En el Senado el Gobierno responde a pregunta escrita del Partido Popular sobre la desconfianza del sector y de las inversiones tras la aplicación de las medidas retroactivas. La respuesta les define: Son Ignorantes.
D. José Antonio Rubio Mielgo, Senador electo por Palencia, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, presentó en el mes de marzo pasado la siguiente pregunta con respuesta escrita, que ya tiene respuesta por parte del Des-Gobierno español:
P.- En los últimos meses el Gobierno ha desarrollado y tramitado una serie de disposiciones legales sobre las energías renovables, en concreto sobre la energía fotovoltaica, dándose la circunstancia de que alguna disposición tiene carácter retroactivo provocando una gran incertidumbre jurídica.
¿Es consciente el gobierno de que la falta de una normativa clara y estable produce una gran desconfianza en el sector?
¿Es consciente el Gobierno de que la desconfianza pone en riesgo las inversiones en el sector de la energía fotovoltaica, con la consiguiente perdida de empleos?
¿Qué medidas tiene previstas el gobierno para evitar esa desconfianza y propiciar la inversión en el sector y así evitar la pérdida de empleos?.
RESPUESTA DEL DES-GOBIERNO:
El Real Decreto-Ley 14/2010 es la culminación del conjunto de medidas iniciadas en 2009 con la promulgación del Real Decreto-Ley 6/2009, al objeto de racionalizar los costes del sistema eléctrico, mediante un paquete de medidas, entre las que destacan:
(i) la creación del registro de preasignación que permite planificar las instalaciones de energía renovable, su distribución temporal y, por tanto, el impacto en los costes imputables al sistema;
(ii) la eliminación del déficit de tarifa, mediante el establecimiento de la senda de reducción hasta su completa eliminación el 1/1/2013 y (iii) el establecimiento de mecanismos de protección adicionales para colectivos vulnerables mediante el bono social.
Estas actuaciones de 2009, orientadas a reducir los costes del sistema, han tenido continuidad durante 2010, a través de nuevas medidas nacidas de los acuerdos alcanzados con los sectores renovables eólico y solar termoeléctrico (Real Decreto 1614/2010), y la aprobación de la nueva normativa para las plantas solares fotovoltaicas a futuro, que reduce las primas en un 5% para las instalaciones de techo pequeño, en un 25% para las de techo mediano y en un 45% para las de suelo (Real Decreto 1565/2010).
Sin embargo, el impacto de estas medidas no ha sido suficiente para frenar los desequilibrios, acentuados como consecuencia de:
(i) el crecimiento por encima de lo estimado de los costes regulados en 2010, en especial las primas del régimen especial provocadas por la mayor producción fotovoltaica y,
(ii) la evolución de la demanda de electricidad que, en 2009, sufrió una caída del 4,7%, primera en 25 años, frente a una tendencia de incrementos sostenidos próximos al 4% anual.
Estas disminuciones de la demanda reducen los ingresos del sistema eléctrico y suponen que los costes fijos tengan que repartirse entre menos usuarios de electricidad, lo que eleva el coste por usuario.
Estas dos circunstancias elevaron el déficit tarifario e hicieron que las medidas adoptadas hasta ese momento para garantizar la reducción progresiva del déficit de tarifa fueran insuficientes. Por ello, la necesidad de aprobar de manera urgente nuevas medidas de ahorro de costes y generación de nuevos ingresos para el sistema que evite la desestabilización de nuestro sistema eléctrico o subidas desmesuradas de la tarifa eléctrica. Así surge el Real Decreto-Ley 14/2010, una pieza legislativa de carácter excepcional aprobada con el objetivo de asegurar de manera urgente la sostenibilidad económica del sistema eléctrico.
El Real Decreto-Ley 14/2010 mantiene el objetivo de eliminación de nuevo déficit en el sistema eléctrico a partir de 2013. Para ello, prevé la puesta en marcha de un conjunto de medidas que, con carácter inmediato, permite salvaguardar y fortalecer la viabilidad económica del sistema eléctrico, mejorando su posición en los mercados financieros y de deuda.
Un aspecto especialmente relevante en estos difíciles momentos para un sector, el eléctrico, que es unos de los principales sectores generadores de empleo y de actividad económica.
En concreto, se establecen contribuciones equilibradas entre los consumidores (que han soportado una subida de tarifas del 9,8 por 100 el 1 de enero) y los agentes del sector.
De éstos últimos, las empresas tradicionales soportarán nuevos costes, como la financiación de los planes de ahorro, la extensión del bono social hasta 2014 y un nuevo peaje a la generación.
Sin embargo, pese a que se ha aprobado recientemente una nueva regulación que racionaliza el modelo económico para las instalaciones fotovoltaicas futuras (Real Decreto 1565/2010), para las instalaciones existentes estaba pendiente establecer su contribución y cerrar algunas lagunas legislativas que podrían comprometer de nuevo la sostenibilidad del sistema en los próximos años. El Real Decreto-Ley 14/2010 cumple este objetivo.
El sector de la energía solar fotovoltaica era el único de los grandes sectores de las energías renovables que aún no había hecho un esfuerzo para ayudar a una reducción gradual y ordenada del déficit de tarifa, imprescindible para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema eléctrico.
La reducción de la retribución fotovoltaica contemplada en el RD-L 14/2010 es temporal, es razonable, es proporcionada y es necesaria para garantizar el futuro de nuestro sistema eléctrico y una asignación eficiente de los recursos públicos.
Por otra parte el Ministerio de Industria ha resuelto la convocatoria correspondiente al primer trimestre de 2011 con la inscripción de 923 nuevas solicitudes en el registro de preasignación de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica.
Las nuevas instalaciones suponen incorporar al sistema eléctrico español 116 MW adicionales. Estas instalaciones se suman a las 2.488 inscripciones de las cuatro convocatorias de 2009, correspondientes al primer año de funcionamiento del nuevo modelo de asignación de primas y potencias, y a las 3.594 instalaciones de 2010.
En las 9 convocatorias resueltas hasta la fecha se han inscrito un total de 7.736 plantas fotovoltaicas con derecho a retribución, que totalizan una potencia de 1.100 MW.
Estos datos ponen de manifiesto que la regulación del sector no pone en peligro su desarrollo.
Un breve paseo explicativo de la plataforma informática de Clientes que posibilitará a partir de septiembre, atender la gran avalancha de las reclamaciones que se interpondrán en defensa de la Seguridad Jurídica Fotovoltaica.
Para poder acceder al código descuento de colectivo del 50% de honorarios es preciso un mínimo de 5 titulares de la misma planta fotovoltaica.
