No deja de sorprendernos el comportamiento de algunos Gobiernos para con la fotovoltaica. Desde aquí queremos exigirles más seguridad jurídica y más estabilidad regulatoria.
Según nota de prensa remitida por CLER (Comité de Liaison de Energies Renouvelables), el pasado jueves 2 de diciembre, el Gobierno decidió suspender durante cuatro meses el pago de la tarifa fotovoltaica de todos las plantas fotovoltaicas de venta a red excepto a las pequeñas instalaciones de uso residencial de hasta 3 kW.
De este modo CLER denuncia que el Gobierno no es coherente con sus objetivos, y le acusa de ocasionar con esta actitud un riesgo de acabar con el crecimiento del sector fotovoltaico que se encuentra en auge y entre los principales paises del sector a nivel mundial.Según señala CLER los sistemas de pequeña pontencia (menos de 3 kWc) son más costosos que el resto. La tarifa de kWh producido es mucho más elevada.Si ponemos todos los otros proyectos en el mismo saco podemos afirmar que:- no son proyectos especulativos,- el Gobierno hace caso omiso a la actividad económica de miles de negocios (promotoras, ingeniería, instaladoras...)- se ha quebrantado la necesidad de estabilidad y visibilidad de los proyectos innovadores y a menudo complejos.En este sentido, esta inestabilidad que promuevle el Gobierno francés desalentará a los grandes inversores de construir fábricas y apostar por la promnoción fotovoltaica en Francia. DESCARGAR NOTA DE PRENSA COMPLETA AQUÍ.Por otra parte señalar que SER-SOLER ha celebrado hoy una conferencia de Prensa sobre la preocupación de la industria solar fotovoltaica.Tras conocer el deseo del Gobierno Francés de suspender su obligación de compra durante cuatro meses de la energía solar fotovoltaica SER-SOLER ha celebrado esta mañana una Conferencia de prensa para transmitir las inquietudes de las partes intervinientes de la industria fotovoltaica e intentar evitar que se destruya el tejido industrial francés.Nos preocupa la actual agenda de transición energética que, lejos de responder a las actuales urgencias, profundiza en los mismos mecanismos que nos han llevado a esta crisis ecológica y social. El manifiesto está disponible en la web para firmar.
La nueva directiva, aprobada el 12 de marzo afecta a todos los Estados Miembros de la UE, que están obligados a incorporar sus disposiciones en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo máximo de 24 meses.