La Federación de instaladores eléctricistas (FENIE) denuncia con cifras en la mano, la dificultad de legislar con plena independencia sobre las compañías eléctricas. Su retiro dorado no se lo permite a los Políticos españoles.
Desde finales del siglo XX, las compañías eléctricas han comprobado como la actualidad del mercado eléctrico estaba presidida por decisiones y medidas de los diferentes gobiernos de difícil justificación, pero de las que siempre han resultado claramente favorecidas. Por el contrario, la repercusión de esas decisiones en los ciudadanos y en el resto del sector eléctrico no resulta ni mucho menos tan favorable. Todo lo contrario, lo que ocurre es que dichas actuaciones no siempre son conocidas y reconocidas en toda su relevancia por la opinión pública. Las compañías eléctricas son también destacados anunciantes publicitarios y dichas informaciones no siempre son fáciles de publicar para los medios de comunicación en los que invierten.
Las compañías eléctricas han «fichado» para sus estructuras a una treintena de altos cargos de los últimos gobiernos democráticos.
De ellas reciben remuneraciones muy relevantes y los ejemplos incluyen a dos ex presidentes del gobiermo: Felipe González y José María Aznar.
Este trasvase propiciado por las propias compañías eléctricas cuestiona la independencia a la hora de regular y legislar en un mercado que debe estar guiado por la libre competencia.
Los Costes de Transición a la Competencia o el famoso Déficit de Tarifa son las dos más significativas, aunque no las únicas. La decisión de fijar el precio de venta en el mercado en función del origen del último kilowatio vendido, también supone una norma poco congruente en el seno de un mercado precisamente guiado por las reglas de la competencia.
Las compañías eléctricas comprueban cada día como muchas de esas medidas repercuten directamente en su beneficio, en ocasiones incluso con inyecciones en efectivo del gobierno de turno, como ocurrió en la primera legislatura presidida por José María Aznar. Otras veces, el beneficio viene derivado por el reconocimiento de una deuda pendiente, que se eleva ya a una cifra próxima a los 20.000 millones de euros. Esta deuda permite a las eléctricas ejercer una presión añadida sobre el gobierno vigente.
En definitiva, todos los hechos vienen a hacer evidente que las eléctricas se ven favorecidas por la gran proximidad que existe entre las decisiones que toman los políticos que gobiernan y su interés. Y que esa cercanía está propiciada también por las propias compañías eléctricas, que la convierten en una proximidad real cuando dan cobijo a muchos de ellos una vez han dejado sus cargos públicos. Esa lista de nuevos directivos o asesores que incluyen en sus nóminas es ya tan amplia que resulta llamativa.
Todo ello cuando la legislación española prohíbe que un antiguo alto cargo trabaje para una empresa privada durante los dos años siguientes a haber abandonado su puesto, a menos que se le autorice expresamente. Eso es precisamente lo que ha ocurrido ya en numerosas ocasiones y lo que sucedió también en uno de los casos más recientes, el de la exministra de Economía, Elena Salgado, cuando recibió la oferta de Endesa para formar parte de la nómina de asesores de su filial chilena, Chilectra, con un sueldo inicial de entre 35.000 y 70.000 euros.
La exvicepresidenta podrá compatibilizar dicho puesto con su actividad privada en una consultoría de reciente creación y acompañará en ese consejo asesor al expresidente popular, José María Aznar, también asesor externo de la propia Endesa con un sueldo cercano a los 300.000 euros. Por su parte, el ex vicepresidente socialista, Pedro Solbes, figura como integrante del Consejo de Administración de la matriz italiana de Endesa, Enel, con una remuneración de 250.000 euros anuales.
Otro de los fichajes recientes ha sido el de Ángel Acebes, contratado por Iberdrola. El que fuera secretario general del PP y desempeñara el cargo de ministro en varias carteras de su gobierno, forma parte de la nómina de esta compañía desde finales de abril y percibe por ello la nada despreciable remuneración de 400.000 euros anuales.
El hecho contrastado de que muchos políticos con altos cargos en los diversos gobiernos acaben logrando contratos elevados en estas compañías, pone en entredicho su labor previa en materia legislativa en todos aquellos asuntos que les afectan a ellas y cuestiona seriamente que actúen con independencia, guiados por el interés de los ciudadanos y por los imperativos que exige un mercado en libre competencia.
Las compañías eléctricas se han visto beneficiadas por circunstancias como las condiciones de las plantas hidroeléctricas y nucleares, que han recibido concesiones como las prórrogas para su explotación, de manera que su política ha propiciado que se extienda esa sombra de duda sobre algunos altos cargos y ha impedido que puedan gozar de credibilidad a la hora de afrontar asuntos tan delicados como el ya mencionado del Déficit de Tarifa.
Es por ello por lo que grupos parlamentarios como UPyD e Izquierda Unida ya han puesto en marcha sendas iniciativas para debatir la proximidad tan singular y ese “imán” que para los altos cargos tienen las compañías eléctricas. Sin embargo, ambas iniciativas se han encontrado con el freno del voto en contra de los dos partidos mayoritarios, precisamente aquellos de quienes provienen la gran mayoría de los ejemplos del “trasvase” citado, cuyo origen se remonta al acceso a la presidencia de Endesa de Rodolfo Martín Villa, ex vicepresidente del Gobierno, que estuvo al frente de la compañía hasta 2002 y completó la privatización de la empresa.
La Coalición por la Energía Comunitaria ha enviado una carta al Gobierno en la que reclama un impulso decidido a las comunidades energéticas que cuente con una participación ciudadana real.
Atravesamos un momento excepcional en el ámbito energético. Por un lado se han venido desarrollando políticas innovadoras apostando por el uso de las renovables y por otro, por la descarbonización de nuestras ciudades y de nuestro entorno.
