Vivimos tiempos llenos de contradicciones. Mientras, por un lado los gobiernos español y catalán se llenan la boca diciendo que dan soporte al desarrollo de las fuentes de energía renovables, por la otra, desarrollan políticas de corta mirada.
Veámoslo en el caso español.
Un gobierno conservador copió (bastante mal, por cierto) la ley alemana sobre renovables (derecho de inyección de electricidad renovable a la red y remuneración justa de la electricidad inyectada). Pero los gobiernos de progreso que le sucedieron no han actuado mucho mejor, ya que han ido liando más el asunto como han sabido.
Todos los ministros de industria del gobierno español (José Montilla, Joan Clos i Miguel Sebastian), no han perdido ninguna ocasión para llenarse la boca diciendo que su política era garantizar un marco estable para el régimen especial de generación de electricidad (bautizado así por la Ley 54/1997 del sector eléctrico), mientras que, a la práctica, ellos i sus equipos, encabezados por respectivos Secretarios Generales de Energía, iban improvisando, sobre la marcha, diferentes normativas, que, en vez de estabilizar el Régimen Especial la han llevado al callejón sin salida de la desestabilización y de práctica paralización del sector de las energías renovables.
La instauración del llamado ‘registro de preasignación’, que pone límites a la potencia instalada, es la prueba mas fehaciente de su incapacidad y/o incompetencia a la hora de adoptar normativas coherentes a las políticas que, de palabra, defendían (o una demostración de su propia capacidad de improvisación irreflexiva ante los hechos que ellos mismos desencadenaban con las normativas que iban improvisando).
Y para cerrar el círculo, los diversos gobiernos de Catalunya todavía han actuado peor. Es suficiente con saber leer los hechos del gobierno: los pocos decretos que han legislado, son verdaderos palos en la rueda para el camino de dotar a Catalunya de un sistema energético limpio y renovable.
Querríamos creer que todo esto es fruto de la poca competencia de los gobiernos español y catalán. Pero los últimos acontecimientos nos han hecho dudar. Cuando los máximos directivos de las grandes empresas energéticas sucias (hoy verdaderos oligopolios que han sucedido a los antiguos monopolios) han puesto el grito en el cielo contra las renovables hemos visto a los políticos correr para complacer a aquellos señores, demostrando bien claramente al servicio de quien están.
El caso de la energía solar fotovoltaica es el ejemplo más claro. El Plan de Energías Renovables 2005-2010 que sustituyó el Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010) tenía por objetivo que en España hubieran instalados 371 MW a mediados del año 2010. Y la normativa que fue decretando el Gobierno español hizo que a finales del año 2008 ya se hubieran instalado 3.200 MW. ¿ Cuál podría ser la explicación a todo esto? Es preciso decir alto y claro que el boom solar FV fue creado únicamente por el gobierno con su constante y reiterada improvisación normativa.
En ningún caso se puede culpar de todo a las empresas que simplemente respondieron a las políticas adoptadas por el gobierno. Además de la improvisación hay otro hecho de que es preciso destacar: la aceptación (o la tolerancia) por parte del gobierno del hecho de que una agrupación de instalaciones solares FV de tamaño y potencia reducidas (cobrando la prima más favorable) pudieran conformar una instalación más grande y de potencia superior (que debería haber cobrado una prima inferior. Y eso se toleró desde buen principio, permitiendo que la agrupación de instalaciones de 5 Kw. pudieran conformar instalaciones de 100 Kw. de potencia o más.
Esta tolerancia gubernamental ha significado la perversión del mismo concepto de inyección a la red y de remuneración justa de electricidad inyectada.
Pero todavía hay otro aspecto más preocupante. El hecho de que se impida (o se haga muy dificultoso), a la práctica, el ejercicio del derecho de las personas a generar energía limpia. El ejercicio de este derecho inalienable tiene que estar garantizado por cualquier gobierno que se quiera considerar democrático y al servicio de la ciudadanía.
Y ni en España ni en Catalunya, los gobiernos de diversos colores que ha habido jamás han hecho caso alguno para garantizar tal derecho. Simplemente han legislado a favor de aquellos que disponían de un fácil acceso al capital a invertir en renovables. Únicamente se pretende decir que este derecho se tiene que garantizar y hacer efectivo a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, tenga acceso a grandes cantidades de capital o no.
Y hoy lo que los hechos demuestran es que la normativa vigente está hecha no para garantizar este derecho a toda la ciudadanía, sino para garantizarlo únicamente a una pequeña parte de la población: aquel reducido número de personas que tienen facilidad de acceso a grandes cantidades de capital, sea propio o ajeno.
Queremos acabar esta editorial planteando una simple pregunta que explica muchas cosas de la política energética vigente en nuestra casa : como es que cualquier persona puede comprar con mucha facilidad un coche nuevo (aunque no disponga del capital necesario) y no tenga, ni de lejos, tantas facilidades para comprar e instalar en su casa un sistema de calefacción solar de agua (el coste del cual es inferior al de un coche) o un sistema solar FV para generar toda o parte de la electricidad que utiliza en su vida cotidiana (el coste del cual puede ser parecido al de un coche)?
Hasta que cualquier ciudadano, que hoy tiene facilidades para adquirir un coche, no tenga estas mismas facilidades para disponer de un sistema solar en su casa, no habremos alcanzado el grado de madurez democrática necesaria para una sociedad energéticamente responsable del siglo XXI.
No podemos acabar este editorial sin reiterar la petición que, desde el último boletín, el GCTPFNN hacía al gobierno español: eliminación de las cuotas de potencia anuales para las renovables, regulación del mercado de manera que se dé prioridad absoluta a las renovables (tal y como manda la Directiva Europea) y hacer que las primas sean adecuadas a la madureza de cada tecnología renovable y sean decrecientes en función de los progresos que se vayan asumiendo.
Y también que se trate de forma bien clara y diferenciada a la ciudadanía que quiera hacer, individual o colectivamente, aprovechamientos de fuentes de energía renovable.
Y la propuesta constructiva que dirigimos a los gobiernos, desde este boletín es la siguiente: dado que cualquier familia, por el hecho de disponer de un contrato de suministro de electricidad con una empresa, tiene el derecho de extraer electricidad desde la red hasta una potencia eléctrica fijada en el contrato firmado, proponemos que también tenga el derecho de inyectar a la red eléctrica la misma potencia que tiene contratada con la empresa que le suministra electricidad.
Solo cuando esto sea una realidad se podrá decir que el mercado está justamente equilibrado y que los actores del mercado tienen igualdad de condiciones de acceso.
Entonces se podrá decir que el mercado es realmente libre, a diferencia de hoy que el mercado está dominado por una minoría de actores que imponen sus condiciones a la mayoría con la descarada complicidad de los gobiernos de turno.
Editorial en 'Vents del món'
Traducido del Catalán por Susana Alcolado
En el marco de la edición número 36 de la jornada, por parte de relevantes actores públicos y privados han sido presentados los datos actualizados de la estructura energética en España.
El plazo para presentar alegaciones finalizará el lunes, 22 de abril de 2024.
