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El Gobierno de Extremadura solicita la no aplicación de la Tasa a la fotovoltaica y resto de renovables.

16-7-12. Carlos Mateu
lunes, 16 julio 2012.
Carlos Mateu
El Gobierno de Extremadura solicita la no aplicación de la Tasa a la fotovoltaica y resto de renovables.
Extremadura ve con enorme preocupación la tasa a la generación de electricidad que pretende implantar el Ministerio de Industria por considerar que va a perjudicar enormemente a la región.

El Gobierno de Extremadura ve con enorme preocupación e inquietud la tasa a la generación de electricidad por facturación que baraja establecer el Ministerio de Industria, ya que, según el alcance de la misma, se podrían llegar a poner en peligro los proyectos de energías renovables previstos en la región, especialmente en los sectores de la biomasa y la energía fotovoltaica, dos ámbitos en los que la comunidad tiene un amplio margen de crecimiento.

En el caso de la energía fotovoltaica, se trata de proyectos avalados por fondos de inversión internacionales de elevada solvencia, y que causarían unos efectos beneficiosos de creación de riqueza y generación de puestos de trabajo nunca vistos en esta región, con una inversión de casi 1.500 millones de euros y la creación de 6.500 empleos durante el periodo de construcción.

Pero dichos efectos esperados se perderían para siempre si el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no tiene en cuenta el inmenso error que su decisión pudiera llegar a desencadenar de no analizar antes con detenimiento sus posibles contraprestaciones.

El Gobierno de Extremadura pide al ministerio que reflexione con gran cuidado antes de tomar cualquier decisión, puesto que cualquier estimación que exceda un mínimo los márgenes de la sensatez y el sentido común podría condenar para siempre no sólo a los mencionados proyectos que se refieren a Extremadura, sino amputar de raíz el florecimiento de todo un sector en el que España se había convertido en un líder mundial.

Un sector que, sin estar ya acompañado de discutibles primas, está llamado a representar un salto cualitativo decisivo en la generación energética, el crecimiento sostenible, el respeto al medio natural, la creación de empleo especializado y la modernización tecnológica de toda España, con una presencia que es ya vital para las perspectivas de supervivencia económica de varias comunidades autónomas.

MEDIDA INEFICIENTE Y CONTRARIA AL MÁS MÍNIMO SENTIDO ECOLÓGICO

En esta línea, el Ejecutivo considera que se trataría de una medida que además de ineficiente y contraria al más mínimo sentido ecológico, es profundamente injusta con aquellos proyectos que quieren implantarse sin acceder a primas y que, por lo tanto, no han sido responsables de ‘déficit tarifario’. Cabe recordar que dicho déficit se debe a las energías nuclear e hidroeléctrica, a las cuales, en cambio, la nueva tasa que pretende el Ministerio apenas afectará en términos proporcionales. En cambio, la tasa puede ser letal para renovables como la fotovoltaica y la biomasa.

Añade el Gobierno de Extremadura que el desarrollo de las energías renovables debe jugar un papel determinante para disminuir la dependencia energética del exterior, que ha constituido de forma endémica una de las lacras del sistema energético nacional y uno de los escollos para un crecimiento económico sano y definitivo de este país, en particular de comunidades discriminadas históricamente comola propia Extremadura.

Así mismo, la tasa que planea el Ministerio repercutirá en la imagen exterior de España y su reputación ante los mercados internacionales, porque no dejar de ser una nueva vuelta de tuerca sorpresiva en torno a las renovables, con el indeseable efecto de inseguridad jurídica que ello provoca y que ya ha causado las primeras y lógicas advertencias por parte de importantes fondos de inversión a nivel mundial.

Si finalmente el Gobierno de la nación aprueba esta medida, el Gobierno de Extremadura seguirá trabajando para tratar de frenar esta fiscalidad, llegando hasta donde haga falta, hasta las últimas instancias. Porque es una medida negativa tanto en el fondo como en la forma, ya que se pretende adoptar sin un proceso previo de negociación, o al menos de consulta, con las comunidades autónomas afectadas.

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