Las familias serán las más perjudicadas por el nuevo reparto de la financiación del Bono Social que prepara el Gobierno.

El gobierno tiene previsto aprobar antes de fin de año un Real Decreto-Ley sobre la financiación del Bono Social eléctrico que afectará en mayor medida a los hogares y no a los grandes consumidores.

El mes de octubre pasado el Tribunal Supremo sentenció que la financiación del Bono Social de la factura eléctrica no podía recaer exclusivamente sobre las empresas, o grupos de empresas, que actuaban en tres segmentos del sector eléctrico (generación, distribución y comercialización). Eso ha obligado al Ministerio de Energía a reformular la financiación del Bono Social.

Según la propuesta, la cantidad que deberá aportarse para financiar el Bono Social se repartirá en relación al número de contratos existentes y serán todas las comercializadoras de electricidad quienes deberán aportar dinero al fondo proporcionalmente al número de clientes que tengan.

Como cooperativas energéticas que abogamos por una participación ciudadana en el cambio de modelo energético y realizamos como actividad la comercialización de electricidad, queremos alertar que si el reparto se realiza de este modo, serán las familias y hogares quienes  verán repercutido este incremento en mayor medida.

Por ello, hacemos un llamamiento para rectificar la base del cálculo y que éste se base en el volumen de energía comercializada en lugar del número de contratos, con la ventaja de que además se trata de información que ya tiene el Ministerio para calcular las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética que aprobó el anterior Gobierno hace dos años.

Con este cambio en la base del cálculo, se repercutiría de manera más equilibrada la aportación al Bono Social entre grandes consumidores y consumidores domésticos.

En las siguientes tablas se puede ver la diferencia entre repartir la financiación entre los contratos o por MWh (datos aproximados):

Así, la afectación sobre dos tipologías de usuarios distintos se repartiría de la siguiente forma:

Las cooperativas energéticas consideran que la pobreza energética es un problema que les causa una enorme preocupación y que requiere soluciones urgentes y decididas. Ahora bien, deben distribuirse de forma equitativa entre los sujetos afectados, y en este caso, el criterio debe ser la energía que vendan, no los clientes que tengan, igual que sucede en cualquier mercado de bienes, en el que se valora el volumen del negocio según las unidades totales vendidas, sea al cliente que sea, y no sólo por las unidades vendidas a clientes diferentes.

Y nuevamente nos encontramos con una medida que incrementa los costes fijos de los usuarios, y no sobre la componente variable que depende del uso energético que hagamos. Si debemos incrementar de algún modo, creemos firmemente que debe aplicarse sobre el uso para, indirectamente, ser un incentivo para incorporar medidas de eficiencia energética y autoproducción.

De todos modos, cabe realizar algunas preguntas que se plantean igualmente en torno al Bono Social.
¿Debe financiarse a través de la factura eléctrica una ayuda social como ésta?
¿Las políticas industriales deben tener un reflejo en el reparto de los costes del sistema eléctrico español?
¿Por qué solo pueden aplicar la ayuda las comercializadoras del mercado regulado?
¿Los criterios para acceder al Bono Social son los adecuados para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad?
¿El resto de actores del sistema eléctrico (distribución, transporte, etc.) no deberían igualmente aportar a este fondo de ayuda?

Suscriben este comunicado las siguientes cooperativas: EnergÉtica Coop, Solabria, Megara Energía, Som Energia, Econactiva S. Coop CLM y Zencer Energía.