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APPA lamenta la ralentización y la inseguridad jurídica a las que el Gobierno ha abocado al sector.

15-11-11
Juan Alcolado
800 Lectores
APPA lamenta la ralentización y la inseguridad jurídica a las que el Gobierno ha abocado al sector.
APPA critica que la Ley de Renovables, presente en todos los programas electorales del Partido Socialista desde 2004, ni siquiera ha sido abordada.

- Los beneficios reconocidos oficialmente de las energías renovables, 29.000 millones de euros, superarán con creces los costes asociados al desarrollo del Plan, 24.700 millones.
- Por primera vez se establecen objetivos particulares para tecnologías como la energía geotérmica, la energía marina o la eólica offshore y se establecen mecanismos retributivos para el calor renovable.
- La legislatura ha  quebrado la seguridad jurídica del sector, con cinco leyes distintas desde 2008.
- El Gobierno que salga de las urnas el 20 de noviembre tendrá ante sí una gran tarea para garantizar la seguridad jurídica y alcanzar los objetivos vinculantes en materia de renovables para 2020.

La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA celebra la aprobación, en el Consejo de Ministros del 11 de noviembre, del Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020. Este Plan, que debió haberse aprobado durante 2010, marca las líneas generales de actuación del sector durante la próxima década. La aprobación del PER constituye una  esperanza para el sector al final de una legislatura en la que la seguridad jurídica se ha visto seriamente afectada, con tres Reales Decretos y dos Reales Decretos-Ley desde 2008, algunos de ellos con modificaciones retroactivas del marco retributivo vigente. El PER 2011-2020 establece objetivos poco ambiciosos (20,8%), ligeramente superiores a la obligación vinculante marcada por la Directiva europea 2009/28/CE (20%).
El Consejo de Ministros del 11 de noviembre, el penúltimo de la legislatura antes de las elecciones del día 20, aprobó el Plan de Energías Renovables 2011-2020, que constituye la hoja de ruta de las energías limpias en nuestro país para la presente década. El PER marca un objetivo del 20,8% de energías renovables en el consumo final bruto de energía en 2020. Esta cifra es sólo ligeramente superior al compromiso vinculante del 20% marcado en la Directiva 2009/28/CE.

Una buena noticia para cerrar una mala legislatura
A diferencia del discurso público de apoyo a las renovables desarrollado por el presidente Rodríguez Zapatero, la última legislatura ha sido nefasta para el sector de las energías limpias. La seguridad jurídica se ha visto seriamente afectada, con cinco leyes distintas desde el año 2008, algunas de ellas con modificaciones retroactivas de marcos retributivos anteriores. Esta inestabilidad regulatoria ha venido a acrecentar el grave problema de financiación derivado de la crisis económica. En palabras de José María González Vélez, presidente de APPA, “este ha sido el peor Gobierno para las energías renovables desde los años ochenta”.
La Ley de Energías Renovables, una vieja promesa al sector presente en los dos últimos programas electorales del Partido Socialista (también en el actual), ni siguiera ha sido abordada por el Gobierno, a pesar de las reclamaciones del sector y del trabajo desarrollado por la Asociación de Productores de Energías Renovables que, en junio de 2009, presentó conjuntamente con Greenpeace una propuesta de Anteproyecto de Ley de Renovables. La propuesta de la patronal de las renovables y la organización ecologista habría servido para trasponer la Directiva 2009/28/CE, que debía haber sido traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico hace un año y aún sigue pendiente. Ahora vuelve a estar en el programa por tercera vez del partido socialista que no la ha hecho cuando ha gobernado.

Nuevas tecnologías y apoyo al calor renovable
Las energías renovables aportan electricidad limpia, pero también usos térmicos, que permiten disfrutar de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Aunque las aplicaciones de las energías renovables son múltiples, la más desarrollada hasta el momento en nuestro país ha sido la generación eléctrica. El nuevo PER trata de paliar este desarrollo heterogéneo, planteando un sistema de incentivos para los usos térmicos renovables, el ICAREN.
También se establecen, por primera vez, objetivos para tecnologías renovables como la geotermia, con 50 megavatios para 2020, las energías marinas, con 100 megavatios, o la eólica offshore, con 750 megavatios. La Planificación Energética Indicativa, aprobada en el mismo Consejo de Ministros, reconoce el sobredimensionamiento de instalaciones de generación y no prevé nuevas necesidades de potencia hasta 2020, a excepción de las renovables y las centrales reversibles de bombeo que mejorarán la gestión de la red eléctrica.
El PER 2011-2020 recoge el autoconsumo de energía eléctrica generada con renovables mediante mecanismos de balance neto, donde el consumidor podrá “autoproducir” su electricidad y apoyarse en el sistema para “almacenar” sus excedentes. Este sistema evita la instalación de mecanismos de acumulación pero no contempla el pago por la electricidad excedentaria. La falta de una legislación que regule este autoconsumo deja sin validez la propuesta.

Reconocimiento oficial del beneficio económico de las renovables
En el Plan de Energías Renovables 2011-2020 se reconoce oficialmente el beneficio económico de las energías renovables para nuestro país. Aunque los datos oficiales del IDAE y el Ministerio de Industria son bastante más conservadores que los manejados por el sector, el PER 2011-2020 cifra en 29.000 millones de euros los beneficios directos y cuantificables del Plan, magnitud que supera ampliamente los 24.700 millones de coste (primas a la generación y sistemas de apoyo incluidos).

Un plan poco ambicioso
El Plan desaprovecha la oportunidad de fijar unos objetivos ambiciosos para 2020 que supongan un verdadero cambio en nuestro modelo energético. En un país con una dependencia energética de las importaciones del 88,7%, se debe trabajar con el objetivo de modificar esa grave debilidad de nuestra economía, críticamente vulnerable a variaciones en los precios de los combustibles fósiles. Más aún cuando el propio PER reconoce que los beneficios económicos son claramente superiores, en más de un 17%, a los costes. Si las renovables son beneficiosas económicamente y reducen nuestra dependencia, no existe ninguna razón para la escasa ambición del PER 2011-2020.
Se da la paradoja de que el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables, elaborado por el Gobierno y presentado a Bruselas, marca para España un objetivo superior (22,7%) que el Plan de Energías Renovables (20,8%). El Gobierno ha comprometido ante la Unión Europea un objetivo mayor que el que se ha marcado internamente.

Un pilar para la recuperación económica
Las energías renovables, como concluye el Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España (descargar) y reconoce de manera más conservadora el Gobierno en el PER, constituyen un negocio para nuestro país y suponen un pilar sostenible sobre el que edificar la recuperación económica.
El Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre tiene ante sí una importante tarea para aprovechar las energías renovables como grandes generadoras de empleo mediante energía autóctona. Para ello será necesario garantizar la seguridad jurídica y dotar de una regulación estable y predecible al sector mediante el Boletín Oficial del Estado, dado que el PER 2011-2020 no tiene rango de ley.

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