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El Decreto de autoconsumo fotovoltaico está repleto de trabas, es discriminatorio y prohíbe el balance neto.

11-12-15
Carlos Mateu
3105 Lectores
El Decreto de autoconsumo fotovoltaico está repleto de trabas, es discriminatorio y prohíbe el balance neto.
El Gobierno, a diferencia del 100% de los Países con autoconsumo, se ha dedicado a poner una serie de trabas para que a nadie le salga a cuenta la autogeneración de energía.

El Gobierno, tras múltiples y sucesivos absurdos borradores de Decretos, sigue imponiendo un peaje al sol, aunque ya no es el peaje de respaldo del anterior borrador del Decreto de julio de 2013; sigue siendo una traba económica que hace inviable el autoconsumo y además lo ha incrementado en el caso de los domésticos en un 13 % y en el sector servicios y pymes en un cien por cien.

El Decreto  de autoconsumo es discriminatorio con respecto al resto de consumidores, así como respecto de otras medidas de ahorro y eficiencia energética, como la cogeneración o la utilización de electrodomésticos eficientes.

Ya se lo decía la Comisión Nacional de la Energía, que el establecimiento de un peaje de respaldo únicamente a los consumidores acogidos a las modalidades de autoconsumo supone un trato discriminatorio con el resto de consumidores. Pero el Gobierno como si oye llover… Tan sólo le interesa la â€Å“no pérdida” de los beneficios económicos de sus amos, los Sres. de UNESA.

Un consumidor doméstico que consuma electricidad de la red paga hoy 44 euros megavatio/hora de peajes más su contribución a través de la parte fija del recibo. Si lo hiciera con su propio panel fotovoltaico, el Gobierno pretende cobrarle 49 euros megavatio/hora de cargos, además de, por supuesto, mantener la parte fija inalterada. La diferencia se quiere explicar por los llamados servicios de ajuste del sistema, que no son sino diferentes modalidades de pago a centrales de generación convencionales.

Es retroactiva; las instalaciones ya regularizadas por las comunidades autónomas entrarían en la ilegalidad si no se adaptan, y vuelven a poner en evidencia la discrecionalidad y falta de seguridad jurídica de la reforma energética y el habitual menosprecio del Partido Popular a la capacidad normativa reconocida en la constitución de las comunidades autónomas. Mantienen multas de hasta 60 millones para las instalaciones que no se regularicen con la nueva normativa, que llegan a ser el doble de las previstas para los escapes nucleares y hasta 260 veces más que la prevista para negligencias que provoquen un accidente aéreo. No solo no permite el balance neto, la energía excedentaria se regala a la compañía, sino que además hace viable las instalaciones con acumuladores y baterías.

La gran mayoría de países con regulaciones de autoconsumo introducen el concepto de balance neto para uso eficiente de la red eléctrica. Estados Unidos, Canadá, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, China, Dinamarca, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, México, Suiza, Holanda o Gran Bretaña ya cuentan con sistemas en este sentido. Además, carga a las familias que sufren pobreza energética, porque de instalar equipos para la autoprotección los expulsa de beneficiarse del bono social o del precio voluntario al pequeño consumidor, aparte de farragosos trámites administrativos y económicamente desincentivadores. Se da la circunstancia de que para Canarias y Baleares, territorios extrapeninsulares, el coste del suministro eléctrico es especialmente elevado: 148 megavarios/hora en Canarias, 139 en Baleares, lo que supone un incremento en la factura eléctrica del total de consumidores del país de unos 1.800 millones de euros. El propio texto reconoce la idoneidad de las instalaciones de autoconsumo, ya que la autogeneración es notablemente más económica que el transporte de energía desde la Península. Sin embargo, sin ningún razonamiento ni lógica, solo exime a los autoconsumidores de dichos territorios del pago del impuesto al sol hasta 2020, un periodo insuficiente para amortizar la instalación de un sistema fotovoltaico de alto consumo.

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