El Sector Fotovoltaico condena el secuestro del debate parlamentario ejercido por el Gobierno.

El Gobierno usa un procedimiento absolutamente extraordinario al mostrar su “disconformidad” con enmiendas planteadas.
Las enmiendas tratan de paliar la dramática situación en la que el RD-L 14/2010, actualmente bajo investigación de la Comisión Europea, ha dejado a empresas e inversores particulares.
El Sector Fotovoltaico nacional condena el secuestro del debate parlamentario ejercido por el Gobierno al tratar de vetar la votación en sede parlamentaria de dos enmiendas destinadas a paliar la situación de los inversores fotovoltaicos. Las enmiendas, presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió pretenden paliar la dramática situación que las medidas retroactivas han creado en miles de inversores. Convergencia i Unió ya ha presentado un recurso de amparo al Presidente del Senado y no descarta elevar el recurso ante el Tribunal Constitucional.
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El Gobierno, a través del Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, ha mostrado su disconformidad con dos enmiendas presentadas en el Senado para paliar los efectos del Real Decreto-Ley 14/2010. Esta medida, supone un procedimiento absolutamente extraordinario, al tratar de evitar el debate parlamentario, restringiendo de esta forma el derecho a la participación de los representantes libremente elegidos por los ciudadanos.
Se trata de una medida grave, desproporcionada e inaceptable en cualquier uso parlamentario y democrático porque limita la facultad de representación de los senadores elegidos por los ciudadanos y que, de versar sobre otros asuntos, posiblemente hubiera desencadenado un escándalo sin precedentes.
Las razones aducidas por el Gobierno para mostrar su disconformidad, lo que en la práctica puede suponer un veto al debate, son la necesidad de no incrementar los créditos o disminuir los ingresos presupuestarios. Estas razones son, además de falsas, claramente contradictorias con el comportamiento del Gobierno en otros trámites parlamentarios. En palabras del portavoz de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana, “la decisión del Gobierno es claramente discrecional porque no ha vetado otras enmiendas en otras tramitaciones legislativas que tenían un coste similar o superior y afectaban a los Presupuestos”.
Una cortina de humo ante la inexistente política energética
El discurso del Ministerio de Industria, con el respaldo del Gobierno y del PSOE, ha consistido en demonizar a la tecnología fotovoltaica como una forma de desviar la atención acerca de la falta de política energética en España. En los últimos tiempos se ha acusado a la fotovoltaica del déficit tarifario, del déficit público e incluso de la falta de competitividad de la economía nacional. Mientras se producían estos ataques, Alemania instalaba, solo el pasado año, más del doble de la potencia total instalada en España hasta la fecha, demostrando que no hay incompatibilidad alguna entre la apuesta por esta tecnología y el buen desarrollo económico.
La vinculación argumentada por el Gobierno entre las medidas propuestas y el déficit público es desconcertante: se pretende responsabilizar a la fotovoltaica de una política energética que ha prescindido de la planificación y cuya piedra angular ha sido una reducción retroactiva de ingresos sobre inversiones ya realizadas. Ciertamente las medidas propuestas suponen un incremento en los costes reconocidos en el recibo de la luz; pero debe reconocerse que el impacto sobre el mismo es insignificante comparado con otros propuestos por el Gobierno recientemente, tales como las subvenciones al carbón nacional o los incrementos en los pagos por capacidad a las centrales de gas.
Resulta cuando menos curiosa la utilización de un procedimiento tan extraordinario como es el veto al debate parlamentario, más aún cuando el Gobierno no ha realizado una sola acción para racionalizar las subastas CESUR y el pool eléctrico que les sirve de subyacente. Ambos son los verdaderos causantes de la subida de en torno al 20% de la tarifa eléctrica en el último año, calificadas de inflacionistas por la Comisión Nacional de Energía. Tampoco se ha optado por aumentar la competencia en la distribución de carburantes y en la comercialización de electricidad, hechos denunciados por la Comisión Nacional de la Competencia que siguen sin respuesta.
El Gobierno parece olvidar que el coste más importante de nuestro sistema energético son las importaciones de hidrocarburos. Debido al alza de los precios de los combustibles fósiles el coste de las importaciones energéticas ha aumentado un 38%. De mantenerse la tendencia, España pagará 15.000 millones de euros más que el año pasado. Frente a este incremento de gasto, que sí afecta de manera directa a los Presupuestos del Estado, el Gobierno sigue sin tomar medidas efectivas.
Una ley investigada por Bruselas
Desde septiembre de 2008 el Gobierno ha sacado adelante tres leyes distintas para tratar de frenar la tecnología fotovoltaica, algo que no se corresponde con su discurso público ni con la tendencia internacional donde esta tecnología lleva cuatro años creciendo a un ritmo del 80% anual. El culmen de estos intentos de acabar con el sector fotovoltaico nacional llegó con el RD-L 14/2010, que modificaba la retribución de las plantas ya instaladas, medida que fue calificada de “retroactiva” e “inaceptable” por el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger. Esta ley ha sido denunciada ante el Tribunal Constitucional, por las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, y está siendo actualmente investigada por la Comisión Europea.
En sede parlamentaria, el ministro Sebastián afirmó una y otra vez que el RD-L no afectaba a la viabilidad de las plantas fotovoltaicas, entre otras, en su intervención en el debate de convalidación del RD-L afirmaba que se trataba de  “unas inversiones que son solventes y rentables”. La negación que ahora se hace de una línea ICO para financiar los recortes retroactivos introducidos “por no preverse las garantías necesarias para la cobertura de las operaciones” supone la confirmación implícita, por parte del Gobierno, de que se ha producido un daño patrimonial a los inversores al comprometer, contrariamente a lo que defendía el Ministro, su viabilidad.