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Javier García Breva
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La demanda de rehabilitación requiere más apoyo financiero.

El balance del programa PAREER CRECE de ayudas a la rehabilitación energética de edificios, gestionado por el IDAE, ha puesto de manifiesto la existencia de una fuerte demanda de rehabilitación.


El programa se ha cerrado ocho meses antes de lo previsto al agotar el presupuesto de 200 millones de euros con que se dotó. Son más de 2.200 las solicitudes tramitadas que han generado una inversión de 454 millones de euros, quedando 67 millones de ayudas a proyectos en lista de espera para futuras convocatorias.

Más del 80% de las solicitudes han sido de comunidades de vecinos para actuaciones de mejora de la envolvente térmica. Pero la demanda es mayor si se tiene en cuenta que la tasa de rehabilitación del sector terciario es más elevada que la del residencial y que se ejecuta, en gran parte, con recursos propios. El terciario ha introducido la calificación energética en el posicionamiento de sus edificios en el mercado y requiere un tratamiento específico en el actual marco de ayudas.

La demanda es mayor aún si se tiene en cuenta que la rehabilitación en las administraciones públicas está casi paralizada, pendiente de que Bruselas modifique el criterio para que las inversiones en eficiencia no computen como déficit público. Se podría cumplir así la obligación de la Directiva de eficiencia energética para que la administración rehabilite cada año el 3% de la superficie de sus edificios.

A la evidencia de la fuerte demanda de rehabilitación debería corresponder un incremento de los apoyos financieros, orientados a la maduración del mercado y a extender los beneficios de la eficiencia energética al conjunto de los consumidores por su potencial de creación de empleo de calidad, ahorro de costes energéticos, sostenibilidad ambiental, integración de tecnologías inteligentes y renovables y actividad empresarial innovadora.

Los excelentes resultados del PAREER CRECE han coincidido con las conclusiones del proyecto europeo Zebra 2020 que ha evaluado el impacto de la certificación energética de edificios. Tanto para la mayoría de profesionales inmobiliarios como compradores o arrendadores, no se vincula la certificación energética con la mejora de la eficiencia energética. Es más grave en la vivienda de nueva construcción. Más del 61% en 2015 obtuvieron la letra D, E, F o G, cuando la letra mínima en España es la C y la A o B en Europa.

A la luz de estos datos y de la obligación a partir de 2020 de que la nueva edificación y la rehabilitada sea de consumo de energía casi nulo (2018 para los edificios públicos), se desprende la urgencia de romper las barreras que impiden el desarrollo del mercado de rehabilitación con las siguientes medidas:

  1. Una regulación que de más peso a la energía consumida sobre la contratada en la facturación eléctrica para hacer viables los contratos de servicios energéticos.
  2. Los Ayuntamientos han de ejercer sus competencias para incluir la alta eficiencia energética en sus ordenanzas fiscales y de edificación y en los instrumentos de ordenación del territorio. Los Ayuntamientos deben determinar las condiciones energéticas de los edificios.
  3. Incorporar una escala en los impuestos sobre edificios, como el IBI, que incentive el ahorro de energía y emisiones. El mercado ha de valorar la diferencia entre la calificación energética A y G a través de la fiscalidad.
  4. Control riguroso por las Comunidades Autónomas del régimen de registro, inspecciones y sanciones de las certificaciones energéticas, de acuerdo con la Ley 8/2013 de rehabilitación y el texto refundido del RDL 7/2015. Los Ayuntamientos han de establecer el ámbito de la obligatoriedad de la certificación energética y las actuaciones de mejora.
  5. Incrementar los recursos destinados a rehabilitación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética mediante el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, fondos FEDER y los Presupuestos Generales del Estado, tal como establece la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética y la Ley 18/2014.
  6. La función ejemplarizante de las administraciones públicas debe concretarse en estrategias de colaboración público-privada de rehabilitación y en el ejercicio pleno de las competencias que ostentan las administraciones locales. Los proyectos de Desarrollo Urbano Integrado y Sostenible (DUIS) son una oportunidad para aplicar los fondos europeos a la rehabilitación a escala de ciudad.
La demanda de rehabilitación detectada en el PAREER CRECE debería impulsar una mayor disponibilidad de recursos, tanto para residencial como terciario. Las administraciones públicas están obligadas a realizar un balance de los beneficios que la eficiencia energética aporta a la sociedad. La mejora de la calidad de vida y de la competitividad no depende del derroche de recursos energéticos sino de cómo se determine su uso más racional.
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