España, - la cigarra europea en energías renovables-, es incapaz de seguir los designios y objetivos marcados por la Unión Europea.La ya demostrada, consensuada, consagrada, y permitida corrupción política se lo impide.
La política de cohesión de la Unión Europea para el período comprendido entre 2007-2013 tiene como objetivo prioritario conseguir un desarrollo económico y social equilibrado del territorio apoyado en un mayor crecimiento sostenible de las regiones y la creación de más puestos de trabajo y de mejor calidad, tal y como queda recogido en el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE) y al Fondo de Cohesión.
De este modo se trata de fomentar un modelo de desarrollo sostenible que tenga como objetivo prioritario la cohesión económica y social apoyándose en un crecimiento con una clara dimensión social y ambiental.
Así, con el fin de aumentar el valor añadido de esta política, sus objetivos se han concentrado en los tres siguientes:
1) Convergencia,
2) Competitividad Regional y Empleo y
3) Cooperación Territorial Europea.
En este sentido, el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1080/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dispone que este Fondo, con arreglo al objetivo de Convergencia, centrará sus intervenciones en apoyar el desarrollo económico sostenible e integrado, a nivel regional y local, y el empleo, mediante la movilización y mejora de la capacidad endógena a través de programas operativos de modernización y diversificación de las estructuras económicas y preservación de empleo sostenible.
Asimismo, se establece en el precitado artículo que para lograr dicho objetivo deberá atenderse fundamentalmente a una serie de prioridades, entre las que se encuentra la de apoyar inversiones en energía encaminadas a la mejora de la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables.
10.500 millones están en riesgo de perderse, 60 proyectos eólicos y 3.000 MW de potencia están judicializados.
Los agentes podrán indicar en qué nudos están interesados, con qué tecnología quieren concursar, si son proyectos de nueva creación o ampliaciones, o si son de I+D+i o hibridados, entre otros elementos.