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Barreras existentes a la producción de energía fotovoltaica y la planificación energética necesaria para facilitar su implantación.

26-3-18. Carlos Mateu
lunes, 26 marzo 2018.
Carlos Mateu
Barreras existentes a la producción de energía fotovoltaica y la planificación energética necesaria para facilitar su implantación.
Reproducimos a texto la defensa de Juan Castro Gil a la solar fotovoltaica en la Comisión de Industria, en la que afirmó que la inseguridad jurídica es una lacra execrable que está envenenando hasta límites inimaginables la regulación energética.

El pasado día 20 de octubre, nuestro amigo y compañero D. Juan Castro Gil, Secretario de ANPIER, ha comparecido ante la Comisión de Industria y Energía del Congreso, para defender la energía solar fotovoltaica.

Reproducimos a texto su intervención, no sin antes agradecer su tiempo, su esfuerzo, y su excelente forma de expresarse:

"En primer lugar, quisiera agradecer en nombre de las 5.000 familias productoras de energía fotovoltaica que representamos en ANPIER, la posibilidad de que nuestras demandas sean oídas ante Ustedes. Realmente es una muestra de interactuación con ellas que desgraciadamente no se produce habitualmente en el ámbito de la energía.

Ustedes han traído aquí a todas esas familias a que les cuenten su experiencia en la última década en el desarrollo renovable en España y en los análisis y conclusiones que podemos obtener de aquellas. Para ello, pese a que mi profesión es la de abogado, no les voy a hablar de leyes, pues en 20 minutos no me daría tiempo a contarles nada, sino de conceptos, de decisiones equivocadas, de oportunidades que se están dejando pasar, con el ánimo de resultar mínimamente inspirador para su labor legislativa. Por lo menos lo intentaré.

1. INSEGURIDAD JURÍDICA E IGUALDAD

No hace falta que les cuente que el colectivo que represento aglutina a miles de familias que un día decidieron invertir en energía solar al calor de políticas comunitarias que fueron aplicadas en nuestro país básicamente entre 2004 y 2012.

Tampoco hace falta que les cuente, que las Directivas europeas exigían a España el cumplimiento de una serie de objetivos de implementación de renovables que sin la inversión privada jamás hubiesen podido abordar. Quizás por esa necesidad de captación, durante todos aquellos años, la Administración publicitaba en sus redes que el SOL PODÍA SER NUESTRO.

Cuando realizaron aquellas cuantiosas inversiones, presumo que también entenderán que aquella gente suponía que la garantía de que su inversión estuviese defendida por el Estado, de algo tenía que valer.

Desde entonces hasta ahora, los derechos retributivos de aquellos han sido minorados en 9 ocasiones, siendo sin duda la última la puntilla definitiva para muchos de ellos, alcanzando recortes de hasta el 45%.

Sé que algunos de Ustedes me dirán inmediatamente que los Tribunales españoles han validado casi unánimemente los recortes realizados por los gobiernos de España y es aquí donde quiero detenerme para evidenciar las PRIMERAS GRANDES BARRERAS al desarrollo renovable en general y fotovoltaico en particular, en nuestro país:

 Sin duda la INSEGURIDAD JURÍDICA es una lacra execrable que está envenenando hasta límites inimaginables la regulación energética del país, pero ya se convierte en una enfermedad endémica cuando va acompañada de la DESIGUALDAD. Decía Aristóteles que Justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, y dicho axioma también es conocido en nuestra Jurisprudencia, aunque desgraciadamente a veces se olvide. En España se ha aceptado que a los nacionales que habían invertido en fotovoltaica se les podía recortar sus derechos hasta la extenuación porque tenían que haber previsto que eso podía suceder. Y quizás, alguna gran compañía con cientos de ingenieros, abogados y ex altos cargos en sus consejos de administración podían haberlo previsto, pero Marisol, Paco, Alberto, Julia y tantos otros, en su vida hubiesen podido imaginar que una regulación amparada por el BOE les iba a engañar, les iba a llevar a la ruina. No hay Justicia si no hay verdadera igualdad.

De la misma manera, algo así nos dijo el Defensor del Pueblo no hace mucho tiempo, cuando defendió por escrito que no hay Justicia material cuando un fondo de inversión canadiense puede conseguir mediante un arbitraje que el Reino de España le resarza de tanto disparate mientras que los españoles pierden sus plantas a manos de los bancos que se las financiaron al 6%.

Esta es la primera barrera, la INSEGURIDAD JURÍDICA Y LA DESIGUALDAD. Hace unos días vi un anuncio publicado por el Tesoro Público decía: “Obligaciones del Estado, con la garantía que da un gran país”. Sin duda, me hizo pensar.

Es imprescindible abordar el problema de toda esa gente de alguna manera, pues difícilmente se planta un futuro esperanzador sobre tierra quemada.

2. ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL

La segunda gran barrera que es necesario derrumbar es la CONCIENCIA SOCIAL. Desgraciadamente, como en otros ámbitos de la sociedad, demasiada gente se ha acostumbrado a pensar sobre las cosas en base a lo que define la trinchera política en la que cada uno cree estar, sin parar a valorar que hay cuestiones que no debieran de tener color político. Sin duda, la protección del medio ambiente por un lado, pero la confianza en la fiabilidad de las normas por otro, son dos de esos principios que debieran de estar adheridos a las columnas de este edificio. Y sin embargo no es así. Para contrarrestar las protestas legítimas de  todas aquellas familias que las pasaron canutas por invertir en energía solar, altos cargos del gobierno de España y algunos entornos cercanos durante estos últimos años les han llamado: cazaprimas, advenedizos, terratenientes, aprovechados, sanguijuelas, …

Existen cientos de ejemplos que hemos vivido en la asociación estos últimos años en los que muchas personas no querían significarse por que parecía que se sentían avergonzados de haber invertido en renovables. Increíble, además de engañados, insultados.

Esto es sin duda la segunda BARRERA terrible. Es imprescindible que esa tendencia se revierta. Impulsar la generación renovable, la participación sostenible no puede tener la sombra de la crítica desde el Estado, es inconcebible, no pasa en ningún lugar del mundo.

3. FRONTERAS A LA GENERACIÓN SOCIAL: AUTOCONSUMO / SUBASTAS/ BUNKERIZACIÓN DE LAS DECISIONES.

Muy recientemente, un alto representante energético del gobierno nos dijo sin ruborizarse que la generación de la energía no era un negocio para los ciudadanos, que era solo para las empresas especialistas del sector. Ese pensamiento, enraizado en la actual dirección energética española entendemos que es claramente equivocado. No es posible que un sector estratégico, de salida, ya se encuentre capado a una parte de la sociedad.

Sin duda ese pensamiento es el que encontramos en la política claramente desincentivadora del autoconsumo, que de una manera claramente contracorriente al resto del mundo, está apostando por poner trabas administrativas, técnicas y económicas a la autogeneración doméstica, comunitaria o empresarial.

Pero también lo hemos visto en el procedimiento de las nuevas subastas de renovables del año pasado, que prácticamente impidieron a los pequeños operadores participar en las mismas. Señorías, democratizar la energía no es una cuestión baladí. Existen muchísimos casos de éxito por el mundo en los cuales las comunidades de ciudadanos y ciudadanas participan directamente en la gestión, generación e incluso distribución y comercialización de la energía. Pero no hace falta cruzar nuestras fronteras para comprobarlo. A los que no lo sepan, les ruego que pregunten qué supone la energía para una comunidad con  Crevillent  en Alicante. Un pueblo que lleva distribuyendo y gestionando su propia energía hace cien años y con la aparición de la fotovoltaica y su insólita modularidad, también produciéndola y dando riqueza al pueblo entero que en forma de cooperativa energética tiene la energía más barata que en el resto de España y reparte su retorno cooperativo entre sus vecinos en forma de becas, asilo, guarderías, empleo, formación… y un sinfín de cosas más que revierten en el propio pueblo.

Pero podemos ir a Navarra y ver como en cada pueblo (Milagro, Tudela, Castejón, Árguedas, Olite, Fustiñana…) encontramos plantas fotovoltaicas en porciones titularidad de los vecinos del pueblo produciendo energía limpia y repartiendo riqueza entre ellos. ¿Saben Ustedes a dónde se van a ir los dividendos de la gran mayoría de los MW subastados el año pasado? A fondos de inversión extranjeros.

Y es que el camino ya se conoce y se sabe que es bueno. La propia Unión Europea, en la Directiva que entrará en vigor dentro de 20 meses, exige que se tenga en cuenta a las comunidades de generación. La Directiva obligará a guardar espacios en la generación a Ayuntamientos, comarcas, pequeñas y medianas empresas, personas físicas, pues la energía es un vector transversal en toda la economía y en toda la sociedad y no puede alejarse a los ciudadanos de su interactuación con ella. No puede ser que lo único que hagamos los ciudadanos sea pagar las facturas.

Desde el Ministerio se repite a menudo que ellos no hacen política social sino energética, y eso es una falta de visión catedralicia. La función social de la energía es crucial. Y sus decisiones empoderan a unos pocos o a la sociedad en general.

4. FALTA DE PERSPECTIVA: CAMBIO CLIMÁTICO, DIGITALIZACIÓN.

Hay dos vectores que ya se han sentado entre nosotros que evidencian la falta de perspectiva de ponerle trabas a la participación ciudadana en los ámbitos energéticos: El cambio climático y la digitalización.

El estado de conocimiento del primero, ya nos permite entender que no apostar decididamente por las renovables es un error de terribles dimensiones. Y en ese tránsito obligado hacia la desaparición de la combustión fósil, tienen que participar de forma directa las personas, sino no sucederá. Fíjense cómo en caminos de sostenibilidad se está empujando mucho más desde abajo, desde los ayuntamientos, de muy dispar color político, precisamente porque su cercanía con la gente les permite estar más cerca de las tomas de decisiones. Esas decisiones que a nivel nacional se encuentran claramente bunkerizadas, donde ni siquiera son permeables al propio Parlamento, muchas veces, ni siquiera a otros representantes con mayor sensibilidad ambiental del propio signo político que dirige el gobierno. Es preciso que entre luz en las decisiones energéticas, que estas se tomen como dicen todas las normas europeas de buena regulación, con participación real social, sino estaremos abocados al fracaso.

Pero miren Ustedes el dislate que supone el otro vector fundamental que asoma la patita entre nosotros. La digitalización. Mucho antes de lo que la gente es capaz de entender, en el mundo, las personas intercambiarán flujos de energía entre ellas, las baterías de los coches y casas permitirán servir de soporte a una parte significativa del sistema, pequeños productores domésticos o empresariales intercambiaran sus excedentes de energía desde su teléfono móvil y aquí en España, queriendo ser la punta de lanza del enterramiento de las renovables y la tecnología que la acompaña, nuestro ministro, siempre que tiene la oportunidad asegura que la producción de energía no es un ámbito para los ciudadanos.

Cuando todo el planeta va en la dirección opuesta no podemos estar haciéndolo bien.

5. VALOR DE LA ENERGÍA. NO PRECIO.

Y por supuesto que no voy a dejar de lado el tema del coste de la energía como barrera para la generación social, puesto que realmente es una de las principales. De hecho, seguramente sea la coartada más habitual de los detractores de la participación ciudadana en las renovables.

Se asegura, que las renovables han sido muy caras y nos han dejado una deuda terrible. Sin embargo no hemos escuchado durante todos estos años a esas mismas personas que los costes de transición a la competencia que recibieron un pequeño grupo de empresas hubiesen constituido una gran hipoteca para el país, o que vengamos pagando cantidades enormes por servicios de interrumpibilidad y de capacidad que no han sido usados durante muchos años, o que alguien auditase realmente las cantidades de la moratoria nuclear, o los pagos al carbón que acababan casi siempre en manos de menos de media docena de personas, o que centrales hidráulicas construidas en tiempos de Franco tengan unos márgenes que hasta causaron en su momento sonrojo a la Comisión Nacional de la Energía. Parece que la culpa de los costes del sector eléctrico está en las renovables, desde que en las mismas, participan los ciudadanos en masa. Muy curioso.

La energía tenemos que empezar a cuantificarla por su VALOR, no por su PRECIO. El concepto VALOR implica las connotaciones sociales, ambientales, económicas e incluso democráticas, que supone la generación social. El precio actual de la energía pretende evitar las externalidades que provoca y eso es un error enorme. Las cuencas mineras se van a cerrar en algún momento cercano. ¿No hubiera sido adecuado fijar una cuota de generación de la subasta para proyectos de renovables que encajasen en esos lugares y ponerlas en manos de entidades socializadas de esas comarcas? ¿Que podían haber salido el precio un poco más caro que si un fondo de inversión se lleva cientos de MW en cualquier otro lugar de España? Pues claro, pero el VALOR que proporcionaría al país en términos de empleo, de sostenibilidad, de redistribución de la riqueza lo compensaría con creces.

6. DIRECCIÓN CORRECTA: ABRIR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TODOS LOS ÁMBITOS. COMUNIDADES ENERGÉTICAS. EJEMPLOS. COMPETENCIA REAL.

La participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la energía es el único camino para entender un futuro sostenible.

¿Se creen realmente Sus Señorías que si la comercialización, la distribución o la generación de la energía sigue en manos de cinco empresas, realmente vamos a afrontar con determinación el problema del cambio climático? ¿Verdaderamente piensan que la competencia mejorará destrozándose desde la regulación a todos los pequeños operadores? Porque realmente, la COMPETENCIA REAL en el mercado no es quien los expulsa, son las normativas que reaccionan contra la aparición de los pequeños operadores. Lo vemos por ejemplo con las pequeñas comercializadoras que tienen que dedicar la mayor parte de su esfuerzo y dinero en resolver pequeñas trampas que la regulación les mantiene para que terminen desapareciendo por desesperación. No tiene sentido.

Concluyo señorías por donde empecé. ANPIER es una asociación que en muchas ocasiones ha resultado incómoda para muchos, porque movía cimientos en edificios donde a los ciudadanos habitualmente no se les dejaba hablar. Mucho me temo que en esa misma dirección seguiremos, las personas que estamos ahora o los que vengan después, defendiendo a todos aquellos que han sido arruinados en sus patrimonios y en sus ilusiones por invertir en renovables y fiarse de las leyes de su país, pero también a todos aquellos que están convencidos de que las cosas se tienen que hacer de forma diferente.

Juan Castro-Gil. @jotacastrogil

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