El balance del programa PAREER CRECE de ayudas a la rehabilitación energética de edificios, gestionado por el IDAE, ha puesto de manifiesto la existencia de una fuerte demanda de rehabilitación.
El programa se ha cerrado ocho meses antes de lo previsto al agotar el presupuesto de 200 millones de euros con que se dotó. Son más de 2.200 las solicitudes tramitadas que han generado una inversión de 454 millones de euros, quedando 67 millones de ayudas a proyectos en lista de espera para futuras convocatorias.
Más del 80% de las solicitudes han sido de comunidades de vecinos para actuaciones de mejora de la envolvente térmica. Pero la demanda es mayor si se tiene en cuenta que la tasa de rehabilitación del sector terciario es más elevada que la del residencial y que se ejecuta, en gran parte, con recursos propios. El terciario ha introducido la calificación energética en el posicionamiento de sus edificios en el mercado y requiere un tratamiento específico en el actual marco de ayudas.
La demanda es mayor aún si se tiene en cuenta que la rehabilitación en las administraciones públicas está casi paralizada, pendiente de que Bruselas modifique el criterio para que las inversiones en eficiencia no computen como déficit público. Se podría cumplir así la obligación de la Directiva de eficiencia energética para que la administración rehabilite cada año el 3% de la superficie de sus edificios.
A la evidencia de la fuerte demanda de rehabilitación debería corresponder un incremento de los apoyos financieros, orientados a la maduración del mercado y a extender los beneficios de la eficiencia energética al conjunto de los consumidores por su potencial de creación de empleo de calidad, ahorro de costes energéticos, sostenibilidad ambiental, integración de tecnologías inteligentes y renovables y actividad empresarial innovadora.
Los excelentes resultados del PAREER CRECE han coincidido con las conclusiones del proyecto europeo Zebra 2020 que ha evaluado el impacto de la certificación energética de edificios. Tanto para la mayoría de profesionales inmobiliarios como compradores o arrendadores, no se vincula la certificación energética con la mejora de la eficiencia energética. Es más grave en la vivienda de nueva construcción. Más del 61% en 2015 obtuvieron la letra D, E, F o G, cuando la letra mínima en España es la C y la A o B en Europa.
A la luz de estos datos y de la obligación a partir de 2020 de que la nueva edificación y la rehabilitada sea de consumo de energía casi nulo (2018 para los edificios públicos), se desprende la urgencia de romper las barreras que impiden el desarrollo del mercado de rehabilitación con las siguientes medidas:
Nos preocupa la actual agenda de transición energética que, lejos de responder a las actuales urgencias, profundiza en los mismos mecanismos que nos han llevado a esta crisis ecológica y social. El manifiesto está disponible en la web para firmar.
La nueva directiva, aprobada el 12 de marzo afecta a todos los Estados Miembros de la UE, que están obligados a incorporar sus disposiciones en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo máximo de 24 meses.