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APPA: La regulación del MITyC paraliza al sector fotovoltaico español.

1-10-10
Antonia Lecue
1742 Lectores
APPA: La regulación del MITyC paraliza al sector fotovoltaico español.
El Ministerio, tras diversas reuniones con el sector, ha actuado sin el acuerdo del mismo. Se ha iniciado una nueva regulación discriminatoria para la fotovoltaica.

Las barreras administrativas y técnicas se multiplican, a pesar de la Directiva europea 2009/28, que insta a los Estados a erradicarlas.
Existe una campaña difamatoria que tiene por objeto preparar a la opinión pública para la paralización total de la energía fotovoltaica en España, con el coste en empleos y riqueza que esto supone para nuestro país.
Madrid, 1 de octubre de 2010.- La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA denuncia que la tramitación de la nueva regulación iniciada por el Ministerio de Industria, sin el acuerdo de las asociaciones del sector, condenará irremisiblemente el futuro de la tecnología fotovoltaica en España. Para el presidente de la sección Fotovoltaica de APPA, Javier García Breva, “las medidas de diversa índole puestas en marcha por Industria tienen un hilo conductor que no es otro que limitar al máximo la conexión de nueva potencia fotovoltaica a la red eléctrica, lo que está llevando a la paralización de la industria fotovoltaica española”.
La asamblea general de socios de la sección Fotovoltaica de APPA ha acordado manifestar su repulsa a la decisión de Industria de suspender de forma unilateral las conversaciones que venía manteniendo con las asociaciones del sector y pide al Ministerio que retome las negociaciones y consensue con los diferentes agentes implicados las medidas que aseguren un desarrollo armonizado de la fotovoltaica en España.
La sección Fotovoltaica de APPA denuncia el trato discriminatorio que la tecnología sufre en la nueva regulación, la aplicación de normas de calidad que implican un claro intervencionismo, el incremento de barreras de toda índole que impiden el desarrollo del mercado fotovoltaico y que contradicen claramente las recomendaciones de la directiva europea de renovables, a la vez que rechaza cualquier medida de carácter retroactivo y que las adjudicaciones para las nuevas instalaciones fotovoltaicas se rijan por un modelo de subastas, como ha propuesto la Comisión Nacional de Energía.
APPA denuncia que la regulación de Industria condena al sector fotovoltaico
El Ministerio, tras diversas reuniones con el sector, ha actuado sin el acuerdo del mismo. Se ha iniciado una nueva regulación discriminatoria para la fotovoltaica.
Las barreras administrativas y técnicas se multiplican, a pesar de la Directiva europea 2009/28, que insta a los Estados a erradicarlas.
Existe una campaña difamatoria que tiene por objeto preparar a la opinión pública para la paralización total de la energía fotovoltaica en España, con el coste en empleos y riqueza que esto supone para nuestro país.
Madrid, 1 de octubre de 2010.- La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA denuncia que la tramitación de la nueva regulación iniciada por el Ministerio de Industria, sin el acuerdo de las asociaciones del sector, condenará irremisiblemente el futuro de la tecnología fotovoltaica en España. Para el presidente de la sección Fotovoltaica de APPA, Javier García Breva, “las medidas de diversa índole puestas en marcha por Industria tienen un hilo conductor que no es otro que limitar al máximo la conexión de nueva potencia fotovoltaica a la red eléctrica, lo que está llevando a la paralización de la industria fotovoltaica española”.
La asamblea general de socios de la sección Fotovoltaica de APPA ha acordado manifestar su repulsa a la decisión de Industria de suspender de forma unilateral las conversaciones que venía manteniendo con las asociaciones del sector y pide al Ministerio que retome las negociaciones y consensue con los diferentes agentes implicados las medidas que aseguren un desarrollo armonizado de la fotovoltaica en España.
La sección Fotovoltaica de APPA denuncia el trato discriminatorio que la tecnología sufre en la nueva regulación, la aplicación de normas de calidad que implican un claro intervencionismo, el incremento de barreras de toda índole que impiden el desarrollo del mercado fotovoltaico y que contradicen claramente las recomendaciones de la directiva europea de renovables, a la vez que rechaza cualquier medida de carácter retroactivo y que las adjudicaciones para las nuevas instalaciones fotovoltaicas se rijan por un modelo de subastas, como ha propuesto la Comisión Nacional de Energía.
Regulación de espaldas al sector y discriminación a la fotovoltaica
El pasado julio, tras una serie de reuniones mantenidas entre el Ministerio de Industria y el sector fotovoltaico, los representantes del Ministerio emplazaron al sector a continuar las conversaciones después de septiembre. Únicamente tres días después de esta comunicación, el Ministerio envió unilateralmente y sin acuerdo con las asociaciones a la CNE diversos borradores para iniciar la tramitación de la legislación que regulará al sector durante los próximos años. Para el presidente de la sección Fotovoltaica de APPA, “las modificaciones que se plantean en esta nueva regulación, actualmente en trámite, establecen nuevas barreras económicas, técnicas y administrativas para intentar frenar la conexión de nueva potencia fotovoltaica”.
Efectivamente, la fotovoltaica recibe, por parte del Ministerio de Industria, un trato discriminatorio con respecto a otras tecnologías en aspectos como la adaptación a los huecos de tensión o los criterios de calidad. APPA ha elaborado ya alegaciones a esta normativa solicitando el establecimiento de un período transitorio para realizar los cambios requeridos y unas compensaciones para adecuar las instalaciones antiguas.
Otro de los puntos controvertidos, los criterios de calidad, suponen un intervencionismo claro del Gobierno. Un intervencionismo a todas luces anacrónico, que no encaja con la legislación europea, y además innecesario puesto que los requisitos de calidad ya son exigidos por los financiadores de los proyectos. Estos requisitos, exigidos incluso a instalaciones de muy pequeña potencia, vienen a incrementar las barreras administrativas y técnicas que impiden el desarrollo de esta tecnología y vienen a sumarse a los cupos anuales asignados a la fotovoltaica o al prerregistro de asignación. “Además”, señala Javier García Breva, “se restringen los cupos al eliminar la potencia que no se ejecute en cada convocatoria”.
En el caso de la generación distribuida, modelo hacia el que Europa está evolucionando, se deja sin plazo la regulación del autoconsumo lo que viene a añadir aún más incertidumbre al futuro de la fotovoltaica. “La disminución de tarifas, entre un 45% y un 25% para suelo y techo respectivamente, que APPA reclama que se haga de forma escalonada, viene a constatar la voluntad política de frenar al sector fotovoltaico español e impedirá que se alcancen los objetivos marcados para 2020”, destaca García Breva.
Una legislación que atenta contra la Directiva europea
La Directiva 2009/28 establece unos objetivos vinculantes para España en materia de renovables, el 20% del consumo de energía final bruta deberá provenir de energías renovables en 2020, pero también exige que se luche contra las barreras administrativas y técnicas que existan en las normativas nacionales. Esta Directiva deberá estar traspuesta a la legislación española, como muy tarde, en diciembre de este año.
“Los últimos decretos no sólo ignoran esta Directiva, que lleva en vigor más de un año, sino que, en el caso de la eliminación de las barreras antes mencionadas, directamente atentan contra su espíritu”, se lamenta García Breva. “Dar al Ministerio de Industria la discrecionalidad de poder modificar las horas de funcionamiento de las plantas o eliminar la tarifa para las instalaciones a partir del vigésimo sexto año es abrir la puerta a medidas retroactivas y echa por tierra todos los esfuerzos realizados para conseguir un marco regulatorio estable”, destaca el presidente de la Sección Fotovoltaica de APPA.
El objetivo declarado del Ministerio es la reducción del déficit de tarifa y, a pesar de que se trata de un problema anterior a esta tecnología, ha encontrado en la fotovoltaica un culpable al que señalar. “Aunque mañana desapareciese hasta el último panel fotovoltaico del sistema eléctrico seguiría siendo necesario adecuar la tarifa a los costes de generación y seguiría existiendo el déficit de tarifa. Hoy la fotovoltaica tiene un peso mayor en nuestro mix energético pero eso no implica que sea culpable de los males de nuestro sistema, que ya existían antes de la irrupción de esta tecnología”, concluye el presidente de la Sección Fotovoltaica.
“Aunque se trate de culpar a la fotovoltaica de los problemas de nuestro sistema energético hay que decir claramente que los mayores costes del sistema son los combustibles fósiles. Precisamente, el Gobierno achaca la última subida del recibo de la luz anunciada al encarecimiento del gas y el petróleo que importa España por su gran dependencia energética”, señala García Breva.
La sección Fotovoltaica de APPA rechaza, asimismo, rotundamente la propuesta de subastas de la CNE para el mercado fotovoltaico. Para su presidente, “esto convertiría al sector en un coto cerrado al que sólo podrían acceder unas cuantas grandes empresas, eliminaría el carácter más social de la fotovoltaica e impediría el acceso a este mercado a la inmensa mayoría de ciudadanos”.

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