APPA pide al Gobierno un cambio en su política energética para impedir que Industria acabe con el sector fotovoltaico.

Aunque la Directiva europea 2009/28 insta a los Estados a erradicar las barreras administrativas y técnicas, la nueva normativa que baraja Industria las aumenta.
La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA pide al Gobierno un cambio de política energética que impida que la nueva normativa de Industria termine definitivamente con el sector fotovoltaico español. La paralización completa que vive el sector, la incertidumbre regulatoria y las falsas acusaciones que se han vertido contra la fotovoltaica están acabando con las escasas posibilidades de recuperación de un sector estratégico para España.
Tras el RD 1578/2008, cuyo principal objetivo era la ralentización del sector, y las infundadas acusaciones vertidas contra la tecnología fotovoltaica, el Ministerio de Industria busca ahora la desaparición del sector fotovoltaico nacional. “El objetivo de Industria no es sólo paralizar la instalación de nuevos megavatios fotovoltaicos, algo que ya ha conseguido, sino que, con la amenaza de retroactividad, persigue acabar con cualquier atisbo de recuperación en el sector ahuyentando a los posibles inversores”, ha declarado Javier García Breva, presidente de la Sección Fotovoltaica de APPA.
El Ministerio de Industria ha comenzado, de espaldas a las asociaciones sectoriales, la tramitación de la nueva normativa que regulará la fotovoltaica perpetuando el estado de incertidumbre en el que vive el sector que ha visto como su regulación se ha modificado en 2007, 2008 y, previsiblemente, en 2010. Tres regulaciones distintas en apenas cuatro años. “La imagen que estamos proyectando a los inversores extranjeros es de país tercermundista. La regulación del sector, que va a Real Decreto anual, es vergonzosa por lo cortoplacista y cambiante que es”, ha denunciado García Breva.
El sector fotovoltaico nacional se ha visto paralizado por el RD 1578/2008 en más de un 90%. Esto ha producido un proceso de deslocalización industrial, destruyéndose decenas de miles de empleos de alto valor añadido. “Mientras el mercado fotovoltaico a nivel mundial aumenta un 15% anual y la potencia aumentará este año en todo el mundo un 40% se da la paradoja de que aquí estamos cerrando fábricas y destruyendo empleos. Un absoluto sinsentido”, se ha lamentado el presidente de la Sección Fotovoltaica de APPA. “La fotovoltaica debería liderar el cambio de modelo productivo de nuestro país, pero el cortoplacismo del Ministerio de Industria va a impedir que España pueda estar entre los países líderes de esta revolución energética”, ha comentado García Breva.
Aumento de las barreras económicas, administrativas y técnicas
Lo poco que ha dejado entrever el Ministerio de Industria sobre la nueva regulación deja claros sus planes de futuro para la fotovoltaica, tecnología que los organismos internacionales han identificado como la de mayor potencial para el futuro. Disminución de las tarifas hasta un 45% - adicional a las reducciones pasadas –, adaptación a huecos de tensión y establecimiento de criterios de calidad intervencionistas, son sólo algunas de las múltiples barreras que el Ministerio quiere introducir en el desarrollo de la fotovoltaica. “Lo más grave, por su carácter disuasorio para los inversores, es la amenaza de retroactividad”, ha subrayado García Breva. “La retroactividad es romper la baraja, le pongan el disfraz que le pongan y es, de hecho, la peor campaña que se puede hacer contra la imagen y la credibilidad internacional de nuestro país. Ya sea disminuyendo la tarifa de las instalaciones en marcha como inventándose un límite máximo de horas anuales, la regulación con la que entraron las instalaciones a funcionar era la que era y el BOE lo publica el Gobierno, no el sector”, ha asegurado el presidente de la Sección Fotovoltaica de APPA.
La Directiva europea 2009/28 no sólo marca los objetivos vinculantes en materia de renovables para España, también exige la eliminación de las barreras no económicas – administrativas, técnicas y de conexión – que frenen el desarrollo de las energías renovables. La Directiva, que deberá transponerse a nuestra legislación antes de final de año, fue aprobada el 25 de julio de 2009 por el Parlamento Europeo y el Consejo, estando actualmente en vigor. La aprobación por parte del Ministerio de Industria de su nueva regulación, de publicarse con las características anunciadas, incumpliría claramente la Directiva europea. “APPA denunciará ante los organismos comunitarios pertinentes cualquier intento de regular la energía fotovoltaica a espaldas de la Directiva europea. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que Industria no acabe con el sector fotovoltaico nacional”, ha concluido Javier García Breva.