El Consejo de Ministros aprueba una normativa que soluciona el problema del déficit tarifario.

Cinco millones de hogares podrán beneficiarse de una nueva tarifa eléctrica reducida o “bono social”
 
Hasta 2012 se congelarán las tarifas eléctricas para los consumidores con potencias contratadas hasta 3 KW en su primera residencia, así como a familias numerosas, los perceptores de las pensiones mínimas y aquellos hogares que tengan todos sus miembros en paro. La suma de ciudadanos directamente beneficiados por esta medida asciende a 14,5 millones. Las empresas eléctricas asumirán el coste de la implantación de este “bono social”.
Las compañías también pagarán los costes derivados de la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado (segunda parte del ciclo de combustible nuclear), que ascienden a unos 2.700 millones.
El Estado avalará hasta 10.000 millones de euros las cantidades del déficit  tarifario pendientes de titulizar y los Presupuestos Generales del Estado asumirán los sobre costes de producir electricidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
El  nuevo Real Decreto-Ley  aprobado por el Consejo de Ministros  garantiza la sostenibilidad futura del sistema eléctrico y articula un mecanismo de protección para los consumidores más vulnerables.
La abultada deuda del sistema eléctrico (16.000 millones de euros, de los que a día de hoy todavía quedan por pagar 14.000 millones), amenaza su continuidad. El actual contexto de restricción del crédito dificulta su financiación e incrementa los riesgos a los que se ve sometido el sistema eléctrico, por lo que resulta imprescindible definir un mecanismo de financiación robusto que asegure que el sistema eléctrico hará frente a todos los pagos con la garantía del Estado.
La actual situación impide la competencia en el mercado eléctrico, dificulta las inversiones en el sector e impide a los ciudadanos recibir señales adecuadas de precios para adaptar su patrón de consumo al coste de la energía eléctrica.
Las medidas aprobadas por el Gobierno reúnen las características de extraordinaria y urgente necesidad exigidas legalmente para adoptar la forma de Real Decreto-Ley, ya que afectan a aspectos básicos de la regulación de un sector fundamental de nuestra economía como es el energético y deben implantarse rápidamente para que tengan eficacia inmediata.
El denominado déficit tarifario se produce cuando lo que pagamos a través de la factura es insuficiente para cubrir los costes de producción de la electricidad. Cuando se incurre en déficit, el sistema eléctrico asume esta deuda que, una vez reconocida a las compañías eléctricas, se paga a lo largo de los años siguientes mediante la tarifa de la luz.
Implantación del “bono social”
El Gobierno ha decidido implantar una bonificación en la factura eléctrica para los consumidores domésticos que cumplan con determinadas características sociales, de consumo y poder adquisitivo, que será financiada por las empresas titulares de instalaciones de generación.
El “bono” cubrirá la diferencia entre el valor de la tarifa de último recurso (TUR) y una tarifa de referencia que se denominará tarifa reducida y se aplicará de forma automática a quienes tengan una potencia contratada inferior a 3 KW en su primera residencia, unos cuatro millones de hogares.
Adicionalmente, podrá solicitar la tarifa reducida cualquier consumidor acogido a la TUR perceptor de una pensión mínima, hogares con todos sus miembros en paro y familias numerosas, lo que extiende el derecho a disfrutar del “bono social” a un millón más de consumidores.
La suma de ciudadanos directamente beneficiados por esta medida asciende a 14,5 millones.
En la práctica esto significa que la factura eléctrica se congelará para todos estos consumidores hasta 2012, fecha en la que se revisará la normativa aprobada hoy por el Consejo de Ministros.
Las empresas con instalaciones de generación financiarán esta medida social. La tarifa reducida convivirá con la tarifa social implantada por el Gobierno en julio de 2008.
Financiación de la deuda acumulada por el déficit de tarifa
Ante la actual situación de restricción del crédito, el sistema eléctrico necesita liquidez. Para garantizar la financiación de la deuda actual, los derechos de cobro se cederán a un fondo de titulización de nueva creación. El Estado avalará durante 2009 hasta un máximo de 10.000 millones de euros los valores que emita dicho fondo relativos a los déficits tarifarios reconocidos y pendientes de cesión a terceros.
Asimismo, el Estado avalará los derechos de cobro generados entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012 que se cedan al fondo.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) designará al gestor del mencionado fondo de titulización siguiendo los principios de objetividad, transparencia, publicidad y mínimo coste.
La creación del fondo permitirá una gestión eficiente de la deuda que actualmente tiene el sistema eléctrico, acota el déficit que puedan surgir hasta 2013 y garantiza que a partir de ese ejercicio no se producirán más déficits.
Por otro lado, con el objetivo de eliminar de la tarifa eléctrica partidas con escasa relación con el suministro, los PGE asumirán de forma gradual entre este año y 2012 el coste extra que implica la generación de electricidad en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, que ascienden a unos 1.300 millones de euros.
Con la misma finalidad, las compañías eléctricas deberán asumir el coste de la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado (segunda parte del ciclo de combustible nuclear), así como todos los costes relativos a las actividades técnicas y servicios de apoyo necesarios para llevar a cabo estas actuaciones.
Trasladado a precios actuales estos costes, que se pagan a lo largo de varios ejercicios, representan unos 2.700 millones de euros.
La entidad pública ENRESA seguirá siendo la encargada de gestionar y vigilar que todas las actividades relacionadas con la segunda parte del ciclo de combustible nuclear se realizan en condiciones adecuadas de seguridad.
Con esta medida se libera a la tarifa, y por tanto a los consumidores, de hacer frente a los costes de gestionar los residuos nucleares.
Por último, el Real Decreto-Ley aprobado hoy crea un registro de preasignación de retribución para las instalaciones del denominado régimen especial (renovables y cogeneración) con el objetivo de hacer un seguimiento de la evolución de la potencia instalada y asegurar que se cumple el requisito de que el consumidor cuente con una energía a un coste razonable y que la evolución tecnológica de estas fuentes de generación permita una reducción gradual de sus costes y su competencia con las tecnologías de producción eléctrica convencionales.
Esto permitirá alcanzar de forma ordenada los objetivos de energías renovables fijados por la Comisión Europea para el año 2020.
El registro permanecerá abierto hasta que se alcance el cien por cien del objetivo de potencia marcado en la legislación vigente y todos los titulares inscritos recibirán la retribución establecida en la ley, incluso en el caso de que en el momento de la apertura del registro se supere el cien por cien de la potencia instalada prevista, por lo que otorga estabilidad al sector y garantiza la necesaria seguridad jurídica.
En cuanto al sector del gas, se modifica la Ley de Hidrocarburos y se designa a Enagás, transportista único de una parte de la red primaria de transporte.