarifa eléctrica. Esta es una cuestión que desde Convergència i Unió entendemos y el Gobierno nos tendrá a su lado para poder erradicarla cuando se plantee oportuna y objetivamente, pero, eso sí, con claridad y transparencia y no de forma ambigua y opaca, como se nos presenta en este proyecto de ley. De hecho, el sentido de nuestra primera enmienda es el de clarificar el fin de este proyecto de ley en la propia exposición de motivos.
Señorías, señor ministro, entendemos también que este proyecto de ley no deja de presentar un conjunto riguroso de medidas fiscales que van en la dirección de la confiscación, que nada tienen que ver con las directrices europeas y que de llevarse a cabo impondría un total desequilibrio en el sistema energético por tres motivos fundamentales. En primer lugar, son impuestos que nos llevan a un sector menos competitivo, menos proindustrial y menos sostenible, perjudicando directamente la cogeneración; eso en cuanto al tejido productivo. En segundo lugar, contribuyen a generar más dependencia exterior en el futuro y menos estabilidad pues, tal como nos hace ver Europa, el futuro está en las renovables y esta imposición en su contra perjudica la inversión. En tercer lugar, señor ministro, hay una falta de realismo en el mix energético actual, que sigue necesitando de la energía nuclear.
Desde la perspectiva de las energías renovables, señor ministro, cabe tener en cuenta que el régimen especial fomenta el aprovechamiento de las fuentes energéticas renovables y de la eficiencia energética mediante la cogeneración, contribuyendo a dar cumplimiento a los objetivos de la Unión Europea en materia energética y medioambiental. En este sentido, se debería tener presente al aplicar la imposición de las distintas rentabilidades económicas que presenta cada una de las tecnologías de producción de energía eléctrica el régimen especial y el régimen económico al que se haya adscrito cada instalación, algo que no ha hecho el Gobierno. Este ejercicio requiere tener especialmente en consideración la importancia de la cogeneración antes mencionada, la energía minihidráulica, la biomasa o la eólica marina, así como la necesidad de favorecer el autoconsumo para compensar la afectación negativa que el nuevo impuesto sobre la producción de energía eléctrica puede tener sobre las instalaciones. Por ello, vamos a solicitar también que se excluyan del hecho imponible los autoconsumos en cogeneración y que se establezca una bonificación del tipo exigido del impuesto del 65 % para las instalaciones de cogeneración de electricidad y de calor, residuos, biomasa y tratamiento de reducción de residuos.
Respecto al impuesto de consumo del gas natural para uso distinto al carburante, este entra claramente en contradicción con la Directiva europea de imposición de productos energéticos, la cual deja exentos del impuesto mínimo las instalaciones de producción de energía eléctrica, tanto por la parte asociada al consumo de combustible como por la parte asociada a las emisiones de CO2. En este sentido, desde Convergència i Unió vamos a proponer reducir el impuesto destinado al uso como carburante con fines profesionales y no profesionales y eliminar el gravamen de los impuestos especiales sobre los productos energéticos cuando estos sean utilizados para la generación de electricidad; especialmente —por los motivos que antes he explicado— desde la perspectiva de todas aquellas empresas industriales que representan una parte de nuestro tejido industrial y que están desarrollando su actividad industrial con elementos importantes de cogeneración con la utilización del gas para poder tener un consumo más eficiente en el desarrollo de sus actividades industriales.
Señor ministro, tampoco nos parece razonable que los ingresos económicos obtenidos por la aplicación de las imposiciones directas sobre el consumo de gas natural y carbón para usos distintos de la generación de energía eléctrica tengan como finalidad la reducción del déficit tarifario eléctrico por criterios de separación de sistemas. Por la participación de los diferentes agentes y abonados no se considera adecuado repercutir el déficit de tarifa eléctrica a los consumidores finales de gas natural y carbón, tal como propone el proyecto de ley.
La imposición sobre la energía no nuclear nos parece correcta, si bien debería tenerse en cuenta que los conceptos gravados de producción o almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía núcleoeléctrica son prácticamente coincidentes con los impuestos que ya soportan los titulares de las centrales nucleares a través de la tasa de prestación de servicios de gestión de residuos radiactivos, destinada a financiar las actividades del Plan general de residuos radiactivos. Desde esta perspectiva también nosotros vamos a proponer una enmienda que vaya en la dirección de una compensación directa entre ambos pagos. En definitiva, señor ministro, demasiados impuestos y además demasiado alejados de las políticas de eficiencia, diversificación y sostenibilidad que necesitamos y que nos indican las políticas energéticas de la Unión Europea.
Para acabar, señor ministro, yo he empezado mi intervención planteando y manifestando algunas virtudes que usted ha demostrado al menos en este Parlamento y en el trato con nuestro grupo parlamentario que hacen referencia a la seriedad, al rigor y al talante. Por este motivo le pedimos que también en esta tramitación sea usted sensible ante las propuestas que les hacemos los diferentes grupos parlamentarios para poder cambiar, si es posible, algunos aspectos relevantes de esta ley y evitar que los grandes perjudicados en su aplicación sean las familias, los hogares domésticos, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores y los empresarios autónomos, así como una parte muy importante de la política y de la actividad industrial de nuestro país, a fin y efecto de que esta no se vea abocada a una exclusión y a una autodeterminación que pueda suponer un retraso o un ir a parar a los años cincuenta del siglo pasado, lo cual sería nefasto para las posibilidades de futuro que tienen la política industrial y la política económica española.
Muchas gracias, señora presidenta, y señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, entrando en materia, tengo que decir que el Grupo Parlamentario Socialista tiene muy claro que el déficit tarifario ha surgido en el tiempo con la insuficiencia de los ingresos de las tarifas con el objeto de cubrir la suma de los costes que fijan administrativamente las actividades reguladas y los que aparecen naturalmente en la generación por aplicación de la metodología, del método y del mercado marginalista que establece la ley en vigor. Es evidente que el marco regulatorio contenido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, con la que se establece el mercado eléctrico, ha conducido a una situación de difícil sostenibilidad financiera que amenaza no solo al futuro del sector sino también la credibilidad de España en los mercados de capitales acentuando las dificultades con las que nos encontramos en la presente etapa de crisis global, crisis en la que, reitero, nos encontramos inmersos. Señor ministro, que le quede claro que desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista la pretensión de disminuir el déficit tarifario es una pretensión razonada, justificable —es una pretensión justificada y razonable, lo repito por segunda vez— e incluso obligada por la legislación vigente. También tiene que quedarle claro que el Grupo Parlamentario Socialista entiende que la reforma acometida con este presente proyecto de ley, cuyo objetivo es combatir el déficit tarifario, no modifica las causas del déficit tarifario ni ataca la raíz de su génesis, dado que se trata de una reforma tributaria que no modifica el marco jurídico actual —me estoy refiriendo a la Ley 54/1997— sino que pretende solamente, dejando indemne esta Ley del Sector Eléctrico, superponer a los resultados de aplicación de la ley la extracción de nuevas rentas por la vía impositiva sin considerar que, dentro de los mecanismos racionales de los agentes cuando preparen sus ofertas, obviamente las habrán elaborado teniendo en cuenta la internalización de los costes incurridos y, entre ellos, el de los nuevos impuestos. En consecuencia, señor ministro, parece razonable que nosotros sospechemos que la referida internacionalización de los costes elevará el precio que resulte en el mercado, lo cual, inexorablemente, tendrá su reflejo en las tarifas eléctricas a través de las subastas Cesur y que, por tanto, conducirá a que el pago del déficit tarifario recaiga exclusivamente en los consumidores, tal como ya han reflejado los mercados de futuro y han dicho otros intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, en las empresas de renovables y en la cogeneración.
Señor ministro, este proyecto de ley se está tramitando por la vía de urgencia, de forma apresurada, sin que el ministerio haya sido receptivo a las propuestas procedentes de los sectores afectados, tal como lo han reflejado los diferentes medios de comunicación; de hecho, también la tramitación parlamentaria tiene lugar por el procedimiento de urgencia. Como le digo, hemos solicitado que comparezcan ante la ponencia altos cargos de distintos ministerios y representantes de los sectores de la sociedad afectada y ha sido desestimado por la posición del grupo mayoritario de la Cámara. A juicio de nuestro grupo parlamentario, señor ministro, si el propósito es acabar con las causas del déficit tarifario, el Gobierno tendría que haber presentado con anterioridad en el Congreso de los Diputados una reforma integral del mercado eléctrico basada en informes de la Comisión Nacional de la Energía, tal como le indicamos hace unas tres o cuatro semanas en una interpelación que se formuló aquí en el Pleno del Congreso de los Diputados, con diálogo entre todas las fuerzas parlamentarias que atajara los problemas estructurales que se deben a una forma inadecuada de retribuir la generación eléctrica. Para nuestro grupo es necesario potenciar los mecanismos de mercado en la determinación de los precios y reducir los excesos de retribución de aquellas centrales que impiden la entrada de nuevos competidores. También entendemos que en este proyecto de ley, al igual que en el Real Decreto-ley 1/2012, al que usted hizo referencia, se perjudica notablemente el desarrollo de las energías renovables en nuestro país, por cuanto estas contribuyen, primero, a minorar nuestra dependencia energética del exterior a largo plazo y mejorar nuestro déficit por cuenta corriente; segundo, a incentivar la investigación en I+D+i y crear empleo de calidad; tercero, a contener las emisiones del CO2 y las externalidades negativas de la contaminación; cuarto, a reducir a largo plazo los costes de la generación por el aprovechamiento de las curvas de aprendizaje frente a la tendencia de costes crecientes en los combustibles.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista considera que el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, tal como así se denomina formalmente, no es la reforma que necesita nuestro sector eléctrico porque, primero, no aborda los problemas fundamentales ligados a la forma de retribuir la generación eléctrica, cuyo mercado debe aumentar la competencia efectiva y la transparencia; segundo, este proyecto de ley va a encarecer sin duda alguna la tarifa eléctrica a los consumidores domésticos e industriales, va a penalizar de forma injustificada las energías renovables y de cogeneración y resulta claramente ineficaz para la lucha contra el déficit de tarifa en el futuro. Señores ministros —ambos se encuentran en la Cámara en estos momentos—, la desorientación gubernamental a la que en alguna declaración pública y también en esta Cámara hemos hecho referencia ha tenido proyección en la ciudadanía como consecuencia de filtraciones llegadas a los diferentes medios de comunicación sobre la existencia en su momento, allá por el mes de mayo y junio, de un anteproyecto de ley al que se titulaba en aquel momento anteproyecto de ley de medidas fiscales en materia ambiental y sostenibilidad energética, que, liderado exclusivamente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, planteaba desde los meses —repito— de mayo y junio los coeficientes inferiores de los tipos impositivos a aplicar por las tecnologías térmicas del régimen ordinario y variables para las tecnologías del régimen especial, que ahora en este proyecto de ley, liderado conjuntamente por los ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas, resultan idénticos para todas las tecnologías. Este hecho real pone de manifiesto una vez más la complejidad de los objetivos perseguidos por el Gobierno y la necesidad de un ejercicio previo de transparencia que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, demandamos con toda intensidad, como consecuencia de la necesidad de evaluar los costes variables y los costes fijos de producción de cada una de las tecnologías, cosa que no se ha hecho, y también con la intención de poder ponderar los efectos de cada segmento y, a la vez, plantear la posibilidad de considerar otros elementos, como son los efectos contaminantes, la potencia instalada, los años de operación, el factor de carga, y así un largo etcétera, que hiciesen equivalente el hecho imponible.
Las contradicciones e incongruencias, señores ministros, contenidas en el proyecto de ley generan un notable desconcierto interpretativo que alcanza notables dimensiones tanto en el articulado como en cada una de las disposiciones adicionales y finales, como muestra concretamente el contenido de la disposición adicional segunda del proyecto de ley que textualmente dice: Los ingresos obtenidos en aplicación de la presente ley seguirán el régimen general previsto en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. En la asignación de los créditos presupuestarios que se destinen a financiar determinados costes del sistema eléctrico establecido en la Ley 54/97, del Sector Eléctrico, vinculados a fines de fomento de las energías renovables y de ahorro de eficiencia energética podrá tenerse en cuenta, entre otros, el importe de dichos ingresos. Esto es de un oscurantismo, de una opacidad y de una complejidad interpretativa excepcional. Lo he puesto a modo de ejemplo porque también, señorías, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno ha perdido una oportunidad para llevar a cabo la reforma en profundidad que necesita urgentemente nuestro sector energético y en particular el eléctrico. El mecanismo de fijación de tarifas implantado por el Gobierno del Partido Popular ha tenido unas nefastas consecuencias sobre la estabilidad financiera de las empresas, la sostenibilidad de las finanzas públicas, la capacidad adquisitiva de los consumidores, cuyos precios, desde luego, van viendo aumentar de manera espectacular. Por eso nosotros estimamos que el proyecto de ley persigue además, mediante el establecimiento de nuevos gravámenes o la revisión de los tipos impositivos de gravámenes existentes, lo digo entrecomilladamente, tal y como recoge la exposición de motivos, el establecimiento de un marco legislativo que promueva un uso más eficiente de las fuentes de generación de energía, así como un uso más respetuoso con el medio ambiente.
Señorías, aquí se ha dicho en reiteradas ocasiones por los intervinientes precedentes que, desde luego, el proyecto de ley también en su exposición de motivos dice que tiene por objeto armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad energética. Por ello, crea un nuevo impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. También se ha dicho en reiteradas ocasiones aquí en intervenciones precedentes, e insisto porque es un sentimiento bastante común, que el impuesto es configurado primordialmente como un instrumento de política social y económica general para atender la realización de los principios y fines de la Constitución española. Ni más ni menos dice eso en la exposición de motivos. Sin embargo, señorías, señor ministro, los tributos medioambientales tienen muy claro que tienen un fundamento constitucional en el deber de los poderes públicos de proteger el medio ambiente y de desincentivar las actuaciones que contaminen o supongan un perjuicio para el mismo. De este modo también tenemos claro que no es un verdadero impuesto medioambiental aquel que no establezca un incentivo para reducir la contaminación o que no evite conductas que conduzcan a un perjuicio para el medio.
Señorías, atendiendo al articulado del proyecto de ley y a la configuración del referido nuevo impuesto, al que he hecho también referencia —insisto— hace un par de minutos, este ni responde al objeto pretendido por la norma, que es la protección del medio ambiente, ni respeta los principios rectores de la política tributaria española comunitaria ni los principios constitucionales. Ha habido autores que han llegado a considerar que al tratarse de un impuesto directo y no de un impuesto indirecto, la norma no prevé la posibilidad de repercutir el nuevo tributo a los beneficiarios de la producción por ser impuesto directo, es decir, a los consumidores finales. Sin embargo, como en todo impuesto directo, el sujeto pasivo del impuesto tiene la posibilidad de integrar la carga fiscal, en este caso representado por el nuevo impuesto, en su estructura de coste, de forma que el sujeto pasivo podrá incrementar los precios de venta de la electricidad producida en la proporción del impuesto abonado por la citada producción de electricidad.
Señorías, este impuesto podría llegar a ser calificado o podría llegar a ser objeto de la consideración de confiscatorio y, por lo tanto, contrario al ordenamiento tributario español consagrado en el apartado 1 del artículo 31 de la Constitución. Por consiguiente, este nuevo tributo presenta visos, supuestamente, de inconstitucionalidad al quebrar el principio de justicia tributaria constitucionalmente titulado, limitando la competitividad económica e impidiendo el crecimiento económico sostenible.
Señorías, al proyecto de ley le falta atender a las especiales situaciones de pérdida de competitividad de la industria española, como han reiterado aquí el señor Sánchez i Llibre y anteriores intervinientes, entre las que se encuentran las empresas españolas de elevado y mediado consumo energético, que van a sufrir de forma más acusada el incremento de los costes energéticos derivados de la aplicación de las medidas tributarias. Señor ministro, a mí —un veterano de la vida política— me ha sorprendido excepcionalmente que no a nivel individual, sino los representantes de todos los colectivos industriales españoles, en un comunicado ocupando páginas enteras en los medios de comunicación nacional, responsabilizándose consiguientemente de lo que dicen y haciéndose eco de lo que han dicho sus asociados, como la Asociación Española de Cogeneración, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Conducción —y así un largo etcétera, hasta 17 grandes asociaciones— le hacen una crítica muy dura al Gobierno y le piden la modificación del proyecto de ley. Y este interviniente, en su tramo final de intervención, no quiere dejar de hacerle llegar al ministro que nosotros hemos hecho una serie de cálculos con los que hemos intentado evaluar el impacto en los diferentes sectores. En concreto, nosotros estimamos que el impuesto general del 6 % puede suponer un encarecimiento del precio del mercado eléctrico de unos 3,5 euros por megavatio/hora, mientras que el impuesto sobre los combustibles fósiles puede incrementar el precio en unos 5 euros por megavatio/hora. Teniendo en cuenta que el precio medio del mercado eléctrico se sitúa entre 50 y 60 euros por megavatio/hora, los impuestos nuevos implicarán que este se eleve entre un 14 y un 17 %. Dado que las tarifas que pagan los consumidores también incluyen otras partidas en los denominados peajes, cuyo peso en el precio final varía dependiendo del tipo de consumidor, el efecto final sobre las tarifas eléctricas podrá rondar del 5 al 8 % para los consumidores domésticos, para los ciudadanos, y del 10 al 15 % para los industriales. Hemos estimado —con los cálculos que hemos hecho— que los consumidores con este proyecto de ley que entrará en vigor el 1 de enero próximo, porque así lo va a indicar la mayoría de esta Cámara, pagarán 2.000 millones de euros por año más por efecto de estas medidas fiscales contenidas en este proyecto de ley, subida que se sumará a las ya aplicadas en los últimos siete años, que han sido superiores al 70 %; en los últimos siete años, gobernando quienes estuviesen gobernando, que lo sabemos.
El presidente del Gobierno, el señor Rajoy, sabía, y así lo hizo explícito en su discurso en el Congreso de los Diputados en esta tribuna, que el coste de la energía condiciona la competitividad de nuestra economía. De hecho, puede llegar a representar hasta el 50 % de los costes de producción de la industria y además tiene un fuerte impacto en el IPC. Esto fue lo que dijo el señor Rajoy, presidente del Gobierno. Pero ustedes, los señores ministros, lo han obviado a la hora de definir las medidas fiscales que proponen en este proyecto de ley. Quienes van a sufrir los impuestos…
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, tiene que finalizar.
El señor SEGURA CLAVELL: Treinta segundos, señora presidenta.
En definitiva, nosotros hemos estimado que de 2.900 millones de euros que va a recaudar el Gobierno con las nuevas medidas fiscales, 2.000 millones los pagaremos los consumidores, todos los que estamos aquí y todos los ciudadanos a quienes representamos, 700 millones los pagarán las empresas de renovables y la cogeneración, y 200 millones los pagarán las centrales hidroeléctricas. Pero quien realmente va a sufrir el coste es el país, es España en su conjunto, son nuestros sectores productivos por efecto de la fuerte pérdida de competitividad de las empresas, fundamentalmente los sectores industriales exportadores a los que he hecho referencia; por la detracción de rentas a las familias, cuya demanda reacciona poco lamentablemente ante subidas de precios; por el freno que todo ello supone al cambio de modelo productivo, y por el daño que produce en la percepción de los inversores sobre la seguridad jurídica en España.
Termino. La evaluación económica de esta última cuestión, señores ministros, es de difícil cuantificación pero no cabe duda de que añadirá nuevas primas de riesgo a las inversiones futuras, que acentuarán la pérdida de competitividad de nuestra economía.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Segura.
En turno de fijación de posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Señora presidenta, señores ministros, señorías, me cabe el honor y la responsabilidad de intervenir para fijar posición, la posición del Grupo Parlamentario Popular, en este proyecto de ley. En las enmiendas a la totalidad presentadas y en las intervenciones de fijación de posición de los distintos grupos se apela una vez más, y a mi juicio de forma gratuita, a que el texto del Gobierno es un parche con fines recaudatorios que perjudica la competitividad, que no contribuye a solucionar el déficit de tarifa, alejándose en consecuencia de la idea de sostenibilidad energética, lo cual, después de escuchar todas estas cosas, trataré de demostrar que es absolutamente falso, aunque comprendo que cada uno de los grupos en su tarea de oposición desarrolla el trabajo como mejor cree. En todo caso, eso no ha sumado mucho al conocimiento y a resolver los problemas que tenemos en el sector energético español.
Señorías, lo que a mi juicio no tienen en cuenta los enmendantes es la severa crisis fiscal que padecen muchas de las economías avanzadas europeas, tal y como también le sucede a España en estos momentos. En nuestro caso, las acciones propuestas están en consonancia con el nivel de déficit tarifario existente y con las necesidades de consolidación fiscal de España, situación esta que plantea y requiere darle un nuevo papel a la fiscalidad verde, la cual se va a convertir a mi juicio en un elemento básico en estos momentos para superar las dificultades existentes.
Las restricciones que actualmente tiene el Gobierno español son de tal importancia que incluso podrían llegar a poner en cuestión algunos de los programas que en otro tiempo se consideraron prioritarios si queremos cumplir con esos compromisos asumidos en términos ambientales y en términos de déficit público. Es más, para resolver estos desajustes financieros hemos de tener en cuenta que en el ámbito energético existe a mayores una creciente preocupación por la seguridad, por eso es necesario recurrir a la fiscalidad ambiental, pasando en estas circunstancias de ser utilizada aquella únicamente como un primer óptimo cuando era requerida bien por razones fiscales o recaudatorias, bien por aspectos ambientales o de internacionalización de costes o bien por estrategia de captación de renta. Sin embargo, en la actual coyuntura estas acciones se tratan como un auténtico segundo óptimo al operar en un contexto subóptimo en el que a mi juicio hemos de encuadrar el proyecto de ley presentado y que estamos debatiendo hoy.
El déficit tarifario constituye en sí mismo una barrera para el adecuado desarrollo del sector energético en su conjunto y en particular para continuar con las mismas políticas que lo han generado. El déficit surge porque las tarifas que pagan los consumidores son demasiado bajas o porque los ingresos que perciben las empresas son demasiado altos, o por una combinación de ambos. El Gobierno actual, para darle solución al mismo, tal y como ya dijo el señor ministro, ha intentado en primer lugar parar la burbuja que lo generaba con la moratoria renovable y ahora debe evitar que se siga produciendo en el futuro. En cualquier caso, consideramos que como problema regulatorio que es, aquel se ha desarrollado por una regulación inadecuada. Por ello, lo primero que hemos de hacer para solucionarlo es abordar los problemas estructurales del sector energético que lo han fomentado, teniendo en cuenta que el objetivo no va a consistir única y exclusivamente en pagar la deuda acumulada, que ya se ha colocado en parte en los mercados e incorporado a las tarifas, sino que ha de consistir en evitar, como ya he dicho, que aquel siga generándose año tras año. Esperamos, pues, que con esta ley se ponga punto final a la incertidumbre y al riesgo regulatorio que tanto han castigado al sector energético hasta el presente.
Conviene recordarlo, el nivel del déficit tarifario y la necesidad de resolver la situación que él crea se han agudizado en estos momentos, tanto por la caída de la demanda eléctrica como por el riesgo de sobrepasar el límite establecido para 2012 por la Ley 14/2010 de 2.500 millones o, si acaso también, por la inmediatez del objetivo de no generar déficit a partir del año 2013. El Gobierno, ante todo, quiere terminar con los efectos negativos y distorsionadores creados por el déficit tarifario y se guía para ello por una premisa que ha tenido que rescatar del ostracismo, la ortodoxia regulatoria. Por ello, como he apuntado al inicio de mi intervención, no parece que vaya a ser precisamente esta ley la causante de los efectos negativos en los que se apoyen los demás grupos para justificar sus enmiendas a la totalidad, cuando lo que busca la ley es precisamente lo contrario, pues su objetivo prioritario no es otro que terminar con el déficit de tarifa. No hacerlo tendría unas consecuencias distintas, cada vez más insostenibles, sobre el propio sistema: por un lado, continuarían incrementándose los pagos por la deuda del sistema a través de los peajes de acceso presentes y futuros de los consumidores y, por otro lado, seguiría aumentándose el endeudamiento de las empresas eléctricas que están obligadas a financiar temporalmente el déficit del citado sistema.
Señorías, todo lo anterior no nos hace olvidar que la reforma del sector eléctrico que está llevando a cabo el Gobierno debe realizarse con un cuidado exquisito para no frenar el consumo interno y reducir la competitividad de nuestras empresas. Y no lo digo yo, señorías, lo dicen la propia Comisión Europea y nuestro Gobierno. De ahí que, como ya he explicitado, no entienda los argumentos que se están empleando para justificar las enmiendas a la totalidad de los grupos de oposición, sobre todo cuando el Gobierno y este portavoz en particular vienen sosteniendo que la estrategia energética española deberá pivotar sobre, en primer lugar, la neutralidad tecnológica y, en segundo lugar, la protección a los ciudadanos. Es decir, que ya no es suficiente con una sola medida o una sola tecnología para llegar esa economía descarbonizada que todos pretendemos.
Señorías, si bien por un lado quiero dejar clara mi convicción personal acerca de los beneficios que aportan al sistema energético español las fuentes de generación renovables y que, sin la menor duda, son el futuro del sistema energético sostenible, por otro lado tengo que denunciar la mala praxis regulatoria que se ha desarrollado en los últimos años para potenciar el despegue de estas fuentes de generación en nuestro país. Ha sido precisamente esa mala praxis, explicitada a través de un sistema regulatorio manifiestamente ineficiente, así como la elección del mecanismo de financiación a través de la tarifa de acceso, la que ha provocado que los objetivos, demasiado ambiciosos, de penetración de estas tecnologías se hayan alcanzado a costa de un excesivo e innecesario sobrecoste para el consumidor y la economía española. De hecho, en 2009, según refleja el informe Apoyo a las Energías Renovables en Europa, de 4 mayo 2011, elaborado por el Consejo de Reguladores de Energía Europeos, ya se constataba que los apoyos a las renovables pesaban sobre los consumidores mucho más en España que en el resto de los países de la Unión Europea, siendo por su parte el grado de penetración de las fuentes primadas, renovables más cogeneración, superior al 30 %. O lo que es lo mismo, su coste agregado para el nivel de penetración alcanzado es demasiado elevado lo que evidencia que en nuestro país el incremento continuado de la presencia de energías primadas en el mix se ha estado realizando a un coste mucho mayor que en la mayoría de los países europeos, y ello sin considerar los nuevos estándares regulatorios que impone Basilea III. Consecuentemente, lo que empezó siendo un pequeño alejamiento de la ortodoxia regulatoria, se ha convertido en un problema de tal dimensión que, de no atajarse con urgencia y eficacia, amenaza con convertirse —es más, creo que ya se ha convertido— en un problema estructural. De ahí que la prioridad en la estrategia energética del Gobierno actual recaiga sobre la necesidad de acabar con el déficit de tarifa y evitar que aquel vuelva a aparecer. Es más, con la estrategia que se está llevando a cabo, el Gobierno ha actuado moviéndose y promoviendo que se produzca la yuxtaposición de dos caminos convergentes para acabar con el déficit: por un lado, reducir los gastos mediante tres reales decretos-leyes ya aprobados, los decretos 1/2012, 13/2012 y 20/2012 y, por otro lado, aumentar los ingresos, objetivo básico de la actual reforma, sin quebrar para ello los principios de justicia y equidad tributaria tutelados constitucionalmente.
Por todo ello y siendo conscientes de que la necesaria transición hacia un modelo energético que sea sostenible a largo plazo tanto en los planos económico y social como en el medioambiental va a resultar una tarea compleja que además presenta, como todos ustedes conocen, múltiples incógnitas, nuestro grupo rechaza las enmiendas a la totalidad sin la menor duda de que la nueva ley debe hacer que tengamos un futuro energético mucho más sostenible. Por ese motivo, repito, y por todos los argumentos que he utilizado, el Grupo Popular rechaza las enmiendas a la totalidad presentadas y da su apoyo al proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Erias.
En el marco de la edición número 36 de la jornada, por parte de relevantes actores públicos y privados han sido presentados los datos actualizados de la estructura energética en España.
El plazo para presentar alegaciones finalizará el lunes, 22 de abril de 2024.
