Los municipios españoles, a diferencia del Gobierno, quieren fomentar las energías renovables y la eficiencia energética.

Aunque en la práctica el desarrollo de energías renovables y de la eficiencia energética brilla por su ausencia hemos de afirmar que en el terreno legislativo se han venido produciendo importantes novedades legislativas que avanzan en la profundización y concienciación política e institucional de la necesidad de adoptar medidas concretas en la lucha contra el cambio climático.

En esta linea podemos destacar recientes disposiciones que se han venido aprobando o aplicando en los dos últimos años, tales como la Directiva 2012/27/UE del Consejo y del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, la Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano o el Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible.

En el ámbito estatal, y derivado de la crisis económica y el paro estructural que ha afectado fundamentalmente al sector de la construcción, el regulador viene centrando su actuación normativa más reciente en materias relacionadas con la eficiencia energética en edificación.

En España existen aproximadamente 13.759.266 viviendas edificadas (el 55% del total) antes del año 1980 y casi el 21 % (5.226.133) cuentan con más de 50 años, lo que ha llevado necesariamente a incidir más en la conservación de los edificios existentes que en el diseño de las nuevas edificaciones, donde existen soluciones arquitectónicas eficientes y sostenibles ampliamente contrastadas

Ello ha llevado a establecer modificaciones legales en materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, como el establecimiento del Informe del Edificio, con el fin de dar un mayor recorrido a la Inspección Técnica de Edificios.

Igualmente, después de la trasposición al derecho interno de la figura del Certificado de Eficiencia Energética, mediante Real Decreto 235/2013 algunos ayuntamientos estan optando por recoger expresamente esta obligación para edificios de nueva construcción, edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público, y edificios donde se realicen obras de rehabilitación integral, reforma o adecuación funcional general.

Muchos municipios españoles, por coherencia normativa, estan apostando por dar un mayor recorrido al conjunto de materias relacionadas con la lucha contra el cambio climático y el ahorro gracias a las renovables. Esta autoexigencia es consecuencia lógica del compromiso institucional derivado del Plan de Emisiones 0, el cuál establece objetivos y líneas de actuación concretas para ir reduciendo el volumen de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero en el largo plazo, y conseguir un balance neutro para el año 2030.

Si en un primer momento el ámbito edificatorio era el protagonista a todos los efectos en la referida Ordenanza Reguladora de Eficiencia Energética y de las Energías Renovables, la necesidad de un enfoque global en la lucha contra el cambio climático ha hecho preferible incidir también en otros aspecto como la movilidad, el alumbrado público, el desarrollo urbano sostenible, las zonas verdes y parques públicos, o determinadas disposiciones que buscan dar un mayor recorrido a la posibilidad de implantación de energías renovables complementarias a la ya clásica apuesta municipal por la solar fotovoltaica, tanto en edificios de nueva planta y viviendas unifamiliares, como en actuaciones de rehabilitación, donde las consideraciones exclusivamente constructivas van cediendo espacio a favor de una mayor preponderancia de los aspectos relacionados con la reducción del consumo energético o la accesibilidad.

Con el fin de regular las materias más significativas que afectan al impacto del desarrollo y la actividad del municipio en el entorno natural en que se encuentra indisolublemente ubicado, muchos municipios están utilizando como referencia la Guía para el Desarrollo de Normativa Local en la Lucha contra el Cambio Climático, elaborada por la Red Española de Ciudades por el Clima que se constituye como la Sección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que aglutina a las ciudades y pueblos comprometidos con el desarrollo sostenible y la protección del clima.