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Sebastián se asusta y busca nuevas ‘rebajas’ fotovoltaicas para no encontrarse con tres generaciones de ‘burbujas’

30-9-10
Javier Aldecoa de Intelligence and Capital New Reports .
3206 Lectores
Sebastián se asusta y busca nuevas ‘rebajas’ fotovoltaicas para no encontrarse con tres generaciones de ‘burbujas’
El Decreto antifraude de agosto y su amnistía para los confesos no ha surtido el efecto esperado, aunque la patronal calculó que una ‘purga’ legal ahorrará 800 millones.

La rebaja de primas del 45% para huertos y 5% para tejados sólo afectaría a 4.000 plantas futuras, frente a 51.000 instaladas: Sebastián amenaza con ajustar horas remuneradas
La CNE y el sector advierten desde hace meses que la ‘repotenciación’ puede incrementar en 1.700 millones las primas en menos de dos años


Y el ministro de Industria empieza a barajar de nuevo sus opciones. Aunque pretendía que la nueva regulación estuviera ultimada a mediados de octubre, antes de ‘retratarse’ por completo sobre la retribución al sector, el ministro quería tener a mano no sólo el aval necesario de la CNE para el modelo de retribuciones (aprueba los recortes a plantas instaladas desde 2012, pero no retroactividad impropia), sino algún balance, aunque fuera provisional, sobre los efectos del Real Decreto de Trazabilidad. Quería ponerle el tentetieso a la fotovoltaica, para empezar, desinflando la ‘burbuja’ del pasado. Pero ahora ya sabe que la ‘amnistía para los confesos’, la posibilidad de renuncia al régimen económico del RD 661/2007 sin sanciones no funciona. Industria tendrá que recurrir a la Fiscalía tras la moratoria del 6 de octubre, si quiere acercarse a las previsiones del sector con una ‘purga’ que podría afectar hasta a 600 Mw (1/6 del total) y aligerar el peso en el conjunto de las primas a las renovables hasta en 600-800 millones de euros. A Sebastián le explotan de nuevo a la vez en la mesa todas las ‘burbujas’ fotovoltaicas. Las de la retribución presente -lo reconoce el ministro- son insostenibles; la fotovoltaica fue en 2010 la tecnología de régimen especial que más subvenciones recibió, hasta julio, 987 millones de euros, el 35%, aunque ha producido menos del 6% de la energía de este mercado. Pero el  97% de la potencia fotovoltaica instalada, 3.400 MW, están acogidos al RD 661/2007, blindado por las líneas rojas de la retroactividad. Por eso, la rebaja de primas del 45% para los huertos y de entre el 25% y el 5% para tejados sólo afectaría -desde 2011- a 4.000 plantas futuras y no ‘pincha’ el déficit de tarifa.
La CNE y el propio sector le advierten desde hace meses que además se arriesga a que el efecto de la ‘repotenciación’ incremente en 1.700 millones las primas y engendrar otra burbuja en menos de dos años. Sebastián amenaza ahora de nuevo con ajustar las horas remuneradas de las plantas ya operativas al nivel previsto en 2007, aunque sea a contrapié de los dictámenes de la CNE. Si no resulta la persecución o la amnistía para las fraudulentas, no consigue cortocircuitar los efectos futuros de la repotenciación y no puede traspasar las líneas rojas de la retroactividad impropia –sea con tarifas o con horas- no le saldrán las cuentas de unos recortes con los que había prometido aligerar las primas solares en 1.000 millones de euros.
Guarda silencio aún: Miguel Sebastián esquiva mucho más que la definición de los flecos pendientes para la energía solar que en Castellana 160 no quisieron concretar en agosto. Vela aún las armas fotovoltaicas y sigue buscando la brújula española en los bolsillos propios, en los de la CNE y hasta en los de la Fiscalía General, si es necesario. La propuesta para la rebaja de primas del 45% para los huertos y de entre el 25% y el 5% para tejados que Industria presentó en agosto no es definitiva, ni despeja la ‘retroactividad impropia’. La CNE descuenta que las tarifas y primas aplicables a las nuevas instalaciones de régimen especial serán puestas en marcha a partir de 2012. Hasta ahora, como las empresas afectadas, las patronales aún no tienen la certeza plena de si la propuesta remitida por Sebastián a la CNE, que ya ha recibido el visto bueno (aunque con matices del regulador) además del recorte del 45% de las primas de suelo y la limitación a 25 años de las primas para las instalaciones acogidas a la anterior normativa RD 661/2007 sin posibilidad de prórroga, supondrá más adelante además un recorte también de las primas a las instalaciones ya en marcha acogidas a ese RD, lo que Industria llama “retroactividad impropia”. Tampoco lo pueden descartar de plano.
Menos ahora que, de nuevo, las declaraciones de Miguel Sebastián en Público se reafirman en descartar la bajada de primas para parques solares que ya se encuentran en funcionamiento, pero amenazan con "ajustar el número de horas remuneradas a tarifa al nivel previsto en 2007” (el Anexo XII del Real Decreto 661/207), lejos otra vez de sus planes iniciales de recortar las horas de producción conforme a la hoja de ruta del PER 2005-2010 (que no esta publicado en el BOE). Tendrá además que resolver la diferencia entre la Subcomisión Parlamentaria para el análisis de la estrategia energética de los próximos 25 años y el Plan de Acción Nacional de Renovables. Respecto al Paner inicial  del “mix de Zurbano”, el definitivo (presentado a la Comisión de la UE) plantea un incremento del 31,1% de la generación con gas natural en 2020, mientras que reduce la generación con renovables en un 3,5%. Según la última versión, la eólica marina pierde el 83% de su potencia prevista, la termosolar pierde el 25% y la fotovoltaica el 20%.

SIN MAPA EN FIRME PARA EL AJUSTE SOLAR
Con lo que el ministro ha dejado entrever hasta ahora de su regulación oficial, tampoco conseguirá ‘pinchar’ la burbuja del ‘hoy’ fotovoltaico, a pesar de su objetivo confeso de “ahorrar a las arcas públicas 1.000 millones de euros anuales” en solar. La rebaja entre un 35% y un 5% de las instalaciones afectaría como mucho a 4.000 futuras plantas, sólo un 13% de las más de 51.000 que se han puesto en marcha en apenas tres o cuatro años- a la vista de que existen cupos reducidos de 400 MW al año hasta 2020, o menos aún, a medida que el desincentivo de los recortes de retribución desincentiven las instalaciones en los próximos años. Apenas tendrá consecuencias en el déficit de la tarifa eléctrica. Los recelos del sector recortan las inversiones a futuro desde que comenzó la aplicación del RD de 2008 y, con cada recorte, erosionan también las posibilidades de una rebaja efectiva del peso de la retribución sobre el déficit de tarifa. Como adelantaba Cinco Días en agosto, el 45% de las fotovoltaicas inscritas en 2009 no se han construido: sólo 190 megavatios de los 347 inscritos en el registro de Industria hasta julio del año pasado están actualmente en funcionamiento (según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recogidos por Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif)) y buena parte del resto, que ya no podrían construirse por haber caducado sus plazos, aguardan en la ‘sala de espera’ del cierre de urgencia: saben que las CCAA  podrían ejecutar los avales depositados por promotores, en una cantidad de al menos 100 millones de euros en el corto plazo.
Las alertas de la CNE y sobre todo, las luces rojas del consejero Luis Albentosa han vuelto a encender todas las alarmas en el Ministerio de Industria, ahora que denuncia que el efecto de la ‘repotenciación’ - mayor número de horas de producción y más retribución gracias a las mejoras tecnológicas- puede generar una tercera ‘burbuja’, la del futuro más cercano e incrementar en 1.700 millones las primas en dos años. Sus advertencias llegan además, a menos de una semana de que venza el ultimátum del Real Decreto de Trazabilidad 1003/2010, de 5 de agosto y la Resolución de 6 de agosto de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas para aflorar a las instalaciones acogidas de manera fraudulenta a la retribución del RD 661/2007. Habían sido las propias AEF y APPA las que dejaron en bandeja el castigo a los ‘tramposos’. Sacar a estas plantas del régimen de retribución les daría más tiempo para que prosperaran sus propuestas de autoconsumo y revisión de las ineficiencias del sistema eléctrico y podía aligerar el peso en el déficit de tarifa hasta en 600-800 millones de euros. Pero a contrapié de las sugerencias de las propias asociaciones fotovoltaicas, (que calcularon que podría afectar hasta a 600 Mw (1/6 del total y la cuarta parte de los que entraron masivamente en el sistema entre finales de 2008 y 2009) y ofrecían soltar el ‘lastre de los tramposos’ para evitar otros recortes, el Ministerio de Industria prefirió hace dos meses dejar la puerta abierta a la amnistía, la renuncia al régimen económico del Real Decreto 661/2007 sin sanciones a cambio de la confesión y de que se les transfiera al Real Decreto 1578/2008, con un 30% menos de subvención. Un atajo que no ha surtido efecto.
El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía -que ha realizado ya inspecciones desde hace meses a un 7% de las 52.000 instalaciones fotovoltaicas que existen en España- ha solicitado ya documentación sobre sus plantas a 9.041 instalaciones de régimen especial y tiene bajo la lupa a 995 Mw fotovoltaicos -una cuarta parte del conjunto que pretende revisar Industria en una primera fase- para cerciorarse de que cumplen los requisitos administrativos para cobrar las subvenciones que están recibiendo y estaban en funcionamiento antes de septiembre de 2008. Pero sobre todo,  desde Castellana 160 aceleran los mensajes, hacen saber que todo el peso de la ley caerá sobre los defraudadores y que intervendrá la Fiscalía General del Estado. A pesar de haberle transmitido a las principales asociaciones del sector en la penúltima de sus reuniones que “Industria no era la policía” “para identificar las instalaciones indebidamente acogidas al 661/2007”, como adelantaba Expansión, la Fiscalía ya ha recibido varios expedientes. Para Industria, ‘cazar’ a los tramposos sería incluso más rentable una vez que haya caducado la amnistía a los confesos, el 7 de octubre. Cada megavatio que no se acoja a la amnistía, y luego no pudiera acreditar su legalidad, generará un ahorro de 780.000 euros por año sólo por dejar de percibir prima. Además, tendría que devolver las subvenciones cobradas desde 2008 (unos 1.560.000 euros por megavatio). En total, por los 600 MW fraudulentos, la cifra podría ascender a entre 1.400 y 1.500 millones de euros.

RETROACTIVIDAD EN LÍMITE DE  HORAS Y EL ‘EFECTO REPOTENCIADOR’
La Comisión Nacional de la Energía le recuerda a Industria en su “Informe a la propuesta de Real Decreto por el que se regulan y modifican aspectos relativos al Régimen Especial” que no se deben tocar las primas a las plantas existentes para “mantener la seguridad jurídica y la estabilidad de su régimen económico”; considera que la revisión de las condiciones fijadas a la fotovoltaica en 2007 -para empezar la limitación a 25 años del tiempo en que las plantas fotovoltaicas reciben prima- sólo puede implicar a plantas que se construyan a partir de 2012, no a las ya en marcha. Y, aunque el informe del Consejo presidido por Maite Costa sí “considera adecuada la reducción extraordinaria de las tarifas” a las nuevas instalaciones solares, con rebajas del 45% para los huertos y de entre el 25% y el 5% para tejados, propone que las nuevas plantas en suelo se adjudiquen mediante subastas trimestrales/anuales mediante el mecanismo de sobre cerrado, lo que abarataría las primas y eliminaría la saturación del registro de preasignación. Una sugerencia, por cierto, en sintonía con la que la AEF ha puesto desde marzo sobre la mesa de Miguel Sebastián. Pese a insistir en su rechazo al recorte de primas, la asociación presidida por Juan Laso valora positivamente del informe su insistencia en la necesidad de seguridad jurídica, la propuesta de eliminar el prerregistro de potencia para sustituirlo por subastas o la necesidad de no discriminar entre renovables para futuras normativas.
La sustitución en los huertos solares de las placas antiguas por otras más modernas y eficientes está provocando que la potencia instalada sea superior a la inscrita en el registro, lo que en la práctica supone un mayor número de horas de producción y más retribución. Un horizonte que en dos años puede incrementar el coste de las primas fotovoltaicas en 1.700 millones de euros, como advertía Luis Albentosa, consejero de la CNE, en su voto particular al informe aprobado por el consejo de administración de la CNE sobre el proyecto de real decreto del régimen especial. Como adelantaba Energía Diario, según el documento de Albentosa, el Gobierno no debe aprobar un real decreto que incorpore el conjunto de disposiciones que afectan a la retribución de estas fuentes de energía hasta que no se cumplan dos condiciones: que la memoria que acompaña al real decreto incorpore un detallado análisis sobre el impacto económico del cambio de retribución y que quede fehacientemente comprobado si existen o no anomalías en régimen especial (energías renovables y cogeneración) y cuáles son sus consecuencias.
Nada en realidad diferente a las alertas que las mismas asociaciones sectoriales le habían hecho públicas desde hace meses al ministro Sebastián, para insistir en que ajustara las previsiones al ‘realismo’. Como adelantaba en su momento, la última ocasión fue la carta enviada en los últimos días de agosto por la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) al Secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, en la que le advierten que la ampliación de la potencia pico de las plantas fotovoltaicas acogidas al Real Decreto 661/20087 (el que paga la remuneración más alta) y con ella la capacidad para producir durante más tiempo a la potencia nominal puede dar al traste con los planes de ahorro del gobierno.
La Asociación de la Industria Fotovoltaica admitía que “ampliar la potencia pico de una instalación permite aumentar sus horas de funcionamiento, su producción eléctrica y, consecuentemente, su retribución, en un orden de magnitud que puede superar el 50%”. Como la instalación mantendrá su tarifa original la rentabilidad que obtendrá será más alta ya que los nuevos paneles solares (los instalados para ampliar la potencia pico) los ha adquirido a precios actuales, mucho más baratos (en torno al 50%) que los que compró para poner en marcha el proyecto original. Ya entonces ASIF le ponía cifras al impacto de la ‘repotenciación’: 1.500 millones, lo suficiente con hacer pasar la tarifa a esas instalaciones de 2.500 a unos 4.000 millones de euros. En el regulador y el ministerio barajan desde hace tiempo la dimensión de esos primeros ‘soplos’ de una nueva burbuja futura. Los huertos acogidos al real decreto 661/2007 tenían fijada una retribución para 1.358 horas; sin embargo, el número de horas registradas por este tipo de instalaciones en 2009 ya fue 1.650, más de un 20% por encima, gracias a la mejora tecnológica e Industria mantiene que según datos de la CNE la producción media ha sido de 2.000 horas en 2009 y lo que va de 2010, con un extracoste de 1.000 millones de euros.
De nada sirve limitar las horas. Como advierte la ASIF, “no evitará que las instalaciones que operen con menos horas que las máximas fijadas, aumenten su potencia pico hasta conseguirlas, aumentando con ello su retribución y su peso en la tarifa eléctrica”. Para ampliar la potencia pico de una planta sólo es necesaria una autorización de la comunidad autónoma. Además, según el Informe jurídico elaborado por Promein Abogados para la patronal, en el marco legal retributivo de la tecnología fotovoltaica, el legislador no ha hecho nunca mención acerca del número de horas con derecho a prima. La modificación de las horas de producción vulneraría el derecho del productor que el artículo 17 del Real Decreto señala de poder transferir al sistema a través de la compañía eléctrica distribuidora o de transporte su producción neta de energía eléctrica o energía vendida y el derecho de percibir por la venta de su energía eléctrica la retribución prevista en el régimen económico del citado real decreto.
Incluso la propia CNE, en su informe sobre el nuevo marco planteado por Industria para el Régimen Especial, en el apartado referido a las mejoras que incorpora la propuesta legislativa sobre la retribución de las instalaciones, considera que “no es eficiente la limitación de las horas de funcionamiento susceptibles de recibir prima equivalente o prima, según se recoge en la propuesta de Real Decreto con respecto a las instalaciones eólicas y solares termoeléctricas”. Ya desde hace semanas la Asociación de la Industria Fotovoltaica proponía al gobierno que las ampliaciones pasen por el Registro de Preasignación de Retribución y que la instalación obtenga una tarifa ponderada entre la potencia original y la de la ampliación, como sucede en Alemania.

NI ALIVIO DEL DÉFICIT, NI CONFIANZA DEL SECTOR
Prometieron acudir a la ‘repesca’ de septiembre. Dicho y hecho: los fotovoltaicos le han vuelto a encender los cronómetros al tiempo muerto de Industria. Tienden de nuevo -tras más de cinco meses de negociaciones fallidas- la mano del diálogo con el ministro, pero lo hacen con la exigencia pública de una “respuesta precisa” sobre la nueva regulación, que garantice “seguridad y estabilidad jurídica” a los más de 50.000 inversores y promotores, así como “la rentabilidad de las instalaciones ya en uso, de las proyectadas y las pendientes de promover”, en palabras del presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Juan Laso. Después de más de un semestre de ‘rifirrafe’ regulatorio con el sector, Miguel Sebastián sólo ha conseguido el más difícil todavía de sus piruetas solares: pincha la confianza de las inversiones fotovoltaicas, pero no deja de insuflar aire a la burbuja de su peso en las primas del Régimen Especial.
No sólo es el estudio elaborado por el subdirector de Regímenes Especiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Luis Jesús Sánchez de Tembleque, el que acaba de recordarle que “el consumidor eléctrico en España pagó un 11% más cara su electricidad pro la financiación que hace la tarifa eléctrica de las primas equivalentes a la cogeneración y las energías renovables”, “fundamentalmente por el funcionamiento de la potencia fotovoltaica instalada durante todo el año anterior”, Y que las primas se habrían incrementado más de un 63% en 2009 respecto al año anterior. Según la CNE, la paradoja es que las subvenciones a las renovables siguen creciendo a gran ritmo justo en un momento en el que el Gobierno intenta ponerles freno. Así, entre principios de año y los primeros días de julio, las primas que reciben las instalaciones de régimen especial ascendieron a casi 2.800 millones de euros, un 40% más que en el mismo periodo del pasado año; en términos absolutos, casi 800 millones de euros más que entre enero y los primeros días de julio de 2009, un suelo que, a este ritmo, superará en su conjunto, durante todo este año los 6.214 millones que costaron el pasado año. Y existen 1.347 proyectos en espera de ser preinscritos con una potencia total de 1.465 MW, algo que para Albentosa es “el síntoma más palmario de que los incentivos son excesivos”.
España es aún el tercer mercado mundial de la fotovoltaica, con más de tres gigavatios (GW) de potencia instalada que representan el 15,5% del mercado, según la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA). Pero ya desde 2009 ha frenado su crecimiento: si en 2008 se pusieron en marcha nuevos proyectos por una potencia total de 2.511 megavatios (MW), (el 45,2% de los 5.559 MW instalados en todo el mundo ese año), en 2009 sólo se pusieron en marcha 69 MW de potencia nueva, apenas un 0,9% de los 7.216 MW instalados en todo el mundo, según un estudio de la EPIA, tras lo que el sector considera la parálisis tras la creación del Registro de Pre asignación y el establecimiento de cupos de potencia mediante el RD 1578/2008.
Y las ‘burbujas’ del debate para un nuevo modelo solar mantienen -según las patronales- más de 10.000 millones de inversión congelados en el tejado de las dudas y han paralizado dos salidas a Bolsa (Renovalia y T-Solar) en el último trimestre. El año de transición que fijaba antes de que se bajaran las tarifas un 30% con el RD 1578/2008, provocó un efecto llamada entre el sector que supuso la instalación entre agosto de 2007 y agosto de 2008 de una potencia de 3.500 megavatios cuando el Plan de Energías Renovables apenas contemplaba 400. La pasividad de Industria chocó con la carrera desenfrenada de los inversores para obtener la retribución del Real Decreto 661/2007, al que se puso fecha de caducidad. Ya tras el boom en 2007 que llevó a que a finales de 2008 la potencia instalada fuera 10 veces superior a la establecida en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, durante el pasado ejercicio, la ralentización hasta 500 MW fijada por el Ministerio de Industria para contener al sector finalmente derivó en la instalación ‘sólo’ de 70 MW, por los recelos regulatorios, cinco meses de parálisis por el nuevo registro de preasignación de retribución y la caída en un 50% del precio de los paneles en un año.
Por eso, las fotovoltaicas buscan por su cuenta alternativas: intentan ‘limpiarse’ las manchas del déficit de tarifa, achacan a la cogeneración más de 1.100 millones de los 6.000 que se atribuyen a las primas del Régimen Especial; buscan hacer valer unas tecnologías que, según sus datos, ahorran al sistema unos 2.000 millones de euros (500 de ellos la solar) al abaratar el precio del pool eléctrico hasta un 40% y contabilizar efectos positivos como su contribución medioambiental y a la dependencia energética, aunque las grandes eléctricas aseguran que los gastos del sistema (transporte y distribución) se han incrementado un 32% desde 2006 mientras que los costes asociados, donde se encuentran las primas a las renovables, se han disparado un 340%.  Según el Boston Consulting Group, los costes acumulados por la industria fotovoltaica en suelo hasta 2012 ascenderán a unos 8.000 millones de euros, pero para entonces esa misma industria habrá desembolsado 8.200 millones de euros entre contribuciones a la Seguridad Social, impuestos, tasas locales, ahorro de combustibles fósiles y derechos de emisión.

ALTERNATIVAS DE GENERACIÓN Y AUTOCONSUMO
ASIF sugiere revisar ineficiencias en el conjunto del sector eléctrico (como los sobrecostes extrapeninsulares y por restricciones técnicas, o la optimización del sistema tarifario del último recurso) y que en su conjunto podrían tener un impacto de entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales. Junto al trío de grandes asociaciones del sector abogan por la fusión con otros sistemas renovables, como un sistema mixto eólico-solar o solar fotovoltaico-térmico, para obtener un mayor rendimiento a las placas solares fotovoltaicas, o por la energía solar fotovoltaica de concentración, que aprovecha la radiación solar con una eficiencia de un 40%, el doble que las convencionales. Pero sobre todo, la fotovoltaica, intenta facilitar la generación distribuida y abrirle a Sebastián el ‘melón’ del autoconsumo. Podría permitir al mercado -anunciaban desde mayo las asociaciones- crecer un 35% hasta 2020 y alcanzar 17.000 Mw. Según los datos que maneja el sector español, “a mediados de la próxima década podrían llegar a la paridad de red, será tan rentable usar la fotovoltaica para autoproducirse la electricidad que para comprarla”. Los particulares podrán autoconsumir entre el 60% y el 80% de su energía generada -y vender a la red sólo el excedente-, mientras las estimaciones para las industrias se reducen a entre el 30% y el 50%.
En ese contexto se proponía incentivar el autoconsumo con regulación desde 2012 (año en el que el vigente real decreto 1578/2008 contemplará la posibilidad de revisiones en la retribución) hasta que se obtenga la paridad de red y empujar, vía autoconsumo  una reducción de los recursos asignados en la tarifa eléctrica a la fotovoltaica, para que pudieran destinarse a incrementar el mercado solar. Por si acaso, el Ministerio apuntala ya una nueva norma que espera ver la luz antes de fin de año para favorecer la implantación de las energías renovables en las viviendas y en las empresas. En cabeza del nuevo Real Decreto de Regulación de la Conexión a Red de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica de Pequeña Potencia, estará la ‘tercera vía’ para la  fotovoltaica, con una serie de normas que facilitarán el autoconsumo mediante la instalación, gestión y explotación de instalaciones de pequeña potencia cuya producción, tras cubrir los propios consumos, podrá venderse en el sistema.
 

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