SueloSolar
29-1-2015
Carlos Mateu
2530 Lectores
Para seguir siendo inversor en energía solar fotovoltaica en España hay que saber "hasta latín".

ANPIER denuncia la complejidad normativa y técnica impuesta para expulsar a las familias productoras del sistema asfixiar las instalaciones existentes y disuadir las potenciales iniciativas.


A los drásticos recortes a la fotovoltaica se suman unos imperativos en la gestión inasumibles para los particulares.

Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, denuncia la complejidad normativa y técnica impuesta por el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, responsable del nuevo marco legal y técnico al que quedan sujetas las instalaciones fotovoltaicas españolas tras la reciente reforma del sector eléctrico.

El mecanismo de retribución de las instalaciones renovables resultaba muy sencillo en sus inicios, los Reales Decretos que los diferentes Gobiernos aprobaron (2004, 2007 y 2008) para captar el ahorro ciudadano y promover el desarrollo y la producción de energía solar fotovoltaica, compensaban cada kilowatio producido con una cantidad que permitiera alcanzar las diferentes rentabilidades razonables que se establecieron en cada norma. Sin embargo, al rosario de recortes retroactivos que sufre el colectivo fotovoltaico, que ha causado mermas de hasta el 50% de estas rentabilidades ofrecidas por el Estado, con la aprobación del RD 413/2014 se suman, al colapso financiero, diferentes trabas de orden técnico y fiscal, que dificultad extraordinariamente la gestión y la viabilidad técnica de las instalaciones.

Los pequeños productores, que fueron atraídos por el Estado hacía este sector por la bondad social y medioambiental que aportan estas energías, así como por la garantía y seguridad que ofrecían dichas inversiones y la sencillez en la gestión de estos activos, se encuentran inmersos en una maraña de disposiciones, procedimientos y condicionantes, que disuaden a nuevas iniciativas empresariales particulares y agotan las capacidades de los que operan con modestia en este sector, del que ahora se les pretende expulsar por asfixia económica y requerimientos desproporcionados en la gestión.

Anpier, la asociación que representa a este colectivo de 62.000 familias productoras, comprometida con la permanencia del mayor número de instalaciones, y a la espera de un nuevo marco que restituya la seguridad jurídica en el país, pretende contribuir a allanar las trabas técnicas sobrevenidas y promover una cultura energética que aproxime la energía al pequeño productor y al ciudadano.

Con la iniciativa "Promueve la cultura energética", Anpier aspira a erradicar la base de todo abuso, el desconocimiento, para ello, esta entidad desplegará a lo largo de 2015 diferentes iniciativas que permitan conocer los detalles oscuros de un sector que se que debería de ser más transparente y cercano al ciudadano. El próximo martes, 3 de febrero, se celebrará en Madrid (Hotel Melia Galgos, Calle de Claudio Coello, 139, 28006 Madrid) una jornada sectorial a la que acudirán diferentes expertos en la materia y que será introducida por el economista Jose Carlos Díez. La clausura del acto correrá a cargo de Carlos Martínez Gorriarán, Diputado y Responsable de Programa y Acción Política de UPyD.

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