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El Sector Fotovoltaico reclama seguridad jurídica y garantía de los derechos sociales y económicos

27-1-11
Juan Alcolado
1466 Lectores
El Sector Fotovoltaico reclama seguridad jurídica y garantía de los derechos sociales y económicos
Las tres Asociaciones -AEF, ASIF y APPA-, lamentan profundamente la aprobación por el Congreso de los Diputados del Real Decreto-Ley 14/2010

El Sector Fotovoltaico español lamenta profundamente la aprobación por el Congreso de los Diputados del RD-L 14/2010 que, con su carácter retroactivo, cercena los intereses sociales y económicos de más de 200.000 personas y pone de manifiesto la falta de seguridad jurídica a la que se ha llegado en el marco de la actual política energética del Gobierno español.
La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) expresan una profunda decepción por el resultado final de la votación en el Congreso de los Diputados, en donde se esperaba una mayor conciencia responsable de algunos grupos parlamentarios.
Las tres asociaciones destacan, sin embargo, la satisfacción por la defensa de la energía solar fotovoltaica expresada en las intervenciones por la mayor parte de los grupos de la oposición. En particular, por la confianza en el debido respeto de los compromisos adquiridos por todas las partes para reducir el impacto negativo de las decisiones ministeriales, mediante la iniciativa de CiU y PNV para incluir medidas paliativas, como enmiendas, en la Ley de Economía Sostenible, que se debatirá en el Senado próximamente.
AEF, ASIF y APPA demandan a todos los grupos políticos un ejercicio de responsabilidad que impida la tendencia impuesta por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de truncar la apuesta que hizo por la energía solar fotovoltaica, hace sólo algo más de tres años, el mismo Gobierno socialista y que condujo a situar a España en un claro liderazgo mundial del sector.
Sólo el buen sentido de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas podrá impedir que se atente de forma impropia contra las bases de cualquier política razonable, como, por ejemplo, defiende la Unión Europea. Es el caso de la independencia energética, el desarrollo sostenible, la racionalización del mix energético, la seguridad jurídica, el futuro blindado ante la incertidumbre regulatoria y el uso racional de todas las energías.
Las mencionadas patronales fotovoltaicas hacen un llamamiento a lospoderes públicos y a las administraciones para que respeten los derechos socioeconómicos de los inversores, promotores, productores y trabajadores de la industria fotovoltaica, que, con sus avances tecnológicos y una capacidad financiera y empresarial reconocida a nivel mundial, constituyen una de las herramientas básicas para el futuro energético sostenible español.
Subrayan las asociaciones que resulta positivo pensar que, incluso algunas de las fuerzas políticas que han convalidado el RDL 14/2010 hayan propuesto nuevas normas que hagan más viable y fiable el futuro del sector
fotovoltaico. Lo cual, sin duda, demostrará la eficiencia y capacidad de este sector energético para desarrollarse en el marco de un auténtico Estado de derecho, en un contexto de estabilidad financiera y en la aceptación generalizada que la ciudadanía española manifiesta hoy por las energías renovables, sin distinciones, impuestas por intereses de parte ajenos a los generales del país.
Sólo en un clima de sentido común y de auténtica justicia se podría evitar, en las próximas semanas, el descrédito de España como país cumplidor de sus compromisos financieros y jurídicos nacionales e internacionales, que conduciría a las administraciones al incalculable riesgo de un proceso de recursos administrativos y denuncias, en el ámbito nacional y en el exterior, que atacaría las bases del principio de equidad y rigor en el buen Gobierno de los estados.

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