Los españoles tienen la necesidad de ahorrar en energía toda vez que los precios de las materias primas energéticas, así como el de la luz no hace más que aumentar. Asimismo celebran que el precio de las renovables cada vez es menor.
Estamos sumidos en España en un estado que no sabría como describir, pero que podría tener como banda sonora el London Calling de The Clash. Es una suerte para el orden público que la mayoría del punk se cante en inglés y que lo españoles en su mayor parte no lo comprendan. Eso ayuda a no exaltar las cosas más de la cuenta, aunque también impide o por lo menos no ayuda a que los españoles (donde el 24,63% de la población está desempleada de acuerdo con la EPA publicada por el INE en el segundo trimestre de 2012) encuentre trabajo.
Las primeras decisiones acordes con una política de austeridad tomadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, se consideraron la ruptura del estado de bienestar y las políticas sociales. Si bien, propiciaron los primeros cuestionamientos a la clase política o por lo menos el desencanto de gran parte de la sociedad española, ahora han quedado como un mero indicio o prueba de lo que los españoles podíamos llegar a ver. De la separación entre políticos y sociedad pasamos a la mayoría absoluta del Partido Popular que además de darle la posibilidad a Mariano Rajoy de convertirse en Presidente han permitido que esté totalmente liberado de interactuar con el Congreso de los Diputados, favoreciéndose aun más el desapego de la ciudadanía. Actualmente la sociedad española transita de una situación bochornosa a otra más bochornosa y las protestas se suceden una tras otra y de un colectivo a otro. Una de las medidas que más debate causan son las relacionadas con la edad de jubilación. Está claro que el sistema de pensiones ha perdido cotizantes por efecto de la crisis y que por lo tanto hay una fuerte presión para que la edad de jubilación se prolongue todavía más.
Antes de que esto pasara, incluso en los inicios de la crisis económica, antes de que se convirtiera en una crisis social, había un sector en España, que aunque contaba con evidentes campos de mejora, también se estaba revelando como un sector viable para la economía del futuro. Me estoy refiriendo a las energías renovables.
Al auspicio de varias instituciones se promovió en España el sector de la energía verde. La Comisión Europea en primer lugar, por el compromiso con el objetivo “20-20- 20”. Reducción del 20% de las emisiones de gases efecto invernadero, 20% de consumo energético proceda de energías renovables y 20% de reducción del gasto energético por la aplicación de políticas de eficiencia desde enero de 2008. Por parte del gobierno de la nación, con el establecimiento de primas a la generación que hacían las inversiones en energías renovables muy atractivas para la inversión privada y por último, por los ayuntamientos de los municipios en donde se establecían las instalaciones generadoras, por lo que ganaban en licencias de obras y demás impuestos municipales, eran los primeros interesados en propiciar competencia en la lucha por los implantes. Para los ayuntamientos además, esta época coincidía con el inicio del descenso de construcción de casas, principal origen de sus ingresos hasta la fecha. Por lo que para muchos de ellos la industria de las energías renovables se presentaba como sustituto de la ya obsoleta construcción.
En este ambiente se suceden los recortes y en la vorágine de políticas de austeridad, las renovables se llevan la peor parte bajo la excusa económica. Desde enero de 2012 vivimos en España un estado de moratoria del régimen especial que impide que continúen construyéndose nuevas instalaciones de energías renovables. Aclaremos antes de continuar, que si el sistema eléctrico español y los métodos por los que se conforma el precio de la electricidad son ineficientes no es por culpa de las energías renovables; es por causa de un sistema que desde su origen ha incurrido en fenómenos como que el coste de la energía represente solamente la mitad de lo que los ciudadanos pagan por ella. Es evidente, que cualquier sistema que permita que el precio final de un bien de primera necesidad represente el doble del coste de generación necesita una reforma.
Bajo estas circunstancias coinciden 3 hechos en España:
- alto paro
- explosión de la burbuja inmobiliaria
- moratoria renovable
La moratoria renovable es claramente consecuencia de las políticas de austeridad. Ninguna medida de austeridad se ha demostrado que tenga un efecto positivo en los países que las han aplicado hasta ahora y que en el clima actual de protestas en España, se nos representan en la mente cada vez con más facilidad.
Parece que el interés del gobierno es prolongar la moratoria. Sin embargo, hubo una ley cuya tramitación quedó en mitad del cambio de gobierno tras las elecciones del 20 de noviembre; es la relativa al autoconsumo y balance neto o net metering. El Real Decreto 1699/2011 de 18 de noviembre regula las condiciones técnicas de conexión y para entrar definitivamente en vigor necesita su correspondiente normativa administrativa en la que se determinen las condiciones económicas de la conexión. Apareció publicado en el BOE el 8 de diciembre y por lo tanto el plazo de 6 meses para publicar las condiciones económicas cumplía el 8 de abril. Las únicas noticias que tenemos por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria de esa regulación, son los sucesivos aplazamientos.
Por medio de esta normativa, se permite utilizar para el consumo propio la generación obtenida mediante pequeñas instalaciones de energías renovables domésticas. Cuando la generación excede al consumo está se vierte a la red y queda registrada en balance para cuando el usuario desee consumir y no esté produciendo o consuma por encima de su generación. Como es comprensible en un lugar como España con las condiciones climáticas de vientos y radiación solar y con la continua pérdida de valor que sufren las propiedades inmobiliarias, la entrada en vigor de la normativa podría suponer un revulsivo y favorecer la contratación de nuevas instalaciones. Una política de este tipo es evidentemente una apuesta por el crecimiento económico, en tanto supone una inversión por parte del estado mediante el establecimiento de un incentivo para el autoconsumo.
El nulo interés por parte del gobierno de Mariano Rajoy por completar la normativa de autoconsumo es precisamente, porque es establecimiento de ésta supondría un cambio de rumbo a políticas de expansión, mediante las cuales una inversión estatal busca impactar en la sociedad favoreciendo los intercambios económicos.
Los efectos del balance neto serían en primer lugar favorables para el medio ambiente y permitirían acercarnos a los compromisos comunitarios aceptados por España. Las nuevas instalaciones favorecerían un consumo más eficiente haciendo a los ciudadanos más conscientes de dicho consumo, además privilegiarían a las energías renovables que son las que se benefician de la regulación de autoconsumo. También acercarían a las ciudades los modelos de smart grids ya que el net metering supone la renovación de las redes además de la implantación de un sistema de generación distribuida.
Otro de los efectos positivos lo tendría sobre el paro, que es con mucha diferencia el problema más grave que enfrentamos los españoles. La normativa de autoconsumo con el aumento de la demanda instalaciones domésticas y su correspondiente efecto sobre las empresas y profesionales del sector de las renovables provocaría en primer lugar que muchas de las empresas que se dedicaban al negocio de las renovables en España y que eran pequeñas y medianas empresas en su mayoría, encuentren un nicho de mercado y puedan continuar abiertas; igualmente supondría el acceso al mercado laboral de muchos trabajadores que han reconvertido su actividad del sector de la construcción a las renovables mediante cursos promovidos por los propios servicios de empleo en muchos casos. Esto es la solución al problema de las pensiones de las políticas expansivas o de crecimiento. En lugar de obligar a retrasar la edad de jubilación, intentar ampliar la base de cotizantes. Es decir, de personas que aportan al sistema de pensiones. Además para muchas de las pequeñas empresas dedicadas a renovables, el autoconsumo es la única industria accesible desde el punto de vista de desarrollo de negocio. Son demasiado pequeñas para plantearse tramitaciones fuera de tarifa regulada y no tienen la capacidad económica, ni el conocimiento para salir fuera de España.
Ya se dejaba intuir en el párrafo anterior, pero esta normativa también ayudaría al mercado inmobiliario. En primer lugar por medio del negocio que pueden hacer muchas empresas que antes dedicadas a las pequeñas reformas ahora podrían expandir su negocio a las instalaciones de autoconsumo, completando con auditorías energéticas e instalaciones térmicas de agua caliente. En segundo lugar, al propio mercado de viviendas en stock, que actualmente tienen multitud de bancos y empresas inmobiliarias. Mejorar las condiciones de consumo energético ante una situación de continuo incremento de los precios de la electricidad, gas y el gasóleo es un valor añadido a cualquier piso en promoción que desde luego favorece su venta más que impedirla.
Para que todo esto sea posible no hace falta en España invertir en lo más costoso. Ya existe en España el conocimiento para realizar las instalaciones. Existe por tanto mano de obra preparada sobradamente para semejante tarea y un tejido industrial de proveedores y mercancías que permite acceder a precios competitivos. Por otra parte tenemos la necesidad de ahorrar en energía ya que como comentábamos en el párrafo anterior los precios de las materias primas energéticas, así como de la luz no hacen más que aumentar, lo cual ha creado en la sociedad una concienciación sobre la importancia del consumo eficiente. Tenemos la tecnología y tenemos la necesidad, solo nos falta la voluntad del gobierno actual de España para completar por fin, la normativa sobre autoconsumo y permitir que las energías renovables den de nuevo el paso a las políticas del futuro.
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