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Juan Laso: “el Gobierno quiere quebrar la industria fotovoltaica”

21-12-10
Antonia Lecue
8032 Lectores
Juan Laso: “el Gobierno quiere quebrar la industria fotovoltaica”
El Ejecutivo prepara medidas retroactivas que obligarán a provisionar casi 20.000 millones de euros a los bancos, dispararán la prima de riesgo-país y generarán diez veces más gastos que el supuesto ahorro obtenido con ellas.

El Gobierno prepara incluir en el Real Decreto Ley de Acompañamiento a los Presupuestos un recorte retroactivo del 30% sobre las tarifas ya aprobadas y vigentes para las plantas del RD 661/2007, el 95,5% de las instalaciones fotovoltaicas españolas, según ha denunciado hoy Juan Laso, presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica. La medida provocaría la entrada en quiebra de la mayor parte de la industria fotovoltaica nacional, y plantearía un “gravísimo problema” para las cajas y bancos nacionales e internacionales, que tienen apalancados y deberían provisionar casi 20.000 millones de euros en este sector.
Laso subrayó que por cada euro que el Gobierno consiga ahorrarle a los costes del sector eléctrico mediante esa medida retroactiva e ilegal, generará un gasto y unos sobrecostes diez veces superiores, al disparar la prima de riesgo-país y otros muchos costes laterales, además del evidente perjuicio que la medida tendría sobre las cotizaciones de los propios bancos y de las compañías que trabajan en sectores regulados.
En una reunión con periodistas celebrada hoy, la Asociación Empresarial Fotovoltaica dijo conocer de manera fehaciente el propósito del Gobierno de sacar adelante esa medida retroactiva a finales de esta semana o de la próxima.
Según las cifras expuestas por Laso, una reducción del 10,4% sobre las tarifas fotovoltaicas ya aprobadas para las instalaciones acogidas al Real Decreto 661, de 2008 (el 99,5% del total), significaría la entrada en default de esas instalaciones, que no podrían generar el flujo de caja suficiente para asumir su deuda. Como el recorte retroactivo de horas con derecho a tarifa que plantea el Gobierno es muy superior, del 30%, el resultado será “la quiebra inevitable del sector”.
“La inmensa mayoría de los cerca de 60.000 pequeños inversores fotovoltaicos entrarían automáticamente en quiebra, lo que supondría un auténtico drama social”, apuntó José Luis Martínez, vicepresidente de AEF y presente también en la reunión.
Laso denunció el contrasentido de legislar ahora estas medidas retroactivas cuando el Ministerio de Industria acaba de publicar el pasado 19 de noviembre un Real Decreto que reduce sustancialmente a futuro las tarifas del sector fotovoltaico. La industria asumió entonces unos recortes de más de 600 millones de euros. Si finalmente salen adelante ahora las medidas retroactivas, los recortes para la fotovoltaica podrían llegar a casi 3.000 millones de euros en los próximos tres años. Para el presidente de AEF, es discriminatorio concentrar los recortes en la energía fotovoltaica, cuando supone el 10% de las renovables y cerca de un 3% de la producción eléctrica nacional.
Ilegal y recurrible
Laso recalcó también que la medida retroactiva es ilegal, y que en caso de salir adelante el Real Decreto Ley será recurrido ante el Supremo, para que a su vez plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Paralelamente, se plantean recurrir ante la Comisión Europea y en las cortes europeas de arbitraje.
El presidente de AEF consideró una “auténtica tropelía” que ese recorte horario se haga empleando unos ejemplos concretos contenidos en el Plan de Energías Renovables 2005/2010, “meramente indicativos y sin ningún carácter vinculante, como pueden ser los planes de carreteras o los de alta velocidad, mientras que incumplen la normativa efectivamente aprobada por Industria, y por tanto vinculante, como es el Real Decreto 661, donde expresamente se excluye cualquier limitación horaria o productiva”.
“Es tan retroactivo recortar tarifas como recortar horas”, declaró. “Los inversores obtienen la rentabilidad de sus instalaciones por los ingresos, que proceden de la producción y de las tarifas, y tan retroactiva es una cosa como otra”. “El Gobierno debería ser consciente de que plantea una medida inviable, que produciría mucho más gasto que el ahorro que supuestamente obtendría con ella. A nadie se le ocurriría resolver un problema generando uno muchísimo mayor”, concluyó.

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