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¿Por qué las empresas españolas de energía contaminante no cumplen todas las leyes?

5-9-17
Carlos Mateu
1441 Lectores
¿Por qué las empresas españolas de energía contaminante no cumplen todas las leyes?
ANPIER reclama que las empresas de energía sean obligadas a recoger en su publicidad información sobre emisiones de gases y residuos radiactivos que generan.

Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ha solicitado formalmente a la Administración que regule, en los términos reglamentarios que exige la Ley General de Publicidad, los mensajes publicitarios y los patrocinios de las empresas del sector energético, de tal manera que los consumidores puedan conocer las emisiones de gases de efecto invernadero que emiten dichas entidades así como los residuos radioactivos que generan.

La Ley 34/1988 General de Publicidad, en su artículo 3, considera que es ilícita la publicidad que vulnere los derechos reconocidos en la Constitución y, más concretamente, en su artículo 5, expresa que la publicidad de productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o seguridad de las personas, podrá ser regulada por sus normas especiales y que dicho régimen podrá asimismo establecerse cuando la protección de los valores y derechos constitucionalmente reconocidos así lo requieran.

La propia Constitución Española recoge como derecho fundamental, en su artículo 45, el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”, para lo cual ordena que “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. En esta línea, la Carta Magna, abunda en su artículo 51: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.

Considerando que, además, la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, en su artículo 18, considera como comunicaciones comerciales prohibidas en cualquiera de sus formas “la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud” y que: “Está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para el medio ambiente”.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martinez-Aroca, se ha dirigido formalmente al Gobierno para expresarle que: “Siendo una evidencia científicamente constatada que determinadas fuentes de generación de energía suponen un riesgo para la salud de todos los españoles y para nuestro medio ambiente, contemplando casi como una costumbre convivir con publicidades y patrocinios que, lejos de recoger estos riesgos, buscan trasladar a la sociedad una imagen de sostenibilidad engañosa. En aras de la transparencia y la promoción de valores saludables y consumos responsables: solicitamos se impulsen las normas que fueran precisas para regular la publicidad y los patrocinios de todas aquellas empresas de servicios de suministro energético que generen emisiones y/o residuos dañinos para la salud y el medio ambiente”.

En este sentido, la propia Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, dispone esta posibilidad, que ha de desarrollarse, como se ha hecho en otros ámbitos, a través de disposiciones reglamentarias que obligue a estas empresas a que, como dice la propia norma: “en la publicidad de estos productos se recojan los riesgos derivados, en su caso, de la utilización normal de los mismos”.

El escrito, firmado por Martínez-Aroca, se ha dirigido a: Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno de España; Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, ministro de Educación, Cultura y Deporte; Dolors Montserrat Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Álvaro Nadal Belda, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital; Francisco M. Fernández Marugán, defensor del pueblo; José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; así como a los líderes de las principales fuerzas políticas del Estado: Pedro Sánchez Pérez-Castejón, secretario general del Partido Socialista Obrero Español; Pablo Iglesias Turrión, secretario general de Podemos; Albert Rivera Díaz, presidente de Ciudadanos.

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