SueloSolar
21-6-2015
Carlos Mateu
2880 Lectores
¿Va a quedar la injusta e ilegal retroactividad fotovoltaica sin castigo?

Ante las numerosas preguntas que casi a diario recibimos de la situación jurídica que padecen los productores fotovoltaicos, la respuesta que desde Suelo Solar ofrecemos es la que conocemos sobradamente en Europa. ¿pero...cuál es esta?


La serie de medidas establecidas de manera retroactiva por parte del Gobierno español y algunos gobiernos regionales durante los últimos años contra las energías renovables "la reducción de entre un 30 y un 50 % de los años con tarifa regulada para la tecnología fotovoltaica, la limitación drástica del máximo de horas anuales con tarifa regulada para la tecnología fotovoltaica, la moratoria a las renovables, el impuesto del 7 % sobre las tarifas reguladas o el fin de la actualización de las tarifas reguladas a las renovables con el IPC real" afectan a miles de pequeños inversores privados que invirtieron sus ahorros en instalaciones fotovoltaicas confiando en el marco regulatorio creado por los anteriores Gobiernos.

El Gobierno español aprobó en 2010 el Real Decreto 15665/2010 y el Real Decreto-Ley 14/2010, que establecen una serie de medidas con carácter retroactivo y suponen la imposición de importantes y gravosas obligaciones a los titulares e inversores de instalaciones fotovoltaicas. Esta acción provoca el inmediato incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE por el agravio comparativo que ha supuesto con respecto a otros ciudadanos de la Unión y por la flagrante vulneración de principios constitucionales y europeos de seguridad jurídica, de confianza legítima e incluso de legalidad.

El Gobierno español estaría así incumpliendo la obligación de prestar un trato equitativo y justo, que se recoge en el artículo 10 del Tratado de la Carta de la Energía. Sin embargo, como la mayoría de los inversores afectados son de nacionalidad española, no pueden acudir al mecanismo arbitral presente en el TCE, lo que implica una discriminación inversa.

Asimismo, determinadas medidas adoptadas en relación con las instalaciones fotovoltaicas pueden tener dicho carácter expropiatorio a los efectos del TCE; por ejemplo, haberse suprimido el derecho de los productores fotovoltaicos a la tarifa regulada, por un lado, una vez alcanzado el límite de horas impuesto, y, por otro lado, a partir de cierto año, sin que se hayan cumplido los requisitos formales establecidos al efecto y sin que medie pago de indemnización alguna.

Todas estas medidas retroacticas suponen además un riesgo real para el sistema bancario español, ya que muchos de estos inversores privados avalaron sus inversiones con sus propias viviendas a través de créditos hipotecarios que ahora no pueden asumir debido a los recortes retroactivos arriba mencionados.

Estamos hablando de préstamos emitidos por un volumen total de alrededor de 30 mil millones de euros (20 mil millones de euros para inversiones PV, 10 mil millones de euros para plantas CSP) financiados 2/3 por bancos españoles y 1/3 por bancos extranjeros.

La Comisión Europea esta avisada del impacto financiero de esta batería de medidas retroactivas tanto para los pequeños inversores en FV como para los bancos que financiaron los créditos para dichas inversiones, pero hasta la fecha no ha articulado un gesto tendente a restablecer la seguridad jurídica a favor de los inversores nacionales y extranjeros.

En esta línea la Comisión Europea no0 tiene pensado emprender ninguna medida para impedir la quiebra de esos pequeños inversores en FV en España y, por ende, para prevenir un segundo rescate bancario español.

La respuesta que desde Europa se da es la siguiente:

"La Comisión está al corriente de la relación entre los cambios en el régimen español de ayudas a la energía fotovoltaica, los ingresos para los productores de energía fotovoltaica y la exposición de los bancos españoles a este sector.

En las recomendaciones específicas por país de 2012 y 2013 dirigidas a España, el Consejo señala los complejos desafíos para España en el sector de la energía, incluida la necesidad de abordar el alto déficit tarifario del sector eléctrico. El déficit supone un considerable pasivo contingente para el presupuesto, los hogares y las empresas, además de entrañar un riesgo macroeconómico nada desdeñable. En los últimos años, el crecimiento muy elevado de las ayudas a las fuentes de energía renovables (casi el 1 % del PIB en 2013, según los datos disponibles), ha contribuido a aumentar ese déficit, que debe ahora solucionarse de forma estructural y global, de modo que las ayudas a la
producción de energías renovables sean rentables y aporten a las instalaciones de energía renovable una tasa de rentabilidad razonable."

Cómo todos podemos adivinar... esta respuesta tiene el sello típico del funcionario del Ministerio de Industria que ocupa un sillón en el Paseo de la Castellana 167 de Madrid. Nadie en su sano juicio puede llegar a pensar que esta respuesta ha sido efectuada por la Comisión Europea. Cuenta con los tintes absurdos y falaces típicos de la política energética española.

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