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El Gobierno español solicita más Seguridad Jurídica a Países latinoamericanos sin dar ejemplo.

28-6-10
Antonia Lecue
1421 Lectores
El Gobierno español solicita más Seguridad Jurídica a Países latinoamericanos sin dar ejemplo.
Para cualquier País desarrollado es de vital importancia dotar de seguridad jurídica a su marco legal, y el Gobierno español lo sabe, pero no lo demuestra en el sector solar queriendo suprimir este principio general del derecho.

Una sociedad moderna y madura, en el mundo sin fronteras en el que vivimos, se desarrollan la economía, los movimientos sociales y la organización política, además de las organizaciones profesionales, los cuales exigen seguridad jurídica, tanto en la creación de las normas, como en su aplicación. El valor de la seguridad jurídica es, al tiempo, objetivo o aspiración y resultado del contenido y de la forma de las normas y de los actos y negocios jurídicos, exigencias formales, como las que revisten por ejemplo los documentos públicos notariales, que tienden a garantizar la certeza de las relaciones jurídicas.

Procurar claridad y confianza, y eliminar confusión e incertidumbre, resulta imprescindible en el marco global de complejidad creciente en que se desarrolla el tráfico económico y jurídico del sector fotovoltaico español.
Es de señalar, aunque ello sea bien conocido, que el presupuesto previo para la existencia de seguridad jurídica es la existencia de una norma suprema organizadora de la convivencia, es decir, de una Constitución normativa que a todas las normas y a todos los poderes públicos y privados y a los particulares somete, constituyendo el canon de legitimidad o validez constitucional de las normas y de los actos jurídicos.
Dentro de la Constitución, el modelo de seguridad jurídica preventiva tiene, un valor fundamental en su condición de elemento de reducción de la incertidumbre y, en consecuencia, de la litigiosidad y de simplificación de los pleitos, lo que, sin duda, contribuye directamente al dinamismo económico de una sociedad.
Ciertamente, no se puede desligar un marco jurídico estable en el sector fotovoltaico de los principios jurídicos que garantiza, la Constitución Española entre los que se encuentran los principios de legalidad y de seguridad jurídica (artículo 9.3). Ya desde su Sentencia 27/1981, de 20 de julio, el Tribunal Constitucional ha venido señalando que la seguridad jurídica es "suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara en la adición de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada expresamente.
La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad" (FJ 10). En posteriores decisiones el Tribunal no ha dejado de reiterar esta doctrina, insistiendo en la interconexión o complementariedad de los citados principios, cobrando cada uno de ellos valor en función de los otros y destacando con insistencia el de seguridad jurídica como valor que informa el principio de legalidad.
En su versión de certeza sobre el ordenamiento jurídico, el principio de seguridad jurídica actúa sobre los intereses jurídicamente tutelados garantizando las expectativas razonablemente fundadas de los ciudadanos sobre el entendimiento del Derecho y la actuación de los poderes públicos en su aplicación (Sentencias 99/1987, de 11 de junio, fundamento jurídico 6 c); 227/1988, de 29 de noviembre, fundamento jurídico 10; 150/1990, de 4 de octubre, fundamento jurídico 8; 173/1996, de 31 de octubre, fundamento jurídico 3; 225/1998, de 25 de noviembre, fundamento jurídico 2 A); 104/2000, de 13 de abril, fundamento jurídico 7; 235/2000, de 5 de octubre, fundamento jurídico 8; y 96/2002, de 25 de abril, fundamento jurídico 5).

Desde aquí felicitar a todas las Asociaciones de profesionales de energía solar fotvoltaica que defienden la seguridad juridica, y  la  irretroactividad de las tarifas fotovoltaicas, en especial al forero de SolarWeb DecrEstafa, que nos recuerda la incoherencia manifiesta del Gobierno Español cuando solicita a Países latinoamericanos más seguridad jurídica sin predicar hoy día con el ejemplo:

- Miguel Sebastián ante dignatarios latinoamericanos – Noviembre 2004: "…la desprotección ante los incumplimientos de contratos de las autoridades y, en particular, la falta de seguridad jurídica es una de las mayores preocupaciones de las empresas españolas en la zona."

- Visita del ministro Moratinos a Venezuela y Bolivia – noviembre 2007: "… España pone en la agenda pública la inseguridad jurídica para las multinacionales españolas. Moratinos pidió al Gobierno de Bolivia y al de Venezuela  seguridad jurídica para las corporaciones españolas ante el contexto de aplicación de la nueva Constitución de este país."
 

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