Los consumidores energéticos, tratan hoy día de procurar un ahorro en la cada vez más elevada factura energética, un respeto medioambiental y una reducción en el uso y gestión de la energía.
Para una correcta gestión energética en una vivienda es necesario conocer los aspectos que determinan cuáles son los elementos más importantes a la hora de lograr la optimización energética, conocimiento que permita un mejor aprovechamiento de los recursos y un ahorro en el consumo y, por consiguiente, en la factura.
De la diversidad de Instalaciones que pueden acoger las viviendas, así como de su uso depende el suministro de energía.
La aplicación que más consumo de energía concentra es la eléctrica y, en el caso de calefacciones centrales, gasoil o gas natural. También en ocasiones el agua caliente sanitaria depende de la comunidad, aunque esto es menos habitual.
El consumo de energía como una variable más dentro de la gestión de una vienda ya sea unifamiliar o integrante de una Comunidad de Propietarios adquiere relevancia cuando de esa gestión se pueden obtener ventajas que se traducen directamente en ahorros reflejados en las cuentas de la vivienda o en la de Comunidad de vecinos y, por consiguiente, en la posibilidad de invertir en mejoras que beneficien a todos los vecinos.
Se han de contemplar tres aspectos fundamentales que permiten optimizar el coste de la energía y, por lo tanto, maximizar el beneficio: la optimización de la tarifa, la revisión de los contratos de la energía, y la implantación de energías renovables en nuestros tejados como espacios ociosos que son.
Sin lugar a dudas es necesario:
- optimizar las instalaciones energéticas.
- analizar las instalaciones.
- detectar puntos de mejora.
- establecer planes de mejora, y
Nos preocupa la actual agenda de transición energética que, lejos de responder a las actuales urgencias, profundiza en los mismos mecanismos que nos han llevado a esta crisis ecológica y social. El manifiesto está disponible en la web para firmar.
La nueva directiva, aprobada el 12 de marzo afecta a todos los Estados Miembros de la UE, que están obligados a incorporar sus disposiciones en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo máximo de 24 meses.