SueloSolar
8-9-2017
Carlos Mateu
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ANPIER recorrerá todas las comunidades autónomas en su III edición del camino del sol.

Anpier ha creado una aplicación que permitirá visualizar el potencial generador fotovoltaico de los municipios de hasta 100.000 habitantes.


npier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, inicia el próximo día 13 de septiembre en Madrid su lll edición del Camino del Sol, para exigir por toda la geografía española: Sol y Justicia.

Con el eslogan “Las familias queremos participar en la producción de energía” esta asociación recorrerá toda España, los productores fotovoltaicos visitarán todas las Comunidades Autónomas del Estado, con 27 actos programados, para trasladar a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los políticos y a los responsables de todas las Administraciones autonómicas, las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse todos y cada uno de ellos.

El cierre de este intenso y exigente periplo tendrá lugar el sábado 21 de octubre en Navarra, con un congreso que congregará, como en las ediciones pasadas, a más de 1.000 productores de toda España, en esta ocasión en Pamplona. Al acto de cierre del III Camino del Sol asistirán representantes de las principales fuerzas políticas del Estado y distintas personalidades de ámbitos tales como el Derecho, la Economía, la Ciencia y los medios de comunicación.

Anpier promoverá en esta edición el impulso de la generación renovable y social de la energía, reclamando un papel activo para los ciudadanos, algo que sólo será posible si un nuevo marco normativo lo permite, puesto que las restricciones legales actuales bloquean el acceso de los españoles a la generación en cualquiera de sus modalidades: bien a través del autoconsumo, bien mediante parques sociales que proporcionen energía a la red general.

Anpier trasladará en todas sus intervenciones la importancia de iniciar un cambio de modelo energético, pero ya no sólo en lo referente a las tecnologías de generación, dejando atrás aquellas que contaminan o son una grave amenaza para el planeta y la sociedad, como gas, petróleo o nuclear; sino también en lo que respecta a la propiedad de las instalaciones, ahora concentradas en unas pocas empresas en régimen de oligopolio, y que deberían estar abiertas a la participación de Pymes, autónomos y particulares, para que los españoles tengan, como en los países avanzados del mundo, el derecho a autoconsumir energía y a participar del mercado energético a través de parques fotovoltaicos sociales, que redistribuyan los ingresos del sistema eléctrico y beneficien a las economías locales.

En este sentido, ANPIER ha desarrollado una aplicación, en la Web del Camino de Sol (www.caminodelsol.org), que permitirá visualizar el potencial generador de energía fotovoltaica y los beneficios económicos, que lograrían los municipios de hasta 100.000 de las Comunidades Autónomas por las que vaya transcurriendo el Camino del Sol: ahorros posibles por autoconsumo, ahorros municipales e incluso los ingresos que podría obtener cada localidad a través de proyectos sociales de generación.

Durante este Camino del Sol 2017 se escuchará la voz de las 62.000 familias españolas que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado, y que ahora ven como este Gobierno sí indemniza a los inversores foráneos.

Anpier alertará también de la gravedad que supone la destrucción del colectivo de las 62.000 familias fotovoltaicas y denunciará que el Gobierno pretende expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado para mantenerlo en modo oligopolístico. Todo articulado por un marco regulatorio insostenible a la vista del primer Laudo Arbitral del Banco Mundial y, previsiblemente, de todos los que se vayan fallando.

El Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto de esta injusticia. Después de que Anpier advirtiera de la elevada posibilidad de que se diera esta circunstancia, tal y como ha ocurrido, a lo que el Defensor respondió: “esta Institución considera que por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países. (…) De lo contrario, el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles) que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance los medios que el TCE habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional. Se daría además la situación paradójica de que los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias” y solicitaba: “Adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.

Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido este primer fondo internacional y que, muy probablemente, alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el CIADI, Banco Mundial. Resulta inaceptable que por una misma situación, el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales.

Anpier ha venido denunciando durante los últimos años el atropello sufrido por los productores fotovoltaicos, que han soportado recortes hasta del 50% de la tarifa regulada que ofreció el Estado, mientras que la banca sí les exigía, como es natural, el pago íntegro de la financiación, lo que supuso que el colectivo debió refinanciar para no perder las garantías personales dadas a las entidades bancaría.

Sin embargo, el Gobierno mantiene la reforma, estigmatizando socialmente a este colectivo para justificar sus arbitrarias decisiones; a pesar de que una instancia internacional, sin ningún tipo de condicionamiento político, ha dictaminado lo que en buena lógica es de justicia: que los acuerdos han de cumplirse o se debe restituir el daño causado, una cuestión que debería realizarse con más motivo cuando se trata de un Estado, que ha de velar por la seguridad jurídica en su territorio, y sobre todo, cuando se trata de familias que actuaron de buena fe, confiando en su Estado, que les llamó a que realizaran este esfuerzo inversor.

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