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La reforma del sector eléctrico: un fiasco.

23-10-17
Carlos Mateu
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La reforma del sector eléctrico: un fiasco.
Es totalmente absurdo que el Gobierno español piense que la falta de lluvias, y las energías renovables, son las que ocasionan todos los males del sistema energético. A esto en la RAE lo llaman corrupción.

La reforma de los hermanos Nadal miró para otro lado a la hora de acabar con los motivos de los precios altos: peajes inexplicables y un sistema disparatado de formación de precios en el mercado mayorista, y trató de minorar donde no correspondía, lo que ha resultado contraproducente para el desarrollo de un mix energético más eficiente y barato para el ciudadano, circunstancia a la que hay que añadir las multimillonarias indemnizaciones a los inversores extranjeros, los gastos millonarios en abogados contratados para que defiendan una marco regulatorio legalmente insostenible a la vista de los tribunales arbitrales internacionales, el difícilmente cuantificable daño a la credibilidad de seguridad jurídica en las inversiones realizadas en los sectores regulados españoles y, lo que es más grave, la condena a la ruina de 62.000 familias españolas, que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado, y que ahora ven como este Gobierno sí indemniza a los inversores foráneos.

El Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto de esta injusticia. Después de que Anpier advirtiera a esta institución de la elevada posibilidad de que se diera esta circunstancia, tal y como ha ocurrido, a lo que del Defensor respondió: “esta Institución considera que por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países. (…) De lo contario, el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles) que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance los medios que el TCE habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional. Se daría además la situación paradójica de que los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias” y solicitaba: “Adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.

Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido este fondo internacional y que, muy probablemente, alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el CIADI, Banco Mundial.

A juicio del Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca: “el quebranto sufrido por las 62.000 familias españolas fotovoltaica es insoportable, tanto en lo económico como en lo moral, y resulta inaceptable que por una misma situación el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales”

Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes del hasta el 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca si les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancaría.

Sin embargo, el Gobierno mantuvo que la reforma era legal y sólida, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones; una vez más, una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia: que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado, una cuestión que debería realizarse con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y sobre todos, cuando se trata de familias que actuaron de buena fe, confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor.

Anpier reclama una verdadera reforma en el sector eléctrico y no perseverar en el desastre a través de parches que agravan cada día más la situación. De todos los costes que soportan el sistema a través de los llamados peajes, que suponen el 50% de la factura, son las renovables el único de ellos con verdadera justificación social, económica y medioambiental. El resto de costes se corresponden con decisiones reguladas que encarecen la factura y benefician a las empresas tradicionales. Según datos de la CNMC, estos costes y cuantías para el sistema soportado en los peajes en los últimos diez años han supuesto un montante total de más de 103.000 Millones de euros, que se desglosa de la siguiente manera:

  • Transporte y distribución: 65. 000 MM€
  • Costes extrapeninsulares: 12.000 MM€ 
  • Intereses del Déficit de tarifa: 22.000 MM€
  • Interrumpibilidad: 3.000 MM€ 
  • Otros: 1.400 MM€ 

El otro 50% de la composición del precio de la luz viene dado por la sorprendente configuración que el Gobierno autoriza para determinar el precio diario del MWh, que consiste en retribuir a todas las tecnologías que entran para el suministro de energía de cada día, tomando como referencia el precio de generación de la tecnología de generación más cara que vaya a ser utilizada para satisfacer la demanda prevista; por poca que haya sido precisa utilizar, es la que establece el precio para el resto de MWh. Un sistema que ha engrosado el llamado déficit de tarifa tal y como se señala desde hace años desde la propia Unión Europea y que, según el Informe realizado por Jorge Fabra, el que fuera Presidente de Red Eléctrica Española y Consejero de la Comisión Nacional de la Energía, donde se explica que con este sistema “los precios percibidos por las centrales nucleares se sitúan entre un 180 y un 227% por encima de sus costes remanentes. En el caso de las centrales hidroeléctricas los precios percibidos se sitúan por encima de sus costes remanentes entre un 480 y un 600 %”.

Los artífices últimos de este catastrófico escenario, los hermanos Nadal y el Presidente Rajoy, habrán de buscar explicaciones para eludir sus responsabilidades y, como ya es costumbre en ellos, señalarán al cielo, por la falta de lluvias, y a las energías renovables, a las que atribuyen todos los males del sistema para, posteriormente, como si nada tuviera que ver con lo anterior, declararse partidarios de estas tecnologías y reconocer sus bondades a la hora de minorar el precio de la energía en España, puesto que agua, viento y sol, son los agentes que, realmente, están aliviando la factura eléctrica de los españoles.

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