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Inversores internacionales demandan al Gobierno de España por imponer medidas retroactivas al sector fotovoltaico.

8-3-11
Carlos Mateu
11365 Lectores
Inversores internacionales demandan al Gobierno de España por imponer medidas retroactivas al sector fotovoltaico.
Inversores internacionales en el sector fotovoltaico demandan indemnizaciones o la eliminación de cambios retroactivos en la regulación española amparándose en tratados internacionales.

Un grupo de inversores internacionales, amparándose en tratados internacionales, han presentado demandas al Gobierno español en relación con el daño provocado por los cambios retroactivos introducidos en el régimen regulatorio con el que se remunera a los productores de energía fotovoltaica. Los inversores, representados por el despacho internacional de abogados Allen & Overy, han realizado inversiones por valor de 4.000 millones de dólares en proyectos fotovoltaicos en España. Entre los inversores se encuentran tanto inversores estratégicos como fondos de inversión especializados en energía, infraestructuras y tecnologías limpias. Estos inversores actualmente gestionan más de 30.000 millones de dólares de más de 70 fondos de pensiones y de otros inversores institucionales y privados que juntos suman un capital total bajo gestión de más de 3 billones de dólares.
La demanda se produce ante la votación para este jueves 10 de marzo de la Ley Orgánica de Economía Sostenible en el Congreso de los Diputados, ya aprobada el día 23 de febrero en el Senado, y que incluye una enmienda que suprimiría los cambios retroactivos impuestos al sector fotovoltaico por el RD-Ley 14/2010 en las pasadas navidades. Estas peticiones van en línea con el malestar que han creado los cambios en la Comisión Europea, que recientemente ha expresado mediante una carta con fecha del 22 de febrero firmada por los Comisarios europeos Gunther Oettinger y Connie Hedegaard haciendo llegar al Ministerio de Industria su rechazo a los cambios retroactivos y condenando la aprobación de leyes por parte del Gobierno que pongan en entredicho la seguridad jurídica de cualquier país miembro de la UE.
Las demandas de los inversores se amparan en el “Energy Charter Treaty”, un tratado multilateral de inversión diseñado con el objetivo de proteger inversiones transfronterizas en el sector energético, en el que se encuentra el solar fotovoltaico. 51 países, entre los que se encuentran todos los países miembros de la UE, se encuentran entre los firmantes de dicho tratado. La solicitud de reparación del daño causado es el primer paso en un proceso que pretende se reparen los daños causados por las acciones del Gobierno español antes de acudir a los tribunales internacionales de arbitraje, lo cual ocurrirá en caso de que el Congreso de los Diputados no derogase el reciente RD-Ley 14/2010 o que el Gobierno no acordase un mecanismo para indemnizar a los inversores.
Stephen Jagush, especialista en arbitraje internacional y socio de Allen & Overy afirma, “el Energy Charter Treaty se creó para potenciar inversiones transfronterizas a largo plazo en el sector energético y además proteger dichas inversiones de posibles cambios que los gobiernos firmantes pudieran pretender introducir en un marco previamente definido. El ECT, al ser un tratado supranacional, otorga a los inversores derechos que no pueden verse afectados por la modificación de leyes en ninguno de los países firmantes del acuerdo. Pues bien, los cambios introducidos por el Gobierno de España claramente incumplen los términos acordados en el ECT, causando un serio perjuicio a los inversores, por lo que tanto mi despacho como los inversores estamos firmemente convencidos de que existe la posibilidad de exigir una compensación al Gobierno de España”.
Anteriormente, de las 25 reclamaciones realizadas a países amparándose en el ECT, sólo una se realizó contra un miembro de la antigua UE de los quince, el resto fueron todas a países de Europa del Este o a países pertenecientes a la extinta Unión Soviética.
El despacho internacional Allen & Overy ha sido escogido para representar a los inversores internacionales tras un riguroso proceso de selección, entre otros motivos, por la dilatada experiencia de su departamento de arbitraje internacional liderado por Stephen Jagush, que realizó el primer caso en relación con el ECT.
Este caso es de suma importancia tanto para España como para el resto de la UE. En la situación actual, España necesita más que nunca de la confianza de los inversores extranjeros en la regulación de todos los sectores de su economía, confianza que ha perdido después de la introducción de cambios retroactivos en uno de los sectores con más presencia de inversores extranjeros. Asimismo las energías renovables y la bajada de emisiones de carbono son el eje principal de la política energética de la UE, además de su vital importancia en la lucha mundial contra el cambio climático. Para cumplir con los objetivos de reducción de las emisiones de carbono de la UE para los próximos 10 a 20 años se calcula que será necesaria una inversión de 1 billón de euros, con lo que queda claro la necesidad de estabilidad regulatoria en todos los países de la UE para cumplir con dicho objetivo.
Las acciones protagonizadas por el Gobierno de España han minado la confianza de los inversores extranjeros en España, con el consiguiente efecto negativo que puede provocar en el resto de los países de la UE. Las medidas tomadas hoy en día por este grupo de inversores son un importante paso en aras de reforzar sus derechos, recogidos bajo el ECT. Es también un aviso a otros gobiernos dentro y fuera de la UE para que garanticen un estricto cumplimiento de la estabilidad regulatoria y de los restantes puntos definidos en el ECT.
Los inversores internacionales presentes en las acciones emprendidas contra el Gobierno de España son: AES Solar, Element Power, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH, Lux Energy/GWM, NIBC Infrastructure, Platina Partners, Riverstone LLC, Scan Energy, Triodos Bank/Ampere Equity Fund y White Owl Capital. Como se ha mencionado anteriormente, estos inversores gestionan más de 30.000 millones de dólares de más de 70 fondos de pensiones y de otros inversores institucionales y privados que juntos suman un capital total bajo gestión de más de 3 billones de dólares.

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