Vilajoana recurrirá ante el Constitucional el veto del Gobierno a dos enmiendas de CiU sobre la fotovoltaica que protegían a los pequeños inversores

En relación a la noticia publicada en el día de hoy titulada: El Presidente del Senado desetima el recurso de amparo de CIU a favor de la fotovoltaica (+info aquÍ), el portavoz de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana, nos acaba de comunicar que ha anunciado en el Pleno de la Cámara que el Grupo Parlamentario Catalàn presentará en breve recurso ante del Tribunal Constitucional al veto del Gobierno a dos enmiendas de la formación sobre la fotovoltaica. Las mejoras inicialmente se presentaron en la tramitación en el Senado del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público en el ámbito de la Defensa y de la Seguridad y protegían a los pequeños inversores del sector y formaban con otra un paquete de tres enmiendas.
Vilajoana ha subrayado que como portavoz del Grup ha tomado esta decisión después de que el Presidente de la Cámara Alta, Javier Rojo, desestimara ayer el recurso de amparo, presentado la semana pasada ante el máximo responsable del Senado por “la decisión arbitraria del Gobierno”.
El senador ha destacado que “el Ejecutivo al presentar un veto a las dos enmiendas ha actuado de forma discriminatoria y ha creado indefensión hacia unas familias que quedarán en una situación muy delicada”.
Las dos enmiendas, incrementaban las medidas de protección para los pequeños inversores de la fotovoltaica que “con el recorte de las primas decidido por el Gobierno, a través de un Real Decreto, pasarán por importantes dificultades”. Tal y como ha explicado Vilajoana, “se pretendía ayudar los pequeños inversores, en su mayoría agricultores, que habían aprovechado parte de sus campos para instalar energía fotovoltaica y habían pedido créditos basados en unos ingresos teóricos para los próximos veinticinco años. En total representan el 66% de las instalaciones afectadas y el 33% de la potencia”.
La primera mejora, ante el recorte de las primas, instaba al Ejecutivo a dar la opción a aquellas instalaciones fotovoltaicas puestas en marcha con anterioridad a la entrada en vigor del Real decreto 14/2010 del 23 de diciembre a asimilar su limitación de retribución permanente a su máximo histórico anual o a la media histórica del municipio en caso de no disponer de un histórico de un año. Paralelamente, para aquellas instalaciones con una potencia nominal inferior a 100 KW las horas equivalentes de referencia se incrementaban en 310 horas equivalentes y 430 horas equivalentes durante los años 2012 y 2013, respectivamente. Esta enmienda representaba un coste económico de 145 M€ durante el 2012 y de 202 M€ durante el 2013.
La segunda enmienda instaba al Ejecutivo a crear una nueva línea ICO para la financiación directa de las instalaciones fotovoltaicas afectadas por la reducción de la tarifa regulada establecida en el Real decreto 14/2010. De esta manera, tal y como ha indicado Vilajoana, “se evitaba la quiebra económica de las instalaciones fotovoltaicas gravemente afectadas, eliminando el riesgo que la banca española tenga que hipotecar los bienes que se utilizaron como garantía de los préstamos”.
Vilajoana ha destacado que “la decisión del Gobierno es claramente discrecional porque no ha vetado otras enmiendas en otras tramitaciones legislativas que tenían un coste similar o superior y afectaban a los Presupuestos”.

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